La era que dotó de
derechos a las mascotas

Por Vega S. Sánchez / Diseño: Andrea Zúniga

Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el reino animal. En realidad, para el resto del reino animal, porque no hay que olvidar que los humanos somos animales, racionales la mayoría de las veces, pero animales.

El 15 de octubre de 1978 se aprobó la declaración universal de los derechos de los animales. En ella se reconocía que "todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia" y, por ello -y sobre todo- que "el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho" al respeto que todos los animales tienen desde el preciso momento en que nacen.

Pese a la ambigüedad de la norma aprobada hace ahora 45 años, lo cierto es que ha sentado las bases para las pequeñas conquistas en materia de derechos animales que se han ido haciendo desde entonces en España hasta llegar a la ley de bienestar animal, que ha entrado en vigor el 29 de septiembre de 2023.

La ley de bienestar animal supone, controversias aparte, un gran paso en la protección animal porque, entre otras cuestiones, endurece las penas por maltrato animal y prohíbe sacrificar a los animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.

Aunque es una ley insuficiente para muchos, también propone que los propietarios de mascotas y animales silvestres en cautividad -sin tener en cuenta a los perros de caza, guarda y trabajo, que quedan excluidos de esta ley- adopten las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. De esta forma, solo los criadores inscritos en el registro oficial podrán tener camadas y vender los cachorros, evitando que los particulares comercien impunemente y sin medidas de seguridad adecuadas con sus animales.

En resumen, se establecen prohibiciones a la tenencia de algunas especies exóticas en casa y se prohíben actividades en las que el trato no se considere digno, además de establecer un carnet para los propietarios que garantice, aunque sea someramente, que la persona es apta para tener un ser vivo y para garantizarle cuidados y alimentación dignos.