TRAGEDIA DE UN COLECTIVO VULNERABLE

El polvorín que nadie quiso ver en Badalona

La nave incendiada ha estado una década con la luz pinchada, sin agua corriente y acumulando material inflamable

La Administración y la propiedad del recinto eluden la responsabilidad de una tragedia que ha costado tres muertos

La fachada en 2019 con el cableado a la vista (izquierda) y en 2008, con el cartel de ’Se vende’.

La fachada en 2019 con el cableado a la vista (izquierda) y en 2008, con el cartel de ’Se vende’. / Google

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La comunidad senegalesa que ocupaba la nave industrial siniestrada de Badalona, donde han muerto tres personas y otras veinte han resultado heridas en el virulento incendio que se declaró la noche del miércoles, ha vivido una década con la luz pinchada y sin agua corriente. Dos factores de riesgo de incendio –conocidos por las autoridades– al que debe añadirse un tercero: el interior del recinto, lejos de cualquier supervisión, se fue llenando de material inflamable –colchones, chatarra o muebles acumulados por los migrantes– que hace dos días se convirtió en un combustible voraz, con más de 60 personas dentro. Tres no pudieron escapar. Otras sufrieron graves heridas al saltar por las ventanas huyendo de un humo asfixiante que inundó los dos edificios en pocos minutos. La degradación del inmueble, en el que no había tabiques interiores para cortar el avance del humo, completó el cóctel fatídico. Un barco fantasma que se ha ido convirtiendo en un polvorín a la vista de todos desde el cierre de la antigua empresa, en 2007. Después de la tragedia, nadie quiere asumir la responsabilidad.

Que la luz estaba pinchada de un modo peligroso queda acreditado a través de capturas de Google Maps en las que se aprecia cómo los ocupantes, a lo largo de estos años, se han autoabastecido de electricidad mediante una instalación cuya precariedad era visible desde la calle. En 2008 todavía no hay cables y se ve el cartel de 'se vende'. En 2012, con el inmueble ya ocupado, aparecen los primeros cables. La madeja va cambiando y creciendo en las fotografías siguientes, tomadas en 2014, 2015, 2016 y 2018. Finalmente, en la de 2019, se aprecia un tejido eléctrico que ya es una telaraña. Los moradores suplían la ausencia de agua corriente con viajes a fuentes de la calle y con una conexión fraudulenta a la red, que funcionó durante algún tiempo hasta que se averió en 2016.

Es decir, más de 10 años sin agua en el grifo y con la luz pinchada, una causa esta última habitual en los incendios por sobrecarga, en un pabellón en el que dormían casi 200 personas –en los meses de máxima concentración–. Un riesgo tolerado por la administración pública y, más en concreto, por los distintos equipos municipales –Xavier Albiol entre 2011 y 2015, Dolors Sabater entre 2015 y 2018, Álex Pastor en 2019 y de nuevo Albiol hasta la actualidad– y del que se ha desentendido la propiedad –una sociedad inmobiliaria de dos exjugadores de la ACB, Antonio Medianero y Xavi Fernández–.

La presión de Albiol

Desde el partido de Sabater, se acusa a Albiol de interrumpir la ayuda asistencial que esta formación y la de Pastor, a través de la Cruz Roja o Cáritas, había brindado a los migrantes. “Un trabajo muy lento que perseguía su reincorporación al tejido sociolaboral”, subrayan. No pudieron suministrarles agua o luz porque entonces “la ley no lo permitía”. Actualmente los ayuntamientos pueden tutelar contratos para personas vulnerables que ocupan y que están en situación de insalubridad o pobreza energética. Jordi Subirana (PSC) y Aïda Llauradó (Podem), responsables de los servicios sociales durante la alcaldía de Pastor, explican que este contrato tampoco pudo efectuarse debido a la falta de un ocupante que accediera a dar su nombre y apellido, al principio, y, después, a causa de la negativa del interventor, “que no lo permitió sin el permiso de la propiedad”. Y la propiedad no dio permiso. Para sortear la ausencia de agua, se habilitó una fuente municipal que entró en funcionamiento el 19 de diciembre de 2019, explica Llauradó.

La oposición no acusa a Albiol solo de frenar las ayudas, también de concentrarse únicamente en presionar policialmente a los migrantes. Un cambio de paradigma municipal paralelo al aumento de quejas vecinales en los últimos años relacionados con problemas de convivencia provocados por la ocupación. Albiol, que reparte las culpas con los gobiernos anteriores, había abierto un expediente sancionador contra los propietarios “por pasar olímpicamente” del inmueble y, para atender las quejas, asegura que solicitó al juez decano de Badalona una autorización judicial para entrar en la nave. El juez, sin embargo, ha aclarado que tal solicitud fue solo una "carta personal" que no permitía activar ningún tipo de medida por los cauces legales. En el mismo comunicado, el TSJC subraya también que nadie ha presentado ninguna denuncia durante estos 10 años de ocupación y que no constan que se hayan cometido en su interior hechos delictivos.

David Aineto, el abogado de los dos exjugadores de baloncesto de Joventut y Barcelona, ha explicado a través de un comunicado a EFE y en declaraciones a este diario que sus clientes no quisieron denunciar judicialmente la ocupación porque “habría sido reocupado enseguida” y por razones de “humanidad”. También ha asegurado que no podían facilitar un contrato de agua o de luz en una propiedad ocupada. “La polémica está desplazando el foco, que no es otro que aquí hay personas inmigrantes que no tienen un lugar para vivir”, mantiene el abogado.

Jornada perdida

Los bomberos no han podido proseguir este viernes con las tareas de búsqueda de nuevas víctimas. Cada vez parece más improbable que el trágico balance empeore pero no estará descartado del todo hasta que los equipos de emergencia puedan acceder al recinto y confirmar que no hay más cuerpos. El ayuntamiento debía contratar una empresa especializada en retirar escombros pero este viernes todavía no lo había hecho.

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