Detenido un cuidador de una residencia de Alcanar por abusar de dos ancianas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un trabajador de la residencia L' Onada d'Alcanar, en la localidad de Alcanar (Montsià) por agresiones sexuales a dos ancianas del centro. Una de las abuelas denunció los abusos el domingo, cuando pudo salir del geriátrico con su familia para votar en las elecciones catalanas. Los Mossos arrestaron al cuidador, de 54 años, aquella misma noche y hallaron una segunda víctima. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Alcanar prometen que se personarán como acusación popular en el caso, pero no logran aclarar si el centro es público o privado.

Tras 11 meses de encierro, este fin de semana las personas internas en geriátricos catalanes han podido salir a la calle con sus familias. En una de estas salidas, que también sirvió para votar en las elecciones catalanas, una de las mujeres avisó a sus allegados que no quería regresar a a la residencia de Alcanar dónde vivía. Fue entonces cuando relató las agresiones sexuales que sufría por parte de un cuidador. La familia comunicó lo ocurrido a los Mossos d'Esquadra, que arrestaron al trabajador el mismo día en el centro. Allí descubrieron una segunda víctima.

La patronal de residencias pide registro de trabajadores con antecedentes

El presunto autor durmió la noche del domingo en comisaría y este lunes ha declarado ante el juez de guardia de Amposta. Ha quedado en libertad con cargos, acusado de un delito de agresiones sexuales. Sin embargo, tiene una orden de alejamiento de 300 metros respecto el geriátrico y tampoco puede acercarse ni comunicarse con las víctimas. Cada 15 días deberá comparecer ante los juzgados. Los Mossos investigan ahora si ha habido más casos.

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha abierto un expediente a la empresa gestora de la residencia, L'Onada Serveis. En una nota de prensa, la compañía explica que tanto su directora general, Cinta Pascual, como la subdirectora del geriátrico están colaborando de forma directa con la policía catalana, respetando la presunción de inocencia del trabajador. Han suspendido de sueldo y trabajo al presunto maltratador, ofrecido apoyo psicológico a las dos víctimas y analizado si el protocolo interno para evitar agresiones ha funcionado correctamente. También explican que ya el domingo avisaron a todos los familiares del geriátrico, así como a las distintas administraciones.

Hechos "intolerables"

El Govern habla abiertamente de unos hechos "absolutamente intolerables y gravísimos" perpetrados supuestamente contra personas "en especial situación de vulnerabilidad e indefensión". La 'consellería' se personará como acusación popular en el caso cuando el juzgado abra diligencias -como también lo hará el Ayuntamiento de Alcanar- y asegura que llegará hasta el final para depurar todas las responsabilidades que se deriven, tanto individuales como del equipo profesional de la residencia. También ha ofrecido apoyo psicológico a las dos víctimas y a sus familias a través del Servicio de Intervención Especializada para mujeres que han sufrido violencia machista.

Lo que no dicen las notas de prensa de la 'conselleria' es que el centro donde han ocurrido estos supuestos abusos sexuales es público. Según fuentes de la empresa que lo gestiona, y del propio ayuntamiento de Alcanar, la residencia geriátrica de 76 plazas es de titularidad municipal, gestionado por la empresa L'Onada Serveis desde el 2010, igual que el centro de día anexo de 30 plazas más. Sin embargo, en los registros de la 'consellería' el centro consta como privado. La cuestión es central. Allí ingresan ancianos que tienen reconocido un grado elevado de dependencia y el centro está acreditado y propuesto como tal por la administración. De confirmarse la gravedad de los hechos las administraciones podrían plantearse romper la concesión con la empresa gestora.

Desgraciadamente, el de Alcanar no es el primer geriátrico donde un trabajador agrede sexualmente de una interna. El pasado marzo los Mossos detuvieron dos cuidadores del un geriátrico del barrio de Sants de Barcelona por hechos similares. Tres meses después, tras los devastadores efectos de la pandemia del coronavirus, la Generalitat rescindió el concierto con la empresa Eulen que gestionaba ese centro de titularidad pública. La Nochebuena de 2015 el empleado de un geriátrico en Arenys de Mar también agredió sexualmente a cuatro abuelas y golpeó a cinco más. El hombre fue condenado a 55 años de prisión.