La delegación en Cantabria prohíbe el homenaje a Rafael Díez Usabiaga

Los promotores del recibimiento al ex secretario general de LAB, Rafael Díaz Usabiaga, a su salida de la cárcel de El Dueso, prevista a primera hora de este jueves 17 de agosto, han desconvocado el acto después de que haya sido prohibido por la Delegación del Gobierno en Cantabria, por incumplir los plazos legales y por razones de seguridad.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha denegado el permiso, -solicitado por un "particular" para las 8.00 horas en el acceso al centro penitenciario del que saldrá Díaz Usabiaga tras cumplir condena por pertenencia a ETA-, porque la solicitud fue registrada "seis" días antes de la convocatoria, cuando la ley marca un plazo de entre diez y 30 días para comunicar una concentración.

Además, la resolución de prohibición se acompaña de un informe "desfavorable" de la Guardia Civil al acto previsto, por razones de "seguridad", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Tras esta decisión, representantes de la convocatoria se pusieron en contacto telefónico con la Delegación y mostraron su "intención" de desconvocar la convocatoria, extremo que han corroborado después de manera oficial.

Dos actos más

El sindicato ha asegurado que tendrá "el recibimiento que se merece". La central ha afirmado que familiares, amigos y compañeros le esperarán a las puertas de la prisión, con "todo el que quiera compartir ese momento", y ha convocado dos actos, uno por la mañana en Muskiz (Vizcaya) y otro por la tarde en Lasarte (Guipúzcoa).

Asociaciones de víctimas de ETA, como Dignidad y Justicia, consideran que los actos programados para este 17 de agosto de recibimiento a Díaz Usabiaga, como el denegado en El Dueso, pueden ser considerados como constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo y justificación de los delitos terroristas, y han pedido que se prohíban. 

El exsecretario general de LAB ha cumplido seis años de cárcel por reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune. Fue condenado en septiembre de 2011 junto a Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a organización terrorista, ambos en grado de dirigentes, a las penas de diez años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el empleo de cargo público. El Tribunal Supremo rebajó la condena a seis años y medio de cárcel al considerarles integrantes, y no dirigentes, de ETA.