La fiscalía no actuará de oficio porque el documental "Ciutat Morta" no es una prueba judicial
El ministerio público se pronuncia antes de recibir la petición del Ayuntamiento de Barcelona
La Fiscalía de Barcelona "no actuará de oficio" para revisar la sentencia del Tribunal Supremo que en el 2009 condenó a cinco jóvenes por los graves sucesos ocurridos el 4 de febrero del 2006 en la calle de Sant Pere Més Baix (Ciutat Vella) y en los que un guardia urbano resultó herido de gravedad, a pesar de las reacciones provocadas a partir de la emisión este sábado en el Canal 33 del documental Ciutat Morta, que cuestiona la investigación policial, la instrucción judicial del caso, así como el relato recogido en sus sentencias por la Audiencia de Barcelona y el alto tribunal.
Este lunes por la mañana, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, anunció que el consistorio enviaría a fiscalía una copia del documental con un escrito para que el ministerio público valorara si debía abrir una nueva investigación a partir de las informaciones recopiladas en el documental. "Yo no soy jurista. Pero si los fiscales entienden que hay nuevas pruebas para revisar el caso, que se revise. Ni la Guardia Urbana ni el Ayuntamiento tienen nada que ocultar, ni miedo alguno a mirar hacía atrás y revisar lo que haga falta", dijo Forn durante la comparecencia.
Fuentes de la fiscalía han asegurado a este diario que, por ahora, no iniciará ninguna actuación para revisar la sentencia (reabrir el proceso judicial no es posible porque hay sentencia firme), ya que un documental no puede considerarse una prueba jurídica. El ministerio público sólo podría estudiar el asunto de nuevo si llegara a sus manos, según las mismas fuentes, "cualquier prueba" que permitiera desestimar la participación en los hechos de las personas de las que se refería el documental o la implicación de una nueva persona que hasta ahora no haya sido investigada.
En caso de que la fiscalía de Barcelona entendiera que hay elementos nuevos para investigar otra vez, tampoco tendrían la última palabra porque deberían solicitarlo a la fiscalía del Tribunal Supremo, que fue el último tribunal en emitir una sentencia.
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