Dos bebés fueron intercambiadas por error en un hospital de Logroño en 2002

Una mujer de 19 años ha denunciado que fue intercambiada al nacer en 2002 en un hospital de Logroño y que fue entregada a una madre que no era la suya. Por ello, reclama a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja tres millones de euros. Un "intercambio de bebés" que la actual consejera de Salud, Sara Alba, ha considerado un "error humano". En un encuentro informativo, la consejera ha explicado que no se ha podido concluir quién fue el autor de ese error humano dado que "los sistemas de identificación con los que se contaba antes no estaban con tanto detalle como ahora".

Este caso se remonta a 2002, cuando dos niñas nacieron el mismo día en el Hospital San Millán de la capital riojana, que ya no existe. Ambas precisaron estar en incubadora, tras lo que cada una de ellas fue entregada a los padres de la otra, según ha avanzado este martes el diario La Rioja. La ahora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por su supuesta abuela, que consiguió su tutela.  

Una prueba de ADN destapa el caso

En 2017, la abuela interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta, a lo que este se negó aduciendo que no era su hija. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño ordenó entonces una prueba de ADN, que confirmó que el hombre no era el padre biológico. También se constató que esta niña, que entonces tenía 15 años, tampoco tenía una relación genética con la que consideraba su madre, y en 2018 reclamó la averiguación de su identificación con arreglo al principio de veracidad biológica.

Hace tres años falleció la supuesta madre biológica de esta niña y aún se está pendiente de conocer el resultado de la prueba de ADN realizada, en enero pasado, a su supuesto padre biológico.

Además, salió a la luz que el grupo sanguíneo que tenía asignado en su historia clínica era erróneo. "Es algo que afecta al ámbito privado y al orden público porque el registro no puede tener datos inexactos, como tampoco las historias clínicas por la Ley de Salud de La Rioja", ha resaltado el abogado de la demandante, José Saez-Morga.

Este instó a que se le otorgara el beneficio de la mayoría de edad y, con esta condición, se dirigió a la Inspección Médica de la Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud pidiendo su identificación. Inspección abrió una investigación con un abanico de niños que determinó que la confusión sólo podía haberse dado con la otra niña, que nació con cinco horas de diferencia y con la que tiene el grupo sanguíneo cambiado. Otra "anomalía" que se encontró fue el seguimiento del peso, que no cuadraba.

"El Ministerio Fiscal, que vela por el orden público, inició un procedimiento de filiación y, en enero del 2021, la jueza volvió a pedir un nuevo informe genético pero, casi nueve meses después, aún no se tienen las pruebas", ha relatado el abogado. A la vez, el despacho de abogados de la demandante ha iniciado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por daños morales reclamando una indemnización de más de tres millones de euros, frente a los 215.000 euros que ofrece Salud. Esto último está parado a expensas de las pruebas genéticas pendientes en el Juzgado de Familia, algo que Saez-Morga ha creído innecesario cuando hay "hechos elocuentes que demuestran que el cambio se ha producido".

"Daños inconmensurable y de por vida"

Desde la Consejería de Salud, su consejera, Sara Alba, ha reconocido que el intercambio se produjo, y lo ha calificado como un "error humano" de una persona que no se ha logrado identificar, pero ha destacado que se trata de un caso que se produjo "hace dos décadas y que se judicializó la legislatura pasada". No obstante, para Saez-Morga esto último es irrelevante.

El abogado, además, ha indicado que la demanda no es penal ya que consideran que la negligencia no ha sido voluntaria y ha creído que el daño producido a la demandante es "inconmesurable, continuado y de por vida" porque "esta persona no se va a librar nunca del estigma de esta confusión". Se trata de "fortalecer su personalidad económica con la finalidad de que tenga un futuro asegurado" aunque lo ocurrido "no sea reparable".

Ahora, se deben recibir las pruebas genéticas para que la jueza determine quienes son los padres (algo ante lo que ha añadido que se suma que su cliente no ha podido conocer a su madre biológica porque falleció en 2018) para que el expediente de responsabilidad patrimonial se falle con dictamen de los Servicios Jurídicos de Salud y el Consejo Consultivo.

"No puede volver a suceder"

Alba también ha dicho que la actual Consejería está "profundamente volcada en resolver la reclamación patrimonial" y ofrece la "máxima colaboración con la Justicia". "Salud puede garantizar que esta situación no puede volver a suceder" ha asegurado explicando que "los sistemas, entonces, no estaban tan informatizados como ahora y han cambiado los sistemas de identificación".

En detalle, ha indicado que en ese momento la identificación del bebé se hacía con huella digital, que se modificó con plantar. Además, ahora se usa muestra de sangre del cordón umbilical y los procedimientos actuales hacen que "sea prácticamente imposible que algo así un día como hoy volviera a pasar".