La muerte de Gabriel marcará el debate de la prisión permanente revisible

La muerte de Gabriel Cruz marcará una semana en la que el Congreso decidirá sobre el futuro de la prisión permanente revisable. El pleno de la Cámara someterá el jueves a debate las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y Ciudadanos, que quieren que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal. El PNV, en cambio, reclama su supresión.

El pasado mes de octubre la mayoría de diputados aprobaron la toma en consideración una proposición de ley de los nacionalistas vascos que reclaman derogar esta polémica figura, que fue incluida en la última reforma del Código Penal hace dos años y medio. El PNV defiende que es de "dudosa constitucionalidad", que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.

Ahora, cinco meses después, y con la presión de la campaña de la plataforma de familiares de víctimas de asesinatos, liderados por el padre de Diana Quer o el de Mariluz Cortés, el Congreso retoma el debate de las dos enmiendas a la totalidad. El caso del pequeño Gabriel tensará mucho más el debate.

Y lo hará después de que esta misma semana los padres de estas menores y de otros niños asesinados se hayan reunido en la Cámara Baja con los partidos con un mensaje claro: que no se enzarcen en una "batalla campal para captar votos" a costa de esta medida que apoya una mayoría y que han respaldado con su firma en apenas dos meses más de 2,5 millones de personas.

PP, UPN y Coalición Canaria les trasladaron su apoyo incondicional a la no derogación, al PSOE le pidieron que no se precipitara con su voto y que hiciera una reflexión serena y Ciudadanos les admitió que necesitaban "unos pocos votos más" para frenar su final.

Es lo que persiguen las dos enmiendas a la totalidad que los diputados debatirán el jueves. La del PP propone que, lejos de eliminar del ordenamiento jurídico la medida, se amplíen los supuestos en los que se aplica.

Hasta ahora, la norma se fija en ocho casos, como asesinatos múltiples, los perpetrados por terroristas, los crímenes a menores de 16 años o aquellos en los que el condenado, además de asesinar, haya violado a su víctima.

La ampliación que promueve el PP

El PP defiende en su propuesta que se pueda castigar con esta medida también a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

Los populares, que han hecho bandera de esta herramienta, defienden que la prisión permanente cuenta con el respaldo de entre el 70% y el 80% de la población.

Contrario a fulminar del Código Penal esta medida se muestra Ciudadanos con otra enmienda a la totalidad al texto del PNV en la que, sin tocar los actuales supuestos de aplicación, propone dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados con prisión permanente o por delitos de especial gravedad.

Apoyo de 2,5 millones de personas

Lo que plantea Ciudadanos es que ninguno de estos condenados pueda acceder a este grado penitenciario hasta cumplir de forma efectiva veinte años de condena, el periodo de cumplimiento fijado ahora para los terroristas.

Pero el partido de Albert Rivera también reclama con su iniciativa que cuando una persona haya sido condenada a más de cinco años de prisión por delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento del 75 % de la condena, no la mitad, como ocurre actualmente.

Solicita también que los condenados a prisión permanente solo puedan tener permisos ordinarios de salida de la cárcel a partir de los 15 años.

A su juicio, es precisamente el acceso a beneficios penitenciarios "la laguna principal" del sistema penal, que permite que un condenado por varios asesinatos en serie, violaciones o pederastia salga de prisión con medidas de control, pero que permiten que pueda reincidir.