SOS de la Audiencia Nacional ante el colapso por el "enorme incremento" de causas de tráfico de drogas

El fuerte aumento de las causas por tráfico de drogas está poniendo al límite la capacidad de la Audiencia Nacional. La Sala de Gobierno ha advertido de que está asumiendo "un número muy importante de causas judiciales", muchas de ellas "especialmente voluminosas y complejas", tanto por los delitos investigados como por las ramificaciones internacionales o la cantidad de personas implicadas, con numerosos investigados además en situación de prisión provisional. Desde la Sala también se pone el foco en que ante esta situación de colapso tampoco ayuda la "repercusión mediática" que pueden generar las decisiones que se pueden adoptar en las citadas causas.

Los magistrados de la Audiencia Nacional recuerdan el "enorme incremento" de causas relativas al tráfico de drogas, alineándose con la Fiscalía Especial Antidroga, que recientemente mostró su "preocupación" por el fenómeno. Muchas de estas causas le han sido turnadas a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza número uno, que sufre "unos insuficientes recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la carga de trabajo en tiempo razonables, incluyendo una elevada interinidad en el personal y una gran movilidad del mismo".

El número de procedimientos por tráfico de drogas en España creció un 23,21% en solo un año, al pasar de 23.949 en 2023 a 29.758 en 2024, según la Memoria de la Fiscalía de 2025, la última publicado. El incremento fue aún mayor en las causas relacionadas con sustancias que el Código Penal considera de mayor gravedad, como la cocaína, que pasaron de 8.427 a 12.943, un 53,59% más. Asimismo, se han incrementado en un 32,14% el número de diligencias previas incoadas en los Juzgados Centrales de Instrucción, en el ámbito de la competencia Fiscalía Especial en la Audiencia Nacional. El mayor aumento, precisa la Fiscalía, se da de hecho en “los delitos de tráfico de drogas más graves” que son los que se cometen a través de organización y que afectan al territorio de varias provincias.

Las incautaciones de droga siguen estando vinculadas a los puertos de entrada, especialmente Valencia, Barcelona y Algeciras, a lo que hay que sumar "importantes cantidades intervenidas en las embarcaciones objeto de abordaje"

En su Memoria, la Fiscalía Antidroga ya expresaba que el tráfico de estupefacientes, "una amenaza silenciosa para la sociedad", iba mostrando "más potencial de daño, utilizando más violencia y una potente capacidad de corrupción" que conduce a un "deterioro de la seguridad y una merma de confianza" en las instituciones públicas.

Según los datos que ofrece la Fiscalía, las incautaciones siguen estando vinculadas a los puertos de entrada, especialmente Valencia, Barcelona y Algeciras, a lo que hay que sumar "importantes cantidades intervenidas en las embarcaciones objeto de abordaje" y, también, en los aeropuertos, que vienen siendo utilizados "cada vez con mayor frecuencia como vía de entrada de todo tipo de sustancias, también de cocaína", cuyo "bajo precio implica una gran disponibilidad de esta sustancia".

"Inaceptable lentitud"

La Sala de Gobierno mantiene que en la actualidad se aprecia, especialmente en los juzgados territoriales, una "inaceptable lentitud en la tramitación de los procedimientos de especial trascendencia", que lo son precisamente por su complejidad y, en particular, cuando implican a un elevado número de investigados. Esta situación unida al aumento de la criminalidad asociada al narcotráfico en forma de delitos violentos, 'vuelcos' –robos violentos de mercancías entre los propios delincuentes– y ajustes de cuentas, "produce un colapso de los órganos judiciales, especialmente en los mixtos".

“No se debe olvidar que a la tarea procesal de la investigación se suman en estas causas complicadas labores que exigen decisiones urgentes sobre vehículos y embarcaciones: decomisos, embargos, usos provisionales, encomiendas a la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), realizaciones anticipadas o destrucciones, e intervenciones de terceros de buena fe llamados al proceso”, señala la Fiscalía.

Esta no es la primera vez que la Audiencia reclama más medios. La Sala de Gobierno ha pedido en tres ocasiones anteriores que se implementen “medidas de refuerzo” para el referido órgano judicial que investiga las causas del mercado ilícito de estupefacientes, como la adscripción a la mencionada plaza de un "magistrado o magistrada" sin funciones jurisdiccionales en los términos de la Disposición Adicional Vigésimoprimera de la Ley Órganica del Poder Judicial.

Desde la Audiencia se subraya también "la problemática existente" ante la "importante ralentización" en cuanto al incremento de la planta judicial en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, antes denominados Juzgados central de instrucción, ya que desde el año 1996 no se ha creado ningún órgano de las referidas características.

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