Tribunales

Piden prisión permanente revisable por el crimen de La Chica Carlota: mataron y enterraron a un hombre en el patio de su casa

Es la primera vez que se solicita esta pena en Córdoba | Engañaron, estafaron y mataron al hombre, que sufría una enfermedad mental

Piden prisión permanente revisable por el crimen de La Chica Carlota: mataron y enterraron a un hombre en el patio de su casa
3
Se lee en minutos
Pilar Cobos

Las acusaciones particulares ejercidas por la familia del hombre presuntamente asesinado en el año 2017 en la aldea La Chica Carlota (Córdoba) han solicitado la prisión permanentemente revisable, además de otras penas de cárcel que suman hasta 17 años, para los presuntos autores de este crimen, un abogado madrileño y otro individuo que ya se encuentra en prisión por estos hechos.

Fuentes judiciales de toda solvencia han indicado a este periódico que se trata de la primera vez que se solicita la aplicación de esta pena en Córdoba. La modificación del Código Penal que entró en vigor en marzo del año 2015 recoge la pena de prisión permanente revisable para los asesinatos especialmente graves, entre los que se incluyen los de menores de 16 años y los de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Se da la circunstancia de que la víctima de La Chica Carlota sufría una enfermedad mental por la que cobraba una pensión por tener una incapacidad permanente absoluta.

La familia es representada por los abogados Aurora Genovés, Carlos Arias y Rosa Catena. Los escritos de conclusiones provisionales a los que ha tenido acceso DIARIO DE CÓRDOBA recogen que el fallecido contactó con el referido abogado para emprender acciones legales por unos supuestos abusos sexuales sufridos en su infancia.

En este sentido, señalan que este letrado, "aprovechándose de dicha situación (la patología de su cliente) y sin tener intención de prestarle servicio jurídico alguno, formalizó encargo profesional con el mismo". También recogen que estableció un plan en el que, con la excusa de emplear un investigador privado para defender mejor sus intereses, puso en contacto a la víctima con el otro acusado, que utilizó una identidad falsa y se hizo pasar por sacerdote. "Y ello, a sabiendas del perfil criminal" de este procesado, a quien había representado en varios procesos penales.

Las calificaciones indican que el objetivo de los procesados fue lucrarse de la víctima, pero después de una primera visita el fallecido contactó con otro abogado diferente, lo que "precipitó los acontecimientos", según recogen estos documentos. Así, apuntan que en septiembre del 2017 el principal acusado acabó con la vida de la víctima "por estrangulación y sofocación, según concluyó posteriormente el informe de autopsia".

Estos escritos relatan las actuaciones posteriores al fallecimiento y recogen, entre otras circunstancias, que el principal procesado fue detenido en Madrid en enero del 2018 tras haberse apoderado, supuestamente, de unos 39.330 euros de una cuenta bancaria y alrededor de 9.000 euros de otra propiedad del difunto. Además, precisan que el segundo encartado "ha participado en los beneficios del fraude". Junto a la muerte de esta persona y el apoderamiento de su dinero, las calificaciones les atribuyen otros delitos como el robo de diversos objetos de su propiedad y la usurpación de su identidad.

Conclusiones

Noticias relacionadas

De este modo, detallan que los hechos constituyen un delito de asesinato con abuso de situación especialmente vulnerable por razón de la incapacidad de la víctima y, alternativamente, un delito de asesinato del artículo 139.4 del Código Penal, por lo que solicitan prisión permanente revisable o 25 años de cárcel. También entienden que se cometió un delito de robo con violencia e intimidación, por el que piden cinco años de cárcel; un delito de tenencia ilícita de armas, por el que reclaman tres años; un delito continuado de usurpación del estado civil, por el que piden tres años, y un delito de estafa por el que piden seis años y/o de hurto por el que solicitan tres años para el principal acusado, quien se enfrenta a penas que suman 17 años, además de la de asesinato.

El abogado, por su parte, se enfrenta, asimismo, a una petición de prisión permanente revisable o 25 años de cárcel por el supuesto asesinato, así como a penas de prisión que suman 12 años por robo con violencia y usurpación del estado civil, todo ello en concepto de cooperador necesario, y por un delito de estafa en cuanto al abuso de la credibilidad profesional. El caso está siendo instruido por el juzgado de Instrucción número 1 de Posadas y los hechos serán juzgados por un tribunal del Jurado.