El CGPJ exige a Catalá que no cuestione la "profesionalidad" de la Justicia

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han solicitado este lunes en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia de 'La Manada', en las que ha insinuado que "tiene algún problema singular" que "todos" saben. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un tono menos contundente, ha reclamado al miembro del Gobierno que no cuestione la "profesionalidad" de la Justicia. 

"La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial apela a la moderación, prudencia y mesura y  a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad. Parece evidente  que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", señala el organismo encargado de velar por la independencia de los jueces, después de que el ministro haya mostrado su sorpresa por su falta de "actuación" con Ricardo González, el juez que emitió un voto particular en el que abogaba por la absolución de los miembros de ''La Manada'.  

Horas antes, en un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales han considerado que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a su juicio, simplemente se debería limitar a "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", opinan las asociaciones.

Creen que Catalá ha sembrado "públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del juez Ricardo Javier González, que emitió un voto particular discrepante y en contra de la sentencia mayoritaria, que les condenó por abusos sexuales, y no agresión sexual, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

Intereses electorales

El "verdadero peligro", sostienen las asociaciones, es "la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor".

Jueces y Juezas para la Democracia ya pidió el pasado sábado el cese de Catalá por sus "inadmisibles" declaraciones en las que pedía la revisión del voto particular del magistrado por el CGPJ. Una postura a la que ahora se han unido el resto de asociaciones.

Catalá, que fue reprobado por el Congreso el año pasado, ha manifestado esta mañana en declaraciones a COPE su sorpresa por que el Consejo General del Poder Judicial no haya actuado "preventivamente" contra este magistrado que, ha dicho, tiene "algunos expedientes ya abiertos".

Poco después, el CGPJ ha informado de que Ricardo Javier González fue sancionado por el órgano de gobierno de los jueces en julio de 2001 por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones.