Las sombras del crimen de las 151 puñaladas a una niña y su padre

Un asesino sigue suelto en Almonte (Huelva). La familia de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de ocho años, asesinados de 151 cuchilladas en su casa el 27 de abril de 2013, lo viene denunciando desde que un jurado popular declaró "no culpable" en octubre de 2017 al único acusado de las muertes: Francisco Javier Medina, la persona con la que Marianela Olmedo, mujer de Miguel Ángel y madre de la niña, había iniciado una nueva relación poco antes de los crímenes. Este martes los magistrados se reúnen para deliberar si ordenan repetir el juicio con un nuevo jurado, como ya solicitaron la fiscalía del alto tribunal y las acusaciones. Y su decisión coincide en el tiempo con un hallazgo que solo ha arrojado más sombras a la investigación, que no permitió encontrar el arma con el que se cometieron los crímenes.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acaba de abrir una investigación y ha requerido información al Ayuntamiento de Almonte para esclarecer el supuesto hallazgo de un cuchillo que podría estar relacionado con los asesinatos. Como reveló EL PERIÓDICO el pasado 30 de noviembre, una nueva denuncia, presentada por Aníbal Domínguez, hermano y tío de los asesinados, apunta a que, cuatro meses antes de que Medina fuera juzgado, varios vecinos encontraron "un cuchillo de grandes dimensiones y con manchas antiguas" en un alcantarilla "situada a trescientos metros de la casa del que fue acusado". Avisaron a la policía local y, según el relato de un testigo, después de que la jefa del cuerpo "acudiera al lugar", "dos agentes lo introdujeron en una bolsa de plástico, concretamente una bolsa del supermercado que les proporcionó una vecina, y se lo llevaron".

"No dieron traslado a la Guardia Civil"

De acuerdo con la denuncia, no dieron traslado a la guardia civil ni a nadie relacionado con el caso. Un hecho que para Aníbal no es casual: "Se da la coincidencia de que la jefa de la policía local que estuvo presente en el lugar del hallazgo del cuchillo fue propuesta por la defensa de Medina para el juicio por asesinato". Por otro lado, "también da la casualidad de que el jefe político de esta mujer, es decir, el concejal de Seguridad Ciudadana ha sido socio de despacho del abogado del absuelto". Y, por si fuera poco, "ese concejal asistió como letrado al entonces acusado en los primeros momentos de su detención".

El Consistorio de Almonte ofreció una rueda de prensa la semana pasada, en la que, además de anunciar acciones legales contra el familiar de las víctimas, el concejal de seguridad vertió expresiones como: el denunciante "ni siquiera acierta en el año" (en que se halló el cuchillo) y "cuando el pueblo entero sepa todas las cosas, igual se sorprende de cómo se ha montado una historia de terror a costa de la dignidad de este que les habla, de la alcaldesa, de la jefa de la policía local y de otros dos policías que estaban trabajando…". La alcaldesa, por su parte, añadió: "tengo dos hijos y su madre tiene dos cojones para salir públicamente a decir que eso de lo que nos están acusando es mentira" y "nosotros no hemos matado a nadie".

Finalmente, reconocieron el hallazgo de un cuchillo, "en 2016 y no en 2017, como se ha denunciado", sin aportar más detalles y asegurando que dieron traslado del suceso a la guardia civil: "Saben el día, el mes (que se encontró el cuchillo), la identidad de los policías, saben cómo se procedió, qué se hizo exactamente de manera inmediata, cómo se recoge ese instrumento", afirmó el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Antonio Joaquín Díaz. Unas declaraciones que contradicen las fuentes de la guardia civil consultadas por este diario, quienes denuncian que, seis días después de que la UCO diera 48 horas al Ayuntamiento para entregar la información necesaria, siguen sin saber dónde está el cuchillo ni qué hizo la policía local con él. "Seguimos investigando, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia documental de que entregaran el arma a la guardia civil", insisten.

Comieron con el abogado del acusado

Por otro lado, cuatro días después de que EL PERIÓDICO informara de la denuncia en relación al hallazgo del cuchillo, la jefa de la policía local de Almonte y el concejal de seguridad se reunieron con el abogado del único acusado en un restaurante de La Palma del Condado, según ha podido saber este diario. Un encuentro que el concejal justificó durante la rueda de prensa alegando que se reunieron con él para pedirle consejo profesional a la hora de estudiar "causas penales" contra el denunciante y familiar de las víctimas. Sobre la conveniencia de contratar precisamente al abogado que lleva la defensa de quien fue juzgado por los brutales asesinatos, el teniente de alcalde respondió que "los abogados no llevan un solo caso".

El Supremo tiene la última palabra sobre si se debe juzgar de nuevo a Medina por el doble crimen. El ministerio público y las acusaciones presentaron un recurso contra la resolución que lo dejó en libertad tras pasar tres años en prisión. Entre otras razones, aludieron a la falta de motivación del veredicto del jurado. También denunciaron "amenazas y coacciones a testigos para que cambiaran su declaración en el juicio" y la constitución del tribunal popular, integrado por una persona "con un trastorno límite de la personalidad o borderline".

Contra Medina pesa el reguero de pruebas encontradas por la UCO, que halló el ADN de Medina "en mayor cantidad y calidad que el de los moradores de la vivienda" en tres toallas ensangrentadas recogidas en dos baños del piso en el que se cometieron los crímenes. Pero sobre todo, el alto tribunal tendrá en cuenta a la hora de tomar su decisión el criterio de la fiscalía del Tribunal Supremo, quien evidencia que existe "un abultado número de pruebas de altísimo contenido incriminatorio" que plasmó en un informe presentado para pedir que se repita el juicio, con un nuevo jurado, con un nuevo veredicto, que subsane el anterior, que el fiscal califica de "auténtico despropósito".