El CGPJ cancela parcialmente la actividad en los Juzgados de Martorell por deficiencias

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este miércoles que suspende de forma inmediata la actividad de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 5 de Martorell (Barcelona) debido a deficiencias en las instalaciones.

El CGPJ ha tomado esa decisión por los riesgos que supone el estado del edificio para los jueces que allí trabajan y ha amenazado a la Generalitat de Catalunya con la suspensión de toda la actividad judicial de los juzgados si hasta el próximo 30 abril no han arreglado los desperfectos del edificio.

El CGPJ había enviado un comunicado previo en el que daba un ultimátum al Govern para que solucionase los problemas antes del fin de abril y alertaba de su intención de suspender la actividad de los juzgados si ello no ocurría, pero inmediatamente después el organismo ha enviado un nuevo comunicado adelantando su decisión.

Una filtración de agua

Así, si no se solucionan las deficiencias "que afectan a las sedes de todos los órganos judiciales" de Martorell o se proporcionan otras "adecuadas", el CGPJ cancelará la actividad judicial "sin perjuicio de las responsabilidades que resulten por el mantenimiento de la situación de riesgo para los trabajadores y el público".

Según el CGPJ, el pasado febrero se produjo una filtración de agua en el edificio de viviendas que alberga los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 6 de Martorell, lo que provocó la caída de unos falsos techos sobre el mobiliario de los puestos de trabajo de varios funcionarios.

Esta situación, que ya causó la suspensión temporal del funcionamiento, ha revelado -apunta el CGPJ- "un estado de deficiencia grave e intolerable que afecta a los edificios de todos los Juzgados del Partido Judicial".

El comunicado señala que dichas deficiencias infringen las exigencias mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y, además, pueden constituir "un riesgo para la seguridad de las personas en sus aspectos más elementales".

Por ello, insta a la Generalitat a solucionar al menos las incidencias "más graves u notables" o proporcionar unas instalaciones adecuadas antes del 30 de abril, fecha límite señalada por la Inspección de Trabajo.

La Generalitat lo niega

En ese sentido, la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha replicado al CGPJ que "no acepta ultimátums" y asegura que el cierre de los juzgados de Martorell supondría un perjuicio inaceptable a la ciudadanía y la suspensión de un servicio esencial.

"Se trataría de una medida unilateral inédita en todo el Estado, desproporcionada e injustificada", ha afirmado el departamento en un comunicado, en el que recuerda al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que los jueces son servidores públicos y tienen la obligación de prestar un servicio público esencial.

"El departamento de Justicia es partidario de soluciones acordadas con el diálogo necesario y de acuerdo con las limitaciones presupuestarias", según la Conselleria, que asegura que todas las deficiencias detectadas se habrán resuelto antes del 30 de abril como pide la Inspección de Trabajo, plazo fijado a su vez por el CGPJ.

Según la citada fuente, el departamento no tiene ninguna comunicación oficial de estos acuerdos y asegura que no hay ningún informe técnico que aconseje u ordene el cierre de las instalaciones.