Piratas informáticos en la cárcel: presos de la cárcel Puig de les Basses 'hackean' información de la prisión de Figueres

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha detectado un acceso no autorizado a documentación compartida ubicada en unidades de red del Centro Penitenciario de Puig de les Basses, ubicado en Figueres por parte de internos del centro. Las primeras inspecciones de Justícia indican que no se ha producido ningún acceso a sistemas de información penitenciarios críticos ni se ha comprometido el funcionamiento de los servicios del centro y añaden que los 'hackers' han sido identificados.

Tras detectar el incidente, los responsables del centro penitenciario activaron de manera inmediata las medidas de seguridad correspondientes. Además, Justícia ha remarcado que las cárceles catalanas están reforzando sus cortafuegos para impedir estos ataques y seguir con la protección de los sistemas y de la información.

A partir de este ataque informático, Justícia ha abierto una investigación para esclarecer cómo los internos accedieron a esta información. También la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha iniciado un análisis técnico exhaustivo para determinar cómo se produjo el 'pirateo' y las afectaciones derivadas en materia de seguridad de los centros. También se ha denunciado el incidente ante el Juzgado de Guardia de Figueres y en la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

El director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido este miércoles con representantes de las organizaciones sindicales representativas del ámbito penitenciario. Durante esta reunión se les ha informado del incidente y se les han explicado las medidas adoptadas por parte de Justícia

Quejas sindicales

Pese a este encuentro, el sindicato SICAP-Fepol ha denunciado "una quiebra de extrema gravedad en la seguridad de los sistemas informáticos vinculados a los centros penitenciarios de Catalunya" con este "acceso no autorizado a archivos confidenciales y datos de salud de la Generalitat desde prisión" por parte de internos. El sindicato añade que los presos usaron los ordenadores que tienen a su alcance para ver "datos personales, sanitarios y otras categorías especialmente protegidas"

"No estamos ante una incidencia menor ni ante un fallo puntual: estamos ante una brecha que compromete la confidencialidad de información pública sensible y evidencia que la separación entre los equipos destinados al uso de los internos y los sistemas corporativos no ha funcionado", señala el sindicato. También han remarcado que, tanto internos como trabajadores, habían advertido desde 2025 "de la existencia de accesos indebidos y de deficiencias en la configuración y el control de estos equipos".

Por eso, SICAP-Fepol remarca que "si estas alertas fueron conocidas y no se actuó con la rapidez y la contundencia necesarias, no estaríamos únicamente ante un fallo técnico, sino ante una intolerable dejación de responsabilidades. La Administración no puede esconderse ahora detrás de explicaciones genéricas ni reducir lo sucedido a un error informático. Debe aclarar desde cuándo era posible el acceso, en cuántos centros se ha producido, qué sistemas y archivos se han consultado, cuántas personas pueden estar afectadas, si hubo descarga, copia o difusión de datos y por qué no se neutralizó el riesgo cuando aparecieron las primeras advertencias".

SICAP-Fepol también pide "la desconexión inmediata de la red, inmovilización y retirada provisional de todos los equipos accesibles a internos que puedan estar afectados, garantizando previamente su custodia forense y la conservación íntegra de los registros; una auditoría técnica externa, urgente e integral de todos los ordenadores, redes, permisos, credenciales y repositorios utilizados en los centros penitenciarios catalanes; la revocación de sesiones y credenciales potencialmente comprometidas, así como una segmentación efectiva que impida cualquier comunicación entre los equipos de uso de internos y los sistemas corporativos, La identificación de los datos y documentos consultados, descargados o difundidos, del número de personas afectadas y del periodo durante el cual la vulnerabilidad permaneció abierta; la comunicación inmediata y transparente a las personas afectadas cuando exista un alto riesgo para sus derechos y libertades, con indicación de las medidas de protección que deban adoptar y la creación de una comisión de investigación verdaderamente independiente, con especialistas externos en ciberseguridad y protección de datos".

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