Tres años del asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia: ¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuánta condena aún debe cumplir? ¿Podría volver a España? ¿Y recibir un indulto?

Daniel Sancho cumple esta semana tres años en prisión desde su detención en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La situación procesal del hijo del actor Rodolfo Sancho apenas ha cambiado en estos años: no existe actualmente ninguna solicitud de indulto pendiente de resolución y el siguiente paso clave del caso sigue siendo el fallo del Tribunal de Apelaciones de Phuket.

Sancho permanece en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani cumpliendo una condena de cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia todavía no es firme, ya que continúan pendientes de resolución los recursos presentados por la defensa y la acusación.

La sentencia del caso

El 29 de agosto de 2024, más de un año después de los hechos, el Tribunal Provincial de Samui declaró a Daniel Sancho culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. La sentencia concluyó que existió planificación previa, al considerar acreditada la compra de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico antes de los hechos, además de entender que el acusado golpeó a la víctima con intención de matarla.

El tribunal también le declaró culpable de ocultar y desmembrar el cadáver, así como de sustraer o destruir el pasaporte de la víctima. Aunque inicialmente impuso la pena de muerte por el delito de asesinato premeditado, la redujo a cadena perpetua al valorar la confesión inicial y la colaboración prestada durante la investigación. Además, fijó una indemnización de alrededor de cuatro millones de baht, unos 107.000 euros al cambio.

Condena impuesta

Daniel Sancho ya ha cumplido tres años de privación de libertad, incluyendo aproximadamente un año de prisión preventiva que computa para el cumplimiento de la condena, pero no existe una fecha concreta de salida de prisión.

Esto se debe a que la cadena perpetua, al que fue condenado Sancho, no tiene una duración determinada. Solo podría modificarse si prospera alguno de los recursos, si recibe un perdón real o si la pena se transforma posteriormente en una condena temporal.

Resultado de la apelación

El recurso de la defensa, presentado el 26 de marzo de 2025, solicita la repetición del juicio o la celebración de una nueva vista con nuevos testigos y pruebas y, de forma subsidiaria, una rebaja de la condena mediante una calificación menos grave de los hechos.

La información oficial más reciente llegó el pasado 3 de agosto, cuando una representante del Tribunal Provincial de Samui aseguró que "no debería faltar mucho" para la resolución. No obstante, también confirmó que el Tribunal de Apelaciones de Phuket todavía no ha fijado una fecha para la lectura de la sentencia.

El abogado español de Daniel Sancho ha apuntado que podría haber novedades hacia noviembre de 2026, aunque ha insistido en que se trata únicamente de una estimación. Además, incluso tras la apelación, cualquiera de las partes podría recurrir ante el Tribunal Supremo del país.

Un posible indulto

Uno de los aspectos que más dudas ha generado es la posibilidad de que Daniel Sancho solicite un indulto. La legislación tailandesa sí contempla esa opción, pero únicamente cuando la sentencia sea firme. Mientras existan recursos pendientes, no puede iniciarse ese procedimiento.

En caso de que la condena adquiera firmeza, la petición podría presentarla el propio preso, sus familiares directos o incluso la representación diplomática española. La decisión corresponde al rey de Tailandia, previa tramitación del Departamento de Prisiones y del Ministerio de Justicia, y podría traducirse en una conmutación de la pena, una reducción parcial o, en determinados supuestos, la liberación.

Regreso a España

El posible traslado de Daniel Sancho a una prisión española también depende de que la sentencia sea firme. España y Tailandia mantienen un acuerdo bilateral para el traslado de personas condenadas, pero el procedimiento exige que no existan recursos pendientes, además del consentimiento del preso y de ambos Estados y el cumplimiento de los requisitos legales y económicos establecidos.

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