Mònica Gascón, vecina de Girona, denuncia un "calvario burocrático" para registrar cuatro gallinas para autoconsumo

La búsqueda de hábitos de vida más sostenibles y el consumo de proximidad han impulsado en los últimos años el aumento de pequeñas explotaciones avícolas de autoconsumo en las comarcas gerundenses. Sin embargo, algunos particulares que han decidido regularizar la tenencia de sus aves se han encontrado con un procedimiento administrativo que consideran difícil de asumir para instalaciones domésticas de dimensiones muy reducidas. Es el caso de Mònica Gascón, vecina de Castelló d’Empúries, que, después de solicitar la inscripción de sus cuatro gallinas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, a través del Ayuntamiento, asegura que se ha visto inmersa en un proceso burocrático que califica de «desproporcionado» teniendo en cuenta la dimensión de su actividad.

Normativa del Departamento

El Departamento de Agricultura recuerda que la normativa obliga a registrar también las explotaciones avícolas destinadas al autoconsumo familiar, con el objetivo de garantizar la sanidad animal y facilitar el control ante posibles brotes de enfermedades como la gripe aviar. La normativa considera explotaciones avícolas de autoconsumo aquellas que disponen de hasta 30 gallinas ponedoras destinadas exclusivamente al consumo familiar. Por tanto, la inscripción también es obligatoria en casos como el de Gascón, con solo cuatro aves.

El debate que plantean algunos particulares es si los mismos protocolos pensados para garantizar el control sanitario de las explotaciones ganaderas son proporcionados cuando se aplican a pequeños gallineros domésticos. Una vez inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), la explotación debe cumplir las medidas de bioseguridad establecidas por la normativa. Entre estas obligaciones están la elaboración de un plan de higiene y bioseguridad, protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones, el control de la calidad del agua de bebida, el registro de determinadas actuaciones sanitarias y medidas para evitar el contacto de las aves con animales silvestres.

El procedimiento administrativo también puede requerir documentación complementaria, como la autorización del propietario del inmueble cuando el titular de la explotación no es el propietario, y también una revisión veterinaria para comprobar que tanto la documentación como las instalaciones cumplen los requisitos establecidos. Esta aplicación de la normativa genera dudas entre algunos propietarios y también profesionales veterinarios, que consideran que, aunque las medidas responden a criterios de prevención sanitaria, algunos de los requisitos pueden resultar difíciles de aplicar en pequeños gallineros familiares ubicados en patios o terrazas particulares.

Mònica Gascón asegura que cuando inició el proceso no buscaba evitar ningún control, sino precisamente adaptar su situación a la normativa. «Yo quería hacer las cosas bien, informarme y tenerlo todo en regla», explica. Según relata, el proceso comenzó cuando presentó la instancia correspondiente en el Ayuntamiento de Castelló d’Empúries para comunicar que tenía cuatro gallinas en la terraza de su casa. «Pensé que todo seguiría un curso lógico, pero la realidad ha sido muy diferente», señala.

Cuatro gallinas, una explotación ganadera

La sorpresa, asegura, llegó cuando le comunicaron que aquella tenencia de aves implicaba la consideración de una explotación ganadera de autoconsumo y que debía seguir un procedimiento específico. «Me quedé atónita cuando empezaron a pedirme toda una serie de trámites que parecen pensados para una granja de mayores dimensiones», relata.

Después de la comunicación inicial, Gascón recibió una llamada en la que le explicaron los pasos necesarios para completar el registro. El proceso incluía la cumplimentación de varios formularios administrativos, la aportación de datos personales y también la firma del propietario de la vivienda donde se encuentran las aves. «Me explicaron que tenía que rellenar toda una serie de documentación, con información personal e incluso con la firma del propietario de la vivienda. Cuando lo tuviera cumplimentado, tenía que reenviarlo y después pedir hora con el veterinario», explica.

Según le indicaron, los servicios veterinarios deben revisar la documentación presentada y pueden comprobar la adecuación de las instalaciones. En el caso de las explotaciones de autoconsumo, estas comprobaciones pueden incluir una visita al gallinero o la solicitud de fotografías del espacio donde viven las aves. «Cuando pregunté el porqué de todo este despliegue, la respuesta fue la gripe aviar. Pero mis gallinas no salen de la terraza de casa», remarca.

Para Gascón, el problema no es la necesidad de prevenir enfermedades, sino que el procedimiento no diferencie lo suficiente entre una explotación profesional y una pequeña instalación doméstica. Considera que una normativa demasiado compleja puede acabar provocando el efecto contrario al que busca la Administración: que personas que quieren regularizar su situación acaben desistiendo ante la dificultad del proceso. «Siento que se me penaliza por haber querido hacer las cosas bien», afirma.

Como si fueran de la familia

La castellonense explica que las cuatro gallinas no son solo una fuente de huevos para el consumo familiar, sino que forman parte de una manera de entender la relación con la alimentación y el territorio. «Mi lema siempre ha sido: tú las cuidas y ellas te cuidan», explica. Gascón asegura que las cuidan como a un miembro más de la familia y destaca que, además del vínculo con los animales, hay también una apuesta por el consumo de proximidad. «Tienen su espacio, disfrutan de la terraza y nos proporcionan un alimento saludable y de proximidad. A nosotros nos gusta comer bien», relata. Aun así, reconoce que la complejidad del proceso le ha hecho plantearse si vale la pena continuar con la regularización. «No me sale a cuenta registrarlas y pasar todo este calvario», lamenta.

Según explica, también la han informado de que no completar el procedimiento puede comportar sanciones económicas. «Me explicaron que si no haces todo el proceso te puedes exponer a multas de hasta 3.000 euros y que, además, se tiene que renovar cada año», afirma. Para Gascón, habría que encontrar un punto de equilibrio entre el control sanitario necesario y una aplicación más adaptada a la realidad de las pequeñas explotaciones familiares. «No estoy en contra de la normativa, pero creo que se debería buscar una manera para que la gente que quiere hacer las cosas correctamente no acabe renunciando por la complejidad del proceso», concluye.

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