Asturiana de Zinc, multinacional líder en la producción de este mineral, quiso aumentar su actividad industrial el año pasado, después de poner en marcha una nueva nave de electrolisis que aumentaba su eficiencia. El mayor consumidor de España en un único punto de suministro solicitó 3 megavatios (MW) de potencia contratada, el equivalente a la energía que demandan unas 150 viviendas, pero relativamente poco para una industria que con una potencia de 236 MW y un consumo de unos 2 millones de megavatios-hora (MWh) al año. Pero Red Eléctrica rechazó su petición porque no había 'enchufes' disponibles.

El caso de Asturiana de Zinz es solo un ejemplo de la saturación de la red eléctrica en España, que se extiende por todo el territorio. Prácticamente el 100% de la red de baja y media tensión del país está saturada, según los mapas de capacidad publicados por Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, que controlan el 90% de este tipo de redes. Esto significa que no hay ningún 'enchufe' disponible en todo el país para conectar a nueva demanda, como la industria que quiere descarbonizarse o los centros de datos que quieren instalarse en el país. El motivo es que en los últimos tres años las solicitudes de acceso y conexión a la red se han multiplicado por diez ante el enorme interés de los consumidores por electrificarse y la gratuidad de los permisos. Hasta 2023 el primero en solicitar capacidad se la quedaba.

ESPECULACIÓN

Los permisos de acceso y conexión para enchufarse a la red de distribución otorgados en los últimos cinco años doblan la demanda nacional actual. Suele decir el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que "dan cabida a otra España entera". Suman un total de 43 gigavatios (GW) y se reparten entre centros de datos (12 GW), industria (11,3 GW), planeamientos urbanísticos (6 GW), hidrógeno (3 GW) e infraestructura de recarga del vehículo eléctrico (2,3 GW).

Eso no quiere decir que todas estos 'enchufes' estén en funcionamiento, ni tampoco que vayan a estarlo en el futuro, pues una parte de esas demandas no se llegarán a conectar nunca. El principal beneficiario, el sector de los centros de datos, reconoce que muchos proyectos piden varios 'enchufes', pero "parte de esa capacidad no se conectará". Es lo que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia han coincidido en calificar como saturación "contractual" porque son nudos acaparados por contrato, pero físicamente disponibles. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudia, junto al regulador y las compañías, la manera de 'limpiar' esa congestión.

DEMANDA ESTANCADA

Y lo cierto es que en los últimos años, lejos de producirse un incremento en las conexiones eléctricas ha ocurrido lo contrario: la demanda de electricidad en España ha decrecido hasta situarse en niveles de hace dos décadas y a mucha distancia de las proyecciones definidas por el Gobierno en la hoja de ruta climática, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Entre los motivos para este retroceso se encuentran la deslocalización de parte de la industria, la eficiencia energética y el autoconsumo. Pero da muestra de que la estructura eléctrica actual todavía tiene margen para conectar nuevos consumos sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras.

LA RETRIBUCIÓN

Con el mapa de la planificación eléctrica sobre la mesa y la posibilidad de invertir más cada año, todos las miradas están puestas en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que es la encargada de definir la retribución que reciben las empresas por las nuevas redes eléctricas y que se carga a los consumidores a través del recibo (peajes). El 'superregulador' ha aprobado a principios de noviembre una tasa de retribución de 6,58%, superior al 5,58% actual, pero muy inferior a las pretensiones de las compañías, que aspiraban a un mínimo del 7%. Y planteó un cambio en la metodología que ha sentado como un jarro de agua fría a las empresas.

El organismo independiente defiende que su planteamiento aboga por un marco "flexible, simple y sostenible" que permite a las empresas "mantener eficiencias en las redes de distribución y que los consumidores tengan un precio atractivo en los peajes". Pero las compañías eléctricas advierten de que frenará las inversiones y podría poner en riesgo proyectos industriales, de vivienda o de electrificación del transporte.

La pelota está ahora en manos del Consejo de Estado, que debe analizar que la propuesta regulatoria se ajusta al ordenamiento jurídico, para devolvérsela al 'superregulador', que espera aprobarla definitivamente en las próximas semanas para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, cuando comienza el nuevo periodo regulatorio.

Un reportaje de EL PERIÓDICO

Texto: Sara Ledo
Coordinación: Rafa Julve