Un presunto violador encarcelado en 2020 queda en libertad a la espera de sentencia

La Audiencia de Girona ha resuelto, antes de dictar sentencia, dejar en libertad provisional al hombre de 28 años que fue juzgado la semana pasada acusado de violar a una joven de 21 años en un parque de Lloret de Mar el 28 de junio de 2020 y que estaba encarcelado desde el 16 de julio de ese año.

El auto de la sección tercera expone que, una vez celebrado el juicio, habiendo deliberado la Sala y hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento, se entiende "que han dejado de estar vigentes los motivos que llevaron a acordar y mantener la medida cautelar acordada en su momento".

Así, se ha acordado la libertad provisional sin ninguna medida cautelar para Bouziak M.E.H., lo que lleva a la defensa, ejercida por el letrado Carles Monguilod, a confiar en que la sentencia, que todavía no se ha hecho pública, será absolutoria.

Los hechos

En la vista oral celebrada el pasado día 11, la víctima declaró que salió de fiesta el 27 de junio con unos amigos y, sobre las 04:00 horas ya del día 28, regresaba sola a su casa desde la zona de la playa cuando la abordó el procesado, a quien no conocía de nada.

La víctima declaró que él la siguió y, en una zona ajardinada, la violó. Así pues, presentó una denuncia al día siguiente, porque en aquel momento se fue a casa de una amiga con "mucho miedo".

Por su parte, el procesado, que declaró sólo a preguntas de su abogado, sostuvo que fueron relaciones consentidas. Según él, se cruzaron por la calle y la vio "animada", empezaron a charlar y bromear hasta que ella le dijo que fuesen a un sitio "más apartado".

Las acusaciones consideraron que había dos pruebas claras de los hechos como son las imágenes de las cámaras de videovigilancia durante el recorrido que hicieron, una primera donde sí se muestra un "tira y afloja" entre los dos protagonistas pero la segunda, momentos después, el procesado "persigue" a la víctima.

El acusado dice ser inocente

Bouziak M.E.H. manifestó que lo que se ve es que estaban "jugando" y, sobre el preservativo con su ADN que se halló en el lugar de los hechos, que no lo habría dejado allí su hubiese cometido una violación.

La fiscalía solicitó para el procesado una pena de nueve años de cárcel y la acusación popular, en nombre del Ayuntamiento de Lloret de Mar, elevó la petición a doce años al apreciar las agravantes de alevosía y de haber buscado un lugar apartado para asegurar la impunidad.

La defensa reclamó la absolución y cuestionó que hubiera pruebas para sustentar una condena, teniendo en cuenta que no se tomó declaración a la amiga a quien la víctima pidió ayuda, ni se aportó la grabación de la llamada al teléfono de emergencias que hizo la víctima.