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INVESTIGACIÓN POR UNA DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN EL CENTRO SANITARIO

El juez archiva la causa por supuesto desvío de fondos en la Fundación del Sant Pau

El magistrado sostiene que "no se ha podido determinar" un mal uso del dinero recibido por la entidad

J. G. ALBALAT / BARCELONA

Pabellón de Sant Manuel del antiguo Hospital de Sant Pau, ya restaurado, donde se trasladará Casa Àsia. JOAN PUIG

Pabellón de Sant Manuel del antiguo Hospital de Sant Pau, ya restaurado, donde se trasladará Casa Àsia. JOAN PUIG

El juez de Barcelona Juan Emilio Vila Mayó ha acordado el archivo provisional de la causa sobre la gestión de los ingresos de la Fundación Privada del Hospital de Sant Pau de Barcelona y el destino que se daba a sus fondos, al concluir que no se ha podido determinar que haya habido "desvío fraudulento".

En un escueto auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha admitido la petición del fiscal para que se sobreseyera el proceso judicial, que se inicio en el 2012. La resolución señala que  los peritos han reconocido que "se hace muy complicado determinar en qué operaciones concretas se gasta el dinero" e, incluso, conocer los ingresos y su procedencia.

Por lo tanto, al entender del juez, "no puede concluirse que la duda inicial hay sido despejada", pero "es cierto·" que no se ha podido concretar el desvío de fondos. La dificultad radica el "propio sistema de funcionamiento" de la entidad investigada.  

Los trabajadores del Sant Pau denunciaron ante la justicia que la Fundación Privada presentaba beneficios por la gestión de su patrimonio inmobiliario que no se reinvertían después en la actividad sanitaria del centro q que aseguran ha sufrido numerosos recortes en asistencia y personal en los últimos años-, lo que creían podría vulnerar sus fines estatutarios.

El magistrado recuerda en su escrito que el objetivo de la investigación de esta pieza (la única que quedaba aún abierta de las tres en las que se separó la investigación sobre el Sant Pau) era simple, ya que se trataba de determinar los ingresos de la Fundación Privada y el destino de sus fondos. "Esta simplicidad no era más que aparente", matiza. A pesar de ello, no se ha podido acreditar el desvío de fondos.

El juez destaca que "en un proceso penal ha de estarse a las pruebas concretas en plazos razonables. En este supuesto, no se han obtenido". Y agrega:  "No corresponde al proceso penal efectuar consideraciones de orden social o político si éstas no se inscriben en la estructura valorativo-material de la norma punitiva".

En cualquier caso, el magistrado advierte que el archivo es provisional, "toda vez que el mismo se basa en las actuaciones obrantes, que han sido numerosas y precisas, pero no excluye, al menos teóricamente, que no pudieran aparecer, dentro del término de la prescripción, elementos nuevos".

En un informe remitido al juez en octubre pasado, Hacienda concluía que los fondos de la Fundación Privada del Sant Pau, que gestiona el patrimonio inmobiliario del centro, se destinan a fines de investigación o a la reforma de los edificios del recinto, pero no directamente a la "prestación o financiación directa del servicio sanitario".

OBRAS LEGALES

El juez ya archivó en octubre de 2013 la causa sobre la adjudicación de las obras del nuevo Hospital de Sant Pau, con un elevado sobrecoste, pese a que reconoce que hubo irregularidades porque no se adjudicaron de acuerdo con la norma, aunque lo atribuyó a un asesoramiento incorrecto.

Respecto a la causa sobre los sobresueldos, el exdelegado de la Generalitat en Madrid durante el tripartito José Cuervo aceptó en mayo pasado 10 meses de cárcel por cobrar un doble sueldo del Institut Català de la Salud (ICS) y del Sant Pau, para mantener el alto nivel retributivo que tuvo hasta 2010 por su anterior cargo. Cuervo, que afrontaba una petición de tres años de cárcel, y el exgerente de la Fundación Privada de la Gestión Sanitaria del Sant Pau Jordi Varela, para quien el fiscal pedía dos años de prisión, alcanzaron un acuerdo de conformidad el día en el que iban a ser juzgados (el pasado 25 de mayo) por el que aceptaron diez y nueve meses de prisión, respectivamente. 

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