El Gobierno obliga a hacer más clara la información en hospitales, transportes y juzgados para personas con dificultades de comprensión

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que sienta las bases para que las personas con dificultades de comprensión puedan entender mejor la información que se ofrece en centros sanitarios, espacios públicos, transporte, juzgados o en procesos electorales. Ya existe normativa que impulsa que los carteles o la información se ofrezca en braille o con sonido para personas ciegas y sordas, pero la nueva normativa va un paso más allá con el fin de que las comunicaciones sean más fácil de entender para personas mayores con deterioro cognitivo, migrantes que no denominan las lenguas cooficiales o personas con discapacidad intelectual.

El real decreto establece que debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida, "para que todas las personas puedan comprender la información, comunicarse, orientarse y realizar actividades con autonomía y sin discriminación", de forma que todas las personas con dificultades de comprensión "tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía", según el Ministerio impulsor, el de Derechos Sociales.

El decreto aboga por un lenguaje claro, lectura fácil y pictogramas para transmitir información

En concreto, la normativa obliga a ofrecer "herramientas, recursos y soluciones" que hagan comprensible la información que se ofrece en centros sanitarios, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales o espacios culturales, además de los procesos electorales. El real decreto establece que en estos ámbitos han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación con un lenguaje claro, de lectura fácil o con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

También que se ofrezcan recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.

Los beneficiarios

El decreto busca beneficiar al mayor número de personas con problemas de comprensión. Derechos Sociales señala que está especialmente dirigido a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

El reglamento cumple con la disposición adicional segunda de la ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y constituye el primer marco normativo que "proporciona una accesibilidad de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios", según el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.

De forma paralela, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que es centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, está desarrollando iniciativas para hacer más fáciles trámites administrativos complicados como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, la obtención del DNI o la regularización de personas migrantes.

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