Esclavos del tercer mundo en Barcelona

Por la mañana desayunas en un bar del Eixample que pertenecía a un matrimonio gallego y ahora funciona gracias a una mujer china que hace en solitario el mismo trabajo que antes requería el esfuerzo de dos personas. Al mediodía la joven de Filipinas que te arregla las uñas en un centro de estética de Sants te cuenta que ella, a pesar de sus 20 y pocos años, ya tiene dos hijos a los que no ve porque siguen residiendo en su país de origen. Por la tarde vas a ver cómo siguen las reformas de tu futuro piso en Les Corts y encuentras a trabajadores de Bangladesh durmiendo en el suelo. Y para ver la prórroga del Italia-Inglaterra bajas a comprar un par de latas de cerveza al badulaque de Gràcia que sigue abierto un domingo a las once de la noche y quien te las vende es un pakistaní que seguirá ahí al día siguiente, lunes, cuando pases frente al negocio a las nueve de la mañana. Sin salir de Barcelona, y sin saberlo –o sin querer saberlo­–, tu dinero puede haber terminado en el bolsillo de organizaciones que, en el mejor de los casos, vulneran los derechos de los trabajadores. Y en el peor, trafican con seres humanos.

Los Mossos d’Esquadra liberaron recientemente a diez chinos que una mafia mantenía esclavizados produciendo marihuana en naves industriales. Tan aislados del resto del mundo estaban estas víctimas que no habían oído hablar del coronavirus. Es un caso extremo que llama la atención más que los citados más arriba. "Los ciudadanos ya ven que hay cosas anómalas pero ignoran hasta qué punto pueden estar frente a una persona explotada o tratada", remarcan fuentes policiales. La realidad, sin embargo, es que la misma pandemia mundial que ignoraban los chinos forzados a cultivar cannabis puede convertirse, según la Policía Nacional, los propios Mossos o Sicar –una organización humanitaria que cobija a las personas tratadas–, en un peligroso aliciente para que 'emprendedores' escasos de escrúpulos exploten a trabajadores o, directamente, contacten con mafias que trafican con personas y capear con este recurso la crisis económica. Sobre todo en trabajos que se desempeñan lejos del ojo público, como la construcción, el campo o las tareas del hogar.

Es una tendencia que, de confirmarse, sería dañina para todos: para los propios empleados –esclavos contemporáneos–, para los empresarios que respetan los derechos de los trabajadores –no pueden competir con quienes no lo hacen– y para la sociedad –que vería como gana peso un modelo productivo que empobrece el entorno porque funciona total o parcialmente con dinero negro–. “Es una competencia desleal, los costes que afronta un empresario normal, y que esquivan quienes recurren a la mano de obra explotada, hacen imposible que los primeros puedan sobrevivir”, explican desde la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans de los Mossos.

La Policía Nacional desarticuló hace pocas semanas en la operación ‘Fasat' un entramado pakistaní que en poco tiempo había logrado abrir 14 franquicias de una cadena de supermercados en diversas poblaciones de Barcelona y su corona metropolitana. Es decir, 14 negocios de alimentación que funcionaban con empleados que no estaban asegurados, que no cotizaban, que no cobraban un sueldo, que no tenían horario, ni horas extras, ni vacaciones. Ningún derecho, ningún gasto: un chollo. Fuentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) explican que a los jóvenes captados, ya residentes en España pero en situación irregular, se les prometía que aceptando este puesto conseguirían los papeles. No era verdad. Y si en algún caso cumplieron con su promesa fue solo para usarlo como una "zanahoria" con la que manipular a los 43 empleados.

El entramado de la operación 'Fasat' era pakistaní porque los cinco líderes lo eran. Pero la mayoría de víctimas eran de la India o de Bangladesh. Cuando activaron el dispositivo para desarbolarlo, los agentes descubrieron atónitos en una de las naves logísticas un despacho con cien pantallas de televisión. “Los controlaban desde ahí, habían montado cámaras en todas las tiendas y por las televisiones supervisaban en tiempo real cada uno de sus movimientos”. Un 'gran hermano orwelliano' que supone una invasión a su intimidad que los investigadores intentarán que judicialmente se convierta en un nuevo cargo que recaiga sobre los cinco jefes de la banda. En los registros quedó asimismo al descubierto que una decena de jóvenes, además, malvivían amontonados en unos bajos de Barcelona que antiguamente había sido una panadería, en circunstancias idénticas a las que resultaron fatales para tres hombres que murieron abrasados en un piso patera de la Barceloneta el pasado verano.

