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En mayo de 2016

'La Manada' también será juzgada por abuso sexual en Pozoblanco

La jueza también procesa a cuatro integrantes del grupo por un delito contra la intimidad

Julia Camacho

La Manada en las fiestas de San Fermín de 2016.

La Manada en las fiestas de San Fermín de 2016.

Los miembros de 'la Manada' volverán a enfrentarse a un tribunal por un delito de abuso sexual cometido supuestamente dos meses antes de que en julio del 2016 agredieran sexualmente a una joven en los Sanfermines y que les valió una condena de nueve años de cárcel. Una jueza de Pozoblanco (Córdoba) ha procesado ahora a cuatro de ellos por los delitos de abuso sexual, maltrato y contra la intimidad por grabar y difundir los tocamientos a los que sometieron a una joven de 21 años en estado de semiinconsciencia en el interior de un coche en mayo de ese mismo año.

Los cuatro implicados en este caso son José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, todos ellos en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros desde el pasado 26 de junio a la espera de que se resuelvan los recursos contra el fallo de la Audiencia de Pamplona. El quinto miembro de La Manada condenado, Ángel Boza, no estuvo presente en Pozoblanco, considerado el primer ataque del grupo del que se tiene constancia. Boza permanece en estos momentos en prisión preventiva tras el robo de unas gafas y la posterior agresión a los vigilantes de seguridad que trataron de interceptarle.

Hasta tres años de cárcel

Fuentes judiciales confirmaron que la juez de Pozoblanco atribuye a los implicados un delito de abuso sexual y otro contra la intimidad, ya que la víctima en ningún momento consintió la grabación y posterior difusión en los chats de La Manada de las imágenes con los tocamientos, según confirmó en sede judicial. Asimismo, atribuye al ex militar de la UME Alfonso Jesús Cabezuelo un tercer delito de maltrato porque agredió a la joven cuando ésta se negó a practicarle una felación. Al no haberse producido penetración ni apreciarse violencia o intimidación, la pena a la que se enfrentan por el delito de abusos sexuales es la más leve de las que contempla el Código Penal para estos tipos: entre uno y tres años de cárcel.

La juez considera probado que la joven coincidió con los acusados en las fiestas de Torrecampo (Córdoba), y éstos se ofrecieron a llevarla de vuelta a Pozoblanco, donde Cabezuelo estaba destinado en esos momentos. El exguardia civil Antonio Manuel Guerrero conducía, y José Ángel Prenda iba de copiloto, por lo que la joven se sentó detrás entre Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero. Según la juez, la chica estaba en estado de "profunda inconsciencia", por lo que no reacciona a los tocamientos y los besos que, entre risas del grupo, realizan los dos jóvenes en la parte de atrás mientras El Prenda graba todo con el móvil de Guerrero, que en algún momento presume de ir conduciendo y manoseando a la víctima.

Al llegar a Pozoblanco, la joven se despierta en el asiento trasero, y con las medias y la ropa rasgadas y a solas con el exmilitar, que le pide que le haga una felación. Ante la negativa de ella, le golpea en cara y brazos y la echa del coche entre insultos. La chica reconoció que no recordaba mucho de lo ocurrido por lo que, aunque se lo comentó a unos amigos y presentaba moratones, no se atrevió a denunciar.

Imagen que difundieron los miembros de 'La manada'.

La agresión de Pozoblanco fue descubierta dos meses después por el juez de Pamplona que instruía el caso de los sanfermines. La revisión de los móviles de los acusados se saldó con el hallazgo de un vídeo de 46 segundos de duración y otro de 27 segundos compartidos en un chat denominado La Manada, en la que había comentarios sobre la “bella durmiente” y el posible uso de sustancias para anular su voluntad, por lo que el juez mandó a la Policía Foral que localizara a la supuesta víctima, quien al conocer la existencia del video dio paso a la nueva investigación.

Los miembros de La Manada se acogieron a su derecho a no declarar al ser citados, y sus defensas han alegado en varias ocasiones a la nulidad de la causa al haberse obtenido la prueba de cargo de manera ilegal, ya que nunca cedieron los móviles para una revisión que no fuera la de los hechos de julio de 2016 y las imágenes no debieron incorporarse al procedimiento sin autorización al venir de otras diligencias. Asimismo, llegaron a cuestionar la competencia de la Policía Foral para poner el caso en conocimiento de la víctima, haciendo hincapié en las, a su juicio, contradicciones de la víctima.

El fallo de los Sanfermines, en un mes

En pocas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dará a conocer la decisión sobre los recursos presentados por las defensas y las acusaciones pública, particular y popular contra la sentencia a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento que pesa sobre los cinco miembros de La Manada. Según avanzó el alto tribunal el pasado verano, el fallo se espera para finales de octubre o comienzos de noviembre. No obstante, no será definitivo, porque se da por hecho que acabará en el Tribunal Supremo, por lo que el punto y final al caso podría demorarse un año más.

La repercusión social del caso, con manifestaciones a las puertas del tribunal el día que se conoció el fallo de la Audiencia de Pamplona, ha llevado a la Sala de lo Civil y Penal a tratar de dar las máximas garantías al caso, de ahí que hayan optado porque sea el pleno de la sala, con cinco magistrados, el que atienda los recursos, en vez de los tres jueces que suele ser lo habitual. 

La sala se enfrenta a seis recursos. La defensa de 'la Manada' pide la absolución de los condenados porque estiman que fue una relación consentida, repitiendo los argumentos esgrimidos por el juez que emitió un voto particular a la sentencia y haciendo hincapié en que, debido al “juicio paralelo” y la presión mediática, se hizo una interpretación “manifiestamente interesada” de las pruebas para llegar a una conclusión “predeterminada”. Por su parte, las acusaciones reclaman aumentar la pena hasta los 25 años al entender que lo ocurrido la noche del 6 de julio en el portal de la calle Paulino Caballero fue una agresión sexual, una tipificación que sí se desprende del relato de hechos probados. Además, creen que queda acreditada la intimidación e incluso la violencia que exige el Código Penal para condenar por agresión.