La modificación de la Directiva Marco del Agua es una de las patatas calientes que tiene ahora mismo sobre la mesa Bruselas. Las organizaciones reclaman a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no impulse cambios en esta directiva.
En concreto, la suavización planteada por Europa sugiere aplicar más exenciones a empresas que pretendan poner en marcha nuevos proyectos mineros que pueden afectar a las masas de agua. "En España esto puede significar el avance de una mina de litio al lado de un área protegida en Cáceres y la aceleración de varios planes en Andalucía", apunta la bióloga Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
"También se pretende alterar la directiva para flexibilizar el principio de 'no deterioro' del agua, lo que facilitaría la aprobación de proyectos que amenazan el estado de los acuíferos y los ríos", advierte. "Con el redactado actual, estos planes exigen requisitos muy exigentes que ahora se podrían rebajar", añade.
Martínez subraya que los nuevos paquetes legislativos que se presentan, en teoría para "simplificar y reducir carga administrativa", implican la desregulación de algunos aspectos claves para la defensa del medio ambiente: "Además, se realiza a través de un procedimiento rápido que no concuerda con el proceso necesario, de casi cuatro años de debate, para cambiar una directiva".
En materia hídrica, sin embargo, cabe señalar que el reglamento de aguas residuales, más exigente que el anterior, sí se mantiene intacto por el momento.
Poco después de que la nueva Comisión Europea empezara a gobernar, se puso en pausa el Reglamento sobre el uso sostenible de fitosanitarios y otros pesticidas (SUR). El texto que se había consensuado obligaba a reducir estos productos químicos de manera drástica en 2030. Pero el bloqueo político impidió que saliera adelante.
Ahora, pese a que las entidades en defensa del medio ambiente y los científicos lo reclaman para reducir los impactos de la agricultura sobre los ecosistemas, no hay nueva fecha para volver a abordar el tema.
Europa ha anunciado recientemente el abandono de los proyectos LIFE, que han permitido por ejemplo recuperar al lince ibérico, como programa independiente cara a 2028-2034. Estas acciones de conservación se absorberán dentro de otros fondos y se recortará su presupuesto.
En paralelo, en 2025, se oficializó la rebaja del grado de protección del lobo europeo y aún no se han movilizado fondos económicos para sustentar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza.
¿En qué pueden traducirse estos cambios en España? "Tenemos la biodiversidad colgando de un hilo y estas relajaciones darán fuerza a muchos sectores a la hora de presionar a los gobiernos para que no trabajen en favor del medio natural", reflexiona Cristina Sánchez, presidenta de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN).
"Estas rebajas perjudicarán al equilibrio de los ecosistemas y castigarán a la ciudadanía porque perderemos servicios ecosistémicos: los hábitats y sus especies contribuyen a mitigar inundaciones, a depurar el agua y a almacenar carbono", expone Sánchez. "Seguramente son medidas que perjudican a más gente de la que benefician", añade.
Pone el ejemplo del debate sobre la protección de la anguila: "En Catalunya se dan cada año 160 licencias para pescar anguilas. "Por 160 licencias, ¿no se puede aprobar la protección de una especie que beneficia a los ecosistemas que todos disfrutamos?", cuestiona.
En las últimas semanas, también ha crecido la preocupación por la posible modificación de la Directiva de Aves y las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), que se empiezan a debatir, todavía de manera informal, en el corazón de Europa.
El Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) para grandes y medianas empresas entró en vigor el 31 de diciembre de 2025. Pero en cambio, las pequeñas empresas tendrán un año adicional para adaptarse, con fecha límite 30 de diciembre de 2026.
El objetivo de esta normativa obliga a las compañías a demostrar que ciertas materias primas y productos que se venden o exportan en Europa no proceden de tierras deforestadas o degradadas y que se han producido legalmente. Su objetivo es reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación mundial.
En materia de residuos, la mayoría de objetivos se mantienen, pero, en cuanto al 10% de envases reutilizables exigidos en 2030 a las distribuidoras, se excluirán categorías enteras como leche y lácteos, vino y derivados, aromatizados, fermentados y espirituosos.
Habrá también exenciones por tamaño y territorio: si el distribuidor tiene una superficie de venta menor a los 100 m2, no tendrá que cumplir con el porcentaje de envases reutilizables. Lo mismo sucede en islas pequeñas y áreas rurales de baja densidad de población.
En cuanto a los microplásticos, queda pendiente aún la redacción de una normativa actualizada.
En diciembre del año pasado, la Comisión Europea suavizó el veto a los coches de combustión a partir de 2035: se exigirá a los fabricantes que cumplan un objetivo del 90% de reducción de emisiones de tubo de escape en lugar del 100% que se había anunciado anteriormente. Este cambio incluye también la concesión de una moratoria a Alemania y a los principales fabricantes para poder vender vehículos híbridos enchufables y de autonomía extendida después de 2035.
"Esta decisión no se toma porque el medio ambiente no sea importante, sino por la posición de las empresas", destaca Enric Pardo, divulgador ambiental y portavoz de Renovem-nos. "Si te fijas en la letra pequeña, quedará un pequeño margen para construir coches de combustión de gama alta, pero el recorrido hacia el vehículo eléctrico se mantiene a pesar de este titular que satisface a algunos sectores", concluye.
En cuanto a las renovables, Europa no prevé retrocesos relevantes. "La descarbonización ya no es una cuestión ambiental, sino de seguridad, economía y modelo industrial", considera Pardo. No obstante, sí se han abierto ciertas brechas para tratar de suavizar el camino hacia el objetivo, inalterable por el momento, de la neutralidad climática en 2050.
En primer lugar, se permitirá comprar derechos de emisiones a terceros países. Además, no se descarta modificar el porcentaje de reducción de emisiones para 2040, que ahora es del 90%. Sobre ese reto, se dará libertad a los países a la hora de determinar cómo contribuye cada sector de la industria al objetivo.
Calendario descarbonización y objetivos renovables
También hay un punto de discusión acerca del etiquetaje de los productos que se definen como "sostenibles". Bruselas, en un principio, excluyó a las empresas que desarrollan proyectos de combustibles fósiles, pero la norma todavía ha de superar el filtro de los Estados miembros y los eurodiputados, que ya han planteado una modificación.
Este asunto, junto con la hoja de ruta para dejar de depender de las energías fósiles, se mantiene tal como estaba previsto. A partir de 2030, los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión (PM10) se situarán en 20 μg/m3, un dato que ahora mismo rebasan las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Una de las acciones para lograrlo es el despliegue y ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones.
Los topes establecidos para dentro de cuatro años aún no coincidirán con la recomendación de la OMS, que es de 10 μg/m3. "Los nuevos planes de calidad del aire también deberán incluir fórmulas para rebajar la cantidad de ozono, que aún supone una asignatura pendiente", advierte Miquel Ortega, físico del CSIC y doctor en Ciencias Ambientales.