Desmantelada en Barcelona una organización dedicada a la explotación laboral de extranjeros en supermercados

El peaje

La coacción que sufren estas víctimas puede ser explícita: el caso ‘Fasat’ cuenta con un vídeo en el que se aprecia como uno de los jefes abofetea a una víctima y los chinos del caso ‘Long’ –los de la marihuana– estaban completamente incomunicados. Pero la mayoría de las veces, subrayan tanto desde los Mossos como de la Policía Nacional, esta presión es más sutil y los explotadores basan su estrategia de control en los llamados ‘peajes’. Cuentan a las víctimas que el trayecto que ha supuesto traerlos hasta España ha sido caro y que ahora deben pagarlo con su sudor.

Los seres humanos tratados siempre proceden de países pobres, apenas tienen formación y son considerados mano de obra poco cualificada. Si a esa situación primigenia de extrema necesidad, se le suma un desconocimiento total de los derechos laborales vigentes o incluso una barrera idiomática que agrava su aislamiento, lo que sucede es que muchas víctimas no se dan cuenta de que están siendo explotadas. “Creen que deben aguantar así algunos años y que después la cosa mejorará. Y como tampoco tenían ninguna oportunidad donde estaban antes, lo aceptan”, explican fuentes de ambos cuerpos policiales.

La delgada línea

La línea que separa la vulneración de derechos laborales –castigados como infracciones administrativas– de los delitos contra los derechos de los trabajadores –regulados en el artículo 311 del Código Penal– a veces es fina. Y para que a este segundo pueda añadirse el delito de tráfico de seres humanos –regulado en el artículo 117 bis– debe acreditarse que ha habido una captación en el país de origen –a través de violencia, coacción o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad– y traslado a España con la finalidad de explotar a la víctima laboralmente, sexualmente, obligarla a cometer delitos, vender sus órganos o someterla a un matrimonio forzado. En el caso ‘Fasat’, sin ir más lejos, será complicado encajar este delito en la instrucción dado que muchas de las víctimas ya se encontraban en España cuando fueron captadas.

Para los casos de personas explotadas y tratadas, organizaciones como Sicar recuerdan que los cuerpos policiales, antes de activar operaciones contra estas mafias, deben asegurarse de distinguir entre delincuentes y víctimas. Esto es especialmente complicado en situaciones como las del caso Long, en que las diez víctimas estaban siendo explotadas en plantaciones de marihuana. En esta ocasión, celebra Rosa Cendón, coordinadora del área de relaciones institucionales de Sicar, las cosas "se han hecho bien" y las víctimas han sido percibidas como tales desde el comienzo. Sin embargo, otras veces, son arrestadas o castigadas con prisión preventiva o abandonadas a su suerte.

La Relatora Especial de la ONU sobre este problema, Shiobhán Mullally, presentó este 30 de junio el informe sobre la 'no penalización a víctimas de trata de seres humanos', en el que se recuerda, tal como destaca Cendón, que los estados como España tienen que respetar una serie de obligaciones –un techo temporal, atención sanitaria, asesoramiento legal, entre otras– que actualmente no pueden cumplirse en su totalidad. En parte, analiza, porque existen recursos disponibles para las mujeres tratadas que han sido explotadas sexualmente pero, en cambio, faltan para las víctimas de explotación laboral –que acostumbran a ser hombres–. El ejemplo más desafortunado de esta ausencia se dio con el dispositivo que los Mossos activaron hace más de diez años contra los talleres textiles del Maresme: las víctimas chinas explotadas tuvieron que volver a dormir a los mismos locales de los que habían sido rescatados en los que pernoctaban en condiciones infrahumanas, recuerda Cendón. "PSOE y Podemos tienen entre manos actualmente una ley integral para poder dar respuesta a todas las víctimas de la trata", aclara. Desde Sicar se ha redactado un informe con 11 propuestas que han hecho llegar a todos los partidos políticos.

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