Las cárceles catalanas tendrán inhibidores de móviles este 2027 tras requisar una media de 860 terminales cada año

Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, destapada hace un mes, permitió descubrir que, desde una celda del centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, Daniel Doya, un preso condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de su mujer, lideraba una red de tráfico ilegal de armas destinada a bandas organizadas. Con la ayuda de su hija, que grababa imágenes de las armas y se las enviaba, el sospechoso cerraba los acuerdos con un teléfono desde su celda a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.

Para acabar con este tipo de prácticas y evitar que los internos tengan teléfonos móviles, algo que está prohibido y muy castigado según el régimen interno penitenciario, el Departament de Justícia quiere instalar inhibidores en las cárceles. La intención de la conselleria que dirige Ramon Espadaler es que el año próximo, 2027, todas las prisiones catalanas dispongan de este tipo de inhibidores para evitar que los internos puedan utilizar estos terminales

Estos dispositivos completarán a los que ya es están instalando para evitar la presencia de drones. Precisamente, una de las formas de introducir teléfonos móviles en las cárceles es mediante estos aparatos voladores, que también suelen transportar droga. A principios de verano se inició el proceso de colocación de estos dispositivos 'antidrones' en las cárceles, después de realizar una prueba piloto en los centros de Brians 1 y 2. El objetivo es que todos estén en funcionamiento el año próximo: fuentes de Justícia han explicado a EL PERIÓDICO que se sigue el calendario "previsto".

Unos 860 móviles al año

Entre 2021 y 2025 los funcionarios de prisiones requisaron 4.039 teléfonos en las prisiones catalanes, según un informe de la asociación de trabajadores penitenciarios Marea Blava. Entre 2023 y 2025, se requisaron una media anual de 860 terminales y la previsión para este 2026 es que la cifra sea similar. De momento, según los últimos datos disponibles, en los dos primeros meses de este año se confiscaron 137.

En las cárceles conviven dos tipos de teléfonos móviles, explica a este diario Marea Blava: smartphones de gama básica, que en el mercado exterior cuestan entre 150 y 200 euros y cuyo precio dentro de la prisión se multiplica por diez, y los llamados "minimóviles", terminales más antiguos cuyo precio ronda los 30 euros fuera de prisión y que son más fáciles de esconder al ser más pequeños. Desde hace un par de años, los funcionarios casi solo requisan modelos smartphone.

Dentro de la cárcel, los teléfonos se suelen compartir o alquilar entre los presos para conseguir ingresos. En este sentido, apunta la entidad, los móviles suelen generar "redes de extorsión y deudas entre internos", lo que afecta "negativamente" a la convivencia. La mayoría de los internos utilizan los teléfonos para comunicarse con el exterior, aunque el personal penitenciario también ha detectado algunos casos en los que los presos los utilizan para cometer delitos, principalmente para vulnerar órdenes de alejamiento o prohibiciones de comunicación, aunque también para gestionar la entrada de droga en las prisiones.

El proyecto de instalación de inhibidores está todavía en fase de licitación y, según apuntan los sindicatos, deberá resolver técnicamente cómo los inhibidores pueden afectar al entorno de la cárcel así como permitir que funcionen los teléfonos y otros aplicativos "imprescindibles" ante emergencias.

Marea Blava reclama, además de más personal penitenciario, principalmente en las áreas de comunicaciones e ingresos para reforzar los registros, más "severidad" en las sanciones impuestas a los internos a los que se les requisa un teléfono móvil.

Escáners de última generación

El proyecto de los inhibidores de móviles forma parte del plan integral para incrementar la seguridad en las cárceles catalanas que presentó el pasado octubre Espadaler. El plan también incluía, además de drones e inhibidores, el uso de escáners corporales de última generación para facilitar a los funcionarios la detección de droga, móviles, armas y otros objetos prohibidos que los internos oculten en la ropa o en el cuerpo.

Estos escáners no están aún operativos. Según ha explicado Justícia a EL PERIÓDICO, se ha realizado una consulta técnica pública abierta a las empresas del sector para concretar el pliego de la adjudicación. Una vez se licite, se hará el concurso para adquirir estos aparatos y posteriormente se iniciará su instalación en los centros penitenciarios, aunque no existe un calendario sobre cuándo podrían estar operativos.

Los escáneres corporales se instalarán en el módulo de ingreso a la cárcel y en el departamento de comunicaciones para examinar a los internos después de que reciban visitas personales, familiares o íntimas.

Actualmente, las personas que mantienen contactos íntimos, familiares o de convivencia con los presos son cacheadas antes y después del encuentro. Si los funcionarios de prisiones tienen "sospechas fundamentadas sobre una posible introducción o ocultación de sustancias prohibidas o de objetos peligrosos después de una comunicación especial", se pueden practicar registros con desnudo integral, de acuerdo con la normativa y los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos de la persona interna. También se pueden ordenar pruebas radiológicas ante "indicios contrastados que hagan presumir la introducción en el centro penitenciario de objetos o sustancias prohibidas".

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