Juana Rivas, un emblema de doble filo

La situación judicial de Juana Rivas, la madre de Granada huida para no entregar a sus hijos al padre maltratador, se complica cada vez más. A la espera de que esta semana se resuelva el recurso contra la sentencia que le obliga a esa devolución, Rivas sigue en paradero desconocido, por lo que un juzgado ordenó este martes su arresto y presentación ante el juez para explicar la supuesta sustracción de los niños denunciada por el padre después de que no acudiese a la vista fijada para tal fin. Más allá del laberinto en los tribunales, su caso se ha convertido en la bandera en la que se envuelven colectivos con posturas enfrentadas. De un lado, activistas contra el maltrato machista; de otro, defensores de la custodia compartida.

Para los primeros, el de Juana es un caso claro de que “justicia y legalidad no siempre van de la mano”, según la responsable del Centro de la Mujer de Maracena (la localidad donde vive Rivas), Paqui Granados. Una madre humilde que huye de un marido condenado por lesiones en el 2009 y que, tras retomar la vida en común y con un segundo hijo, la maltrata psicológicamente en una pequeña isla italiana. La denuncia que interpone nada más llegar a España queda en el limbo a la espera de traducción para remitirla a Italia, mientras que la presentada por el padre reclamando la devolución de los menores tiene el viento de cola y en mayo logra un segundo fallo a su favor. Los niños de 11 y 3 años deben volver a Italia, dice un juzgado y confirma la Audiencia Provincial alegando que existió ese traslado ilícito por parte de la madre.

Ese fallo pone en pie de guerra a una sociedad sensibilizada contra la violencia machista, generando una oleada de solidaridad y que cientos de personas aseguren en las redes sociales: ‘Juana está en mi casa’. Partidos políticos y asociaciones feministas reclaman medidas efectivas de protección que se incluyan en el recién aprobado pacto contra la violencia de género para dar cobertura y apoyo a quienes viven este tipo de situaciones. Desde la Junta de Andalucía, que brinda apoyo jurídico, hasta el presidente del Gobierno han salido en defensa de Juana. “Hay que ponerse en el lugar de esta madre”, sentenció Mariano Rajoy.

Entienden que la sentencia colisiona contra el Convenio de Estambul, según el cual “el niño se considera víctima de género solo por haber sido testigo de violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona”.  Y se aferran a las últimas declaraciones públicas de Juana, en las que aseguraba sentir "miedo" hacia su expareja. También a los informes psicológicos de los niños, que dejan claro que prefieren vivir con su madre.

Al mismo tiempo, el caso es el terreno perfecto para las reclamaciones de los colectivos procustodia compartida, que es la propuesta hecha por el exmarido de Juana, Francesco Arcuri, una vez que vuelvan los niños dado que como recuerda su abogado, es él quien tiene la tutela. La plataforma Granada por la Custodia Compartida Ya, que defendió este martes en los juzgados “el derecho de los menores a estar con sus dos progenitores”, insiste en la desigualdad de trato a la hora de otorgar el cuidado de los hijos. “Si valemos para las vacaciones y los fines de semana, por qué no para el resto del año”, resume José Herrera, reivindicando la igualdad si el progenitor lo pide expresamente. El 80% de esas peticiones, afirma, caen en saco roto “por culpa de una cultura todavía machista que piensa que van a estar mejor cuidados con sus madres”.

El portavoz de la plataforma, que se desvinculó de los carteles con el lema 'Stop feminazis' aparecidos en los juzgados y que de hecho reflejan el machismo de buena parte del movimiento, recobra el testimonio de Arcuri en el que se dibuja como la persona que cuidó habitualmente de los menores porque la madre estaba dedicada primero a su negocio y otros asuntos, deslizando el gusto de Rivas por la fiesta. Arcuri también niega el maltrato, reduciéndolo a una discusión a altas horas de la madrugada, cuando su mujer llegó, y en la que él le arrancó algunas de sus pertenencias. Así, asegura que aceptó la condena a tres meses de cárcel para agilizar el proceso judicial y pensando que así podría ver antes a su hijo.

Herrera insiste en que ellos buscan el interés de los menores, “porque los que se divorcian son los padres”, y lamenta que una de las partes se tome “la justicia por su mano” y “se sustraiga el derecho de los niños a estar con su padre”. “¿Qué habría pasado si el que hubiera huido con los niños fuera un hombre?”, inquiere, lamentando que haya, según él, “ideología de género” detrás de la mayoría de los pronunciamientos judiciales.