FASCISTAS MACHISTAS

Los nazis que defienden a 'La manada', impunes en la red

Colectivos de mujeres piden el cierre de las páginas ultras que atacan a la víctima

La policia localiza dos direcciones IP desde las que se difundieron los primeros datos de la joven

Luis Rendueles Vanesa Lozano

Los grupos neonazis y ultras que difaman en la red a víctimas como la joven atacada por 'La manada' en Pamplona disfrutan de impunidad en España, según admiten fuentes judiciales y policiales consultadas por este diario. Colectivos de mujeres denunciaron el 15 de mayo a la Fiscalía General del Estado la difusión de datos e imágenes de la víctima y apuntaron a varias páginas de internet, especialmente a una vinculada a un grupo neonazi y supremacista de Estados Unidos, como desveló EL PERIÓDICO.

Los grupos de mujeres indicaban que esta web neonazi "anima a participar en un acoso colectivo contra" la víctima. De hecho, la misma web pedía a sus lectores que le enviaran el vídeo de los abusos sexuales en Pamplona para difundirlo a todo el mundo. "Podría causar un perjuicio irreparable, no solo para la víctima, sino también para todas las mujeres", alertaban en su denuncia ante la Fiscalía. Raquel Gaspar, fotoperiodista, feminista y una de las promotoras de la denuncia, afirma que es "urgentísimo" que se tomen medidas cautelares y se cierren esas páginas mientras dure la investigación, para evitar la difusión del vídeo.

Comisiones rogatorias

La Fiscalía iniciará una investigación, pero los expertos son escépticos debido a experiencias anteriores. "El juez encargado de investigar la filtración de datos y la denuncia de la víctima de 'La manada' podrá pedir a la Policía Nacional que investigue a esa página nazi en castellano, pero como tiene su base en Estados Unidos, ellos se negarán a retirarla y exigirán que se envíe una comisión rogatoria a ese país, donde tienen su dominio. Si el juez lo acepta y se envía, tardaría meses en recibirse la respuesta".

Fuentes de la investigación confirmaron que esa página neonazi fue creada en 2013 por uno de los ideólogos de la 'alt right' (derecha alternativa) nortemericana, y defensores de la posverdad, uno de los grupos que apoyan a Donald Trump. La versión española, que está difamando a la víctima de los cinco miembros de 'La manada', ya tuvo problemas con la policía por algunos de sus contenidos en el pasado. Cuando los agentes contactaron con ellos, siempre se negaron a retirarlos y remitieron a sus jefes en Norteamérica. "Hay un problema con la legislación en Estados Unidos. Desde aquí no podemos hacer que cierren esa página en Google", admite una fuente del caso. En su página se podía leer otro artículo en el que afirmaban que el nuevo presidente de Catalunya, Quim Torra, tiene "rasgos judíos". 

Al final, en la web profunda

La web neonazi mostró su alegría tras ser denunciada por grupos feministas ("toda publicidad es buena publicidad", escriben) y presume de ser "el diario más censurado de la historia". Aseguran que debido a los ataques que sufren "se ven obligados a cambiar de dominio con frecuencia". Y que están siempre disponibles en una dirección de la deep web (la internet profunda), no sujeta a ningún control legal.

Fuentes judiciales explicaron que ni Twitter ni Facebook ni Google colaboran demasiado en las situaciones de acoso o difamaciones. Ocurrió, por ejemplo, cuando se publicaron diferentes insultos y vejaciones realizados tras la muerte de la modelo Bimba Bosé. En el caso de la joven víctima de los cinco hombres en Pamplona, esta vez sí que Twitter ha clausurado al menos dos perfiles en los que se insultaba a la joven.

Lo que está más avanzada es la investigación sobre quiénes fueron los responsables de las primeras filtraciones de datos de la víctima de 'La manada'. Fuentes del caso confirmaron que ya han sido identificadas dos direcciones IP (direcciones electrónicas) desde las que se hicieron las primeras revelaciones sobre la joven. El juez deberá decidir ahora si ordena la localización de esos ordenadores y la detención de los responsables de esas filtraciones, penadas en España con hasta siete años de cárcel.