Las víctimas de violencia machista no tendrán que denunciar para recibir ayudas

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el <strong>título habilitante</strong> que acredita la situación de víctima de violencia machista, que podrán hacer los servicios sociales sin necesidad de que tengan que interponer una denuncia para acceder a ayudas y prestaciones sociolaborales.

Se trata de uno de los acuerdos alcanzados este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha decidido además los criterios de reparto entre las comunidades de 100 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, tal como establece el Pacto de Estado.

También se han repartido 9,5 millones de euros, de los que 6,5 millones se destinan a programas para la asistencia social integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia machista, mujeres y menores y 2 millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales, según ha informado el Ministerio de Presidencia.

La Conferencia Sectorial ha dado el visto bueno al título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima sin la necesidad de interponer denuncia, con el diseño de un modelo común y consensuado que unifica esa acreditación administrativa en todo el territorio.

Sin denuncia no hay protección policial

Con esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, se permite el acceso a esas ayudas sin supeditarlo a la judicialización del caso, dando validez a los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida destinados a víctimas de violencia de género. 

No obstante, la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.

Para el reparto de los 100 millones de euros para luchar contra la violencia machista, se han fijado criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años, con discapacidad, con trabajo temporal o en situación de desempleo.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la población rural y la densidad de población.