Solo 137 jueces están obligados a formarse sobre violencia de género

Andrea tenía siete años cuando su padre la mató de un tiro. Sobre él pesaban más de 30 denuncias que su exmujer, Ángela, había presentado ante juzgados y comisarías, pero la justicia de entonces permitió que la niña siguiera recibiendo las visitas del padre. El caso llegó hasta la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en 2014 dictaminó que los jueces y el personal administrativo debían recibir "formación obligatoria" sobre "violencia doméstica y estereotipos de género". Ya habían pasado diez años desde que en España se aprobó la Ley contra la Violencia de Género, que obligaba a Gobierno, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Comunidades Autónomas a "asegurar una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género” a jueces, fiscales o secretarios judiciales.

Se crearon los 106 juzgados de violencia sobre la mujer cuyos titulares -además de los 31 juzgados de lo penal especializados- son los únicos que reciben formación en perspectiva de género. Para los 355 juzgados "compatibles", que también tratan violencia de género, la formación no es obligada. Esa "especialización" consiste en un curso de 16 horas de teoría on line En total, 50 horas. "Con un curso así, cómo puedes conocer cómo funciona el ciclo de violencia, cómo es la actitud de la víctima, del agresor… Eso requiere una formación. Si no la hay en violencia de género, imagínese en perspectiva de género", señala Amalia Fernández, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis.

Lo ordena la ley

"Tener en cuenta la perspectiva de género no es sólo necesario, es una obligación legal", indica la jueza de instrucción Helena Gil, de Juezas para la Democracia. "La necesidad de aplicar la perspectiva de género significa, por ejemplo, exigir los mismos estándares de credibilidad a un hombre y a una mujer, con independencia del delito denunciado", indica. "Esta perspectiva está más presente en jurisdicciones como la Social, pero en el Derecho Penal (tradicionalmente masculino), algunas compañeras comienzan ya a aplicarla", señala.

Desde el CGPJ aseguran a EL PERIÓDICO que su Observatorio para la Violencia de Género ha pedido que la formación sea "obligatoria para todos los juzgados que tengan competencia en la materia y no solo los exclusivos", una demanda incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que reclaman de forma unánime las principales asociaciones.

En lo que concierne a los fiscales, la competencia en la formación recae en el Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos, y no es obligatoria ni para los que ejercen en juzgados de violencia contra la mujer. "No existe formación en perspectiva de género", señala la fiscal Inés Herreros. "Cuando llegué al juzgado de violencia de género nadie me pidió experiencia previa, me hice ‘especialista por inmersión’. Entonces te das cuenta de que te aproximas al tema con estereotipos y empiezas a estudiar, a formarte", indica.

"Cuando llegué al juzgado de violencia de género nadie me pidió experiencia previa. Me hice especalistas por inmersión", relata la fiscal Inés Herreros

Herreros asegura que la Fiscalía general del Estado ha hecho una labor "encomiable" para incluir la perspectiva de género en el trabajo de sus profesionales, pero no tiene autonomía presupuestaria para elegir los cursos y es "el Ministerio el que hace y deshace sin contar con la carrera fiscal".

María Auxiliadora Díaz forma parte del grupo de expertos del Observatorio del CGPJ y es miembro de la Asociación Francisco de Vitoria. Defiende que "hay una voluntad firme por parte del Observatorio" de formar en perspectiva de género, y aunque destaca que actualmente se oferta bastante formación continua en género desde el punto de vista jurídico, no la hay en temas como la victimología y los roles. "Hay conciencia de la necesidad de esa formación, pero hay que dar un paso adelante", señala. La magistrada aboga también por que no se acceda a estos juzgados únicamente por escalafón sino que sea tenida en cuenta la formación en perspectiva de género de los jueces y magistrados.

Ni capricho ni ocurrencia

La formación en género "no puede quedar en una intención", señala Herreros. "Existe una obligación legal, no es un capricho o una ocurrencia. Y es importantísima porque juzgar con perspectiva de género es deconstruir esa mirada machista", insiste. Pero la ley no contempla sanciones para quien no cumpla con esa formación. "Es un brindis al sol", se queja la fiscal. "La perspectiva de género tiene que ser una asignatura que se estudie desde la carrera", coincide Fernández.

Además de los cursos de 50 horas, el CGPJ oferta para el resto de la carrera judicial "actividades relacionadas con la violencia de género" y un curso en el campus virtual de "Iniciación a la formación en violencia de género". La última memoria publicada, en 2015, recoge que se convocaron cinco cursos en los que participaron 37 miembros, todos de juzgados especializados.

La Sentencia de La Manada ha echado a las calles a miles de mujeres que exigen que la Justicia las juzgue con perspectiva de género, pero Fernández recuerda que es solo un caso más de muchos en los que se cuestiona la honestidad de la víctima o se interpreta su actitud frente a la presunta violación. "El punto de partida tiene que ser la igualdad en los tribunales y sus composiciones. Solo desde la paridad se podrá juzgar en igualdad", señala la jurista.

"Las leyes han sido aprobadas, interpretadas y ejecutadas por hombres hasta hace dos días", recuerda Herreros. Hace ya más de una década que las mujeres son mayoría en la carrera judicial: se accede por oposición, esa fórmula garantiza la "igualdad de oportunidades". Pero en los puestos en los que el nombramiento es discrecional, las juezas, letradas y fiscales siguen topándose con un techo: la jerarquía judicial reserva lo más alto para los hombres. En el Tribunal Supremo, donde se genera la jurisprudencia, hay 10 mujeres y 76 hombres (datos de 2016). Y el porcentaje de mujeres no ha superado nunca el 13% desde que en 2002 ingresó la primera magistrada. El TC lo componen 10 hombres y 2 mujeres.