La aseguradora del Prestige, condenada a pagar 1.573 millones

La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado una indemnización de más de 1.600 millones de euros por los daños ocasionados por la catástrofe medioambiental que ocasionó la rotura del petrolero 'Prestige', de los que la mayor cuantía, 1.573 millones, corresponden al Estado español por los daños patrimoniales, medioambientales y morales, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El auto de ejecución de la sentencia ---que recoge una cuantía muy inferior a la que la Fiscalía estableció en el juicio por daños, 4.328 millones de euros para España, un total de 4.442 millones incluyendo los provocados al litoral francés-- también fija un pago de 61 millones a Francia y otros 1,8 millones a la Xunta de Galicia por los gastos de reciclaje del fuel.

La resolución se ha hecho pública dos días después de que se cumpliesen 15 años de este siniestro y obliga a pagar a los condenados: el capitán del barco, Apostolos Mangouras, y la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, "por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses".

Subsidiariamente, deberá hacer frente al pago la propietaria del buque, Mare Shipping INC, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar según el convenio aplicable, que ya adelantó. 

Responsabilidad civil abierta

En enero de 2016, el Tribunal Supremo modificó parcialmente el fallo que la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña emitió en 2013 y abrió la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del petrolero a dos años de prisión por un delito medioambiental, frente a los nueve meses que le impuso la Audiencia por desobediencia.

La Audiencia entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados sostienen que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones. 

Los afectados pueden todavía recurrir la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Hasta ahora, la aseguradora --la única vía, según la Fiscalía de Medio Ambiente gallega, para que los afectados pendientes de cobro perciban su dinero-- solo se mostró dispuesta a abonar los 22,7 millones de euros de fianza que depositó en 2002.

En relación a los 1,8 millones que se adjudican a la Xunta, se refieren exclusivamente al coste del reciclable de elementos contaminantes depositados en la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (Sogarisa), porque considera que la Xunta ya suscribió un acuerdo con el Estado "en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasiones por el accidente del buque Prestige". 

Los afectados pueden todavía recurrir la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Hasta ahora, la aseguradora --la única vía, según la Fiscalía de Medio Ambiente gallega, para que los afectados pendientes de cobro perciban su dinero-- solo se mostró dispuesta a abonar los 22,7 millones de euros de fianza que depositó en 2002.

En 2015, España y Francia perdieron la batalla judicial en Gran Bretaña por la que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.