Entidades reclaman el despliegue efectivo de la sanidad universal

Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos exigen a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que apruebe en el Consejo de Ministros del próximo viernes el reglamento del Real Decreto Ley 7/2018: la norma que pretendía reinstaurar la sanidad universal en toda España después de que el PP, en el 2012, dejara sin cobertura pública a los inmigrantes en situación de irregularidad legal.

Sin embargo, pese al "espíritu garantista" del real decreto socialista, en España siguen dándose casos de exclusión sanitaria porque hay comunidades autónomas que hacen una interpretación regresiva de la norma. Al carecer de un reglamento de obligado cumplimiento, su desarrollo consiste en unas recomendaciones no vinculantes sujetas a las interpretaciones de cada comunidad autónoma, que tienen las competencias de sanidad transferidas.

La ley sanitaria del PP frenó denuncias por violencia machista en inmigrantes

El decreto socialista se basa en recomendaciones no vinculantes que algunas comunidades interpretan de "manera regresiva"

Las centenares de entidades agrupadas en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, han remitido este martes una carta a la ministra para que tome cartas en el asunto y garantice el "acceso" al Sistema Nacional de Salud (SNS), en las "mismas condiciones", a "todas las personas" que se encuentren en el España, "antes de la inminente disolución de las cortes", prevista para el próximo 5 de marzo. Consideran el decreto socialista "importante" pero "insuficiente".

Así, todas estas asociaciones exigen que este viernes sea aprobado en base a tres medidas fundamentales. La primera, que se garantice la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata. La segunda, que en vez de con el empadronamiento (para muchas personas es muy difícil conseguirlo porque viven en la calle, por ejemplo), los ciudadanos puedan acreditar que viven en España (y que por tanto no están haciendo turismo sanitario) a través de certificados de escolarización de los hijos, recibos o documentos emitidos por entidades sociales. La tercera, que reconozca el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.

La "punta del iceberg"

Desde su creación en el 2012 Reder ha notificado, al menos, 5.000 casos de exclusión sanitaria. Y, pese a que la norma socialista entró en vigor en julio del 2018, ha notificado 500 casos más en toda España desde el pasado verano. "Es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo", señala a este diario José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, asociación que forma parte de Reder.

"El RDL 7/2018 fue un primer paso para reuniversalizar la sanidad, pero su desarrollo fue ambiguo y ha sido interpretado por algunas comunidades, como Madrid o Navarra, de una forma regresiva", explica Hoyo. Según las entidades firmantes de la carta, la "ausencia de un reglamento" de la norma hace que "se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas".

La Red de Denuncia del RDL 16/2012 ha notificado unos 500 casos de exclusión desde el pasado verano

Por ejemplo, la ley socialista no hace alusión (como si hacía la del PP) a que los extranjeros en situación irregular deben acreditar una residencia de al menos 90 días en España, pero así ha sido interpretado por algunas comunidades. Los colectivos y la sociedad civil instan por ello al Gobierno a desplegar un reglamento. "Si no se hace ya, puede ocurrir que nos pasemos dos o tres años con un decreto ley en vigor que en teoría defiende la atención sanitaria pero que en la práctica no lo consigue", insiste Hoyo.

El mismo advierte de que "la exclusión sanitaria mata". Un informe de la Universitat Pompeu i Fabra (UPF) demostró el año pasado que la mortalidad entre inmigrantes indocumentados había aumentado en un 15% con la reforma sanitaria del 2012. Otro informe publicado este lunes recoge que las denuncias (no las agresiones) por violencia machista descendieron entre un 16% y un 19% entre las mujeres inmigrantes por culpa de esta norma: el médico de familia juega un papel capital a la hora de identificar los casos de malos tratos y animar a denunciar.