El Gobierno moviliza 25 millones de euros ante el colapso de la atención a los menores en Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, quien viajará a Ceuta en los próximos días, va a realizar una transferencia de crédito extraordinario de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para la atención de urgencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad y ante el colapso que viven sus centros.

Infancia ha coordinado, junto al Ministerio de Educación, la habilitación de dos centros educativos de Ceuta como lugar de atención a los menores de edad migrantes no acompañados (en torno a un millar según fuentes oficiales) que la pasada semana llegaron a la ciudad autónoma, especialmente las niñas.

Mecanismos disponibles

Desde el lunes 27 de julio, el Ministerio de Juventud e Infancia "sigue de cerca" la situación en Ceuta en contacto con el Gobierno de la ciudad autónoma, la Delegación del Gobierno y el resto de administraciones. "El objetivo es garantizar los derechos de la infancia migrante no acompañada, activando todos los mecanismos disponibles para una acogida digna y alertando a todas las administraciones de la necesidad de poner en el centro de las actuaciones el interés superior de la infancia", señala este departamento.

Desde el ministerio también se recuerda que la ley de Extranjería obliga a las comunidades a acoger a los menores de forma "vinculante y solidaria". "Cabe recordar que, desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria", señalan las mismas fuentes.

En 15 días

El artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformada mediante Real Decreto-ley en 2025, incluye que el traslado de menores migrantes a otras comunidades debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente, precisa el Ministerio. El Gobierno deberá reubicar en las comunidades autónomas, en un plazo de 15 días, a los cientos de menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta. 

El decreto ley fue convalidado por el Congreso el 10 de abril de 2025 y establece que la resolución de traslado debe notificarse en un máximo de 10 días naturales desde la propuesta. Una vez notificada, el traslado físico debe ejecutarse en un máximo de cinco días naturales. En todo caso, el límite total es de 15 días desde la inscripción.

Reagrupación familiar

Desde el Ministerio de Juventud se explicaba este lunes que el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería también determina la posibilidad de establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de personas menores de edad.

De la misma forma, añaden, el artículo 35.5 permite la reagrupación familiar de los niños, niñas y adolescentes migrantes "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Dos naves

Por otro lado, el Gobierno de Ceuta ha habilitado dos naves industriales en la zona del Tarajal, próxima a la frontera con Marruecos, con capacidad para unas 500 personas con la intención de acoger en su interior a los menores que han entrado irregularmente en la ciudad y que estima en torno a un millar. En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha calificado de "colapso y desborde" la situación de la ciudad en materia de menores al tener ocupados tanto el centro de acogida como los recursos extraordinarios que habían sido habilitados.

El Gobierno ceutí atiende a 1.000 menores aunque cree que "serán más porque hay muchos que están por las calles y que todavía no han acudido a los centros de acogida". En este caso, ha dicho que la Policía Local se encargará de trasladar a los menores que encuentre por la ciudad hasta los centros habilitados.

El portavoz del Gobierno ceutí ha dicho que es "bienvenida" la partida de 25 millones de euros adicionales que recibirá la ciudad para atender esta crisis No obstante, el Gobierno ceutí ha afirmado que todavía "se desconoce" el montante económico que tendrá que destinar y ha pedido al Estado que habilite más recursos para la acogida extraordinaria.

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