Los Mossos crean una unidad contra el auge de los delitos de odio

Los delitos de odio se han triplicado durante la última década en Catalunya. Según datos de los Mossos d’Esquadra, en 2010 se denunciaron 169 hechos y en 2019, 524. Un ascenso que sigue sin reflejar la gravedad de la lacra. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el 80% de las personas o colectivos que sufren agresiones, amenazas o insultos por sus convicciones políticas, orientación sexual, creencias religiosas o etnia, no denuncian estos delitos. La suma de ambas variables indica la existencia de una sociedad cada más crispada y, en consecuencia, más proclive a alimentar conductas radicales que padecen ciudadanos como el sintecho a quien tres jóvenes de estética neonazi –según el vigilante que le ha salvado la vida– han tratado de quemar vivo rociando con gasolina este miércoles en el barrio del Raval de Barcelona.

El ‘conseller’ d’Interior, Miquel Sàmper, y el comisario de Informació, Xavier Porcuna, detallan en una entrevista con EL PERIÓDICO que preocupa “mucho” la deriva intolerante que reflejan los datos policiales, advertencias como las de la OSCE o el seguimiento del fenómeno que se lleva a cabo desde hace años desde lnformació. “Creíamos que era necesario abordar de forma específica el problema”, sentencia Sàmper, que acordó con el mayor Josep Lluís Trapero, en el pasado mes noviembre, crear la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació.

Porcuna concreta que la nueva estructura dependerá del Àrea Central de Informació, estará dirigida por un policía con rango de subinspector y se articulará a partir de dos líneas de trabajo: “seguimiento” e “investigación”. Todavía no se ha acordado cuántos agentes la integrarán pero sí que se buscan dentro del propio cuerpo perfiles de investigador y de analista con estudios académicos en áreas como la psicología o la sociología. “Que solo se denuncien un 20% de los delitos de odio que sufren los ciudadanos de Catalunya significa que debemos trabajar para que aflore el resto”, remarca Porcuna. “Como sucedió hace años con la violencia machista, hay muchas personas que todavía ignoran que pueden acudir a la policía”, razona Sàmper.  El Código Penal castiga con una pena de prisión de 1 a 4 años de cárcel “a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona”.

Agresiones presenciales

El 93% de los delitos de odio que se registran en Catalunya se cometen de forma presencial. Solo el 7% tienen lugar en el entorno virtual. “El impacto de los segundos es brutal”, advierte Porcuna, porque amplifican las consecuencias de estigmatización de las víctimas y acrecientan el miedo que paraliza a los colectivos que los radicales sitúan en su punto de mira. “Queremos crear una cultura corporativa que sensibilice a todos los agentes”. Esto significa que los agentes que se forman en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) recibirán instrucción específica en la materia y también que los uniformados –tanto de los Mossos como de las policías locales– también contarán con las indicaciones que dictará la unidad central. El objetivo es que procedan de forma “homogénea” y los cuerpos de seguridad ayuden a que emerja la cifra oculta de estos delitos. En España, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) afrontan este reto en coordinación con la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.

En Barcelona ya existe la Fiscalía de delitos de Odio, cuyo responsable Miguel Ángel Aguilar está especializado desde hace años en la persecución de estas transgresiones de carácter público, lo que implica que tanto las policías como el ministerio público pueden actuar de oficio para investigarlos sin necesidad de que la víctima denuncie formalmente los hechos. El comisario afirma que el cuerpo aspira a mejorar la instrucción de atestados. “Trabajaremos de forma coordinada con la fiscalía y con los jueces y haremos un seguimiento de cada caso para comprobar si han terminado en condenas por odio o no”.

Motivaciones políticas

En Catalunya, la motivación más frecuente es aquella que se comete contra la ideología política. En este sentido, Sàmper explica que la agresividad manifestada en Vic contra el acto de campaña de Vox es susceptible de ser investigado como un delito de odio. La misma formación política cuyo candidato al Parlament mantuvo en el reciente debate electoral un discurso discriminatorio contra los menores no acompañados de origen marroquí y que ha sido investigada por la fiscalía de Madrid por tuits que contenían mensajes de odio contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La segunda motivación es la que sufren personas por su raza, etnia o nacionalidad. La tercera guarda relación con la orientación sexual de la víctima y la padecen miembros del colectivo LGTBI. El Observatorio contra la Homofobia lleva tiempo advirtiendo que los ataques aumentan año tras año, sobre todo en Barcelona y su área metropolitana, que también aglutina la mayor parte de denuncias de odio que recogen los Mossos en toda Catalunya. 

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