Drets Socials
Anticorrupción investiga si hubo delito en las ayudas de la DGAIA a jóvenes extutelados
La Oficina Antifrau ha remitido a la fiscalía los expedientes sobre estas presuntas irregularidades y está pendiente de enviar una investigación sobre "plazas fantasmas" en viviendas para jóvenes salidos del sistema de protección
El Parlament cierra la crisis de la DGAIA sin señalar responsables políticos

Fachada de la sede de la DGAIA, a Barcelona. | MANU MITRU
La Fiscalía Anticorrupción está investigando si se cometió un delito en la gestión de las ayudas otorgadas por la Direcció General d'Atencio a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) –transformada ahora en la DGPPIA– a jóvenes extutelados, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. Por esta razón, el fiscal encargado de estas pesquisas ha solicitado a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le remita las actuaciones que ha estado realizando no solo sobre este asunto, sino también sobre otra polémica que envuelve a este organismo dependiente del Departament de Drets Socials: el pago a determinadas entidades por administrar viviendas en Girona para extutelados que contaban con habitaciones vacías, a pesar de cobrar por cada una de las plazas.
La OAC ya ha remitido a la fiscalía la información y el expediente sobre las ayudas a los jóvenes extutelados. La investigación de Antifrau está concluida y ha determinado que no se ha acreditado la existencia de un fraude, aunque sí se han detectado incumplimientos y deficiencias en el seguimiento y el control de esta medida. Ahora, la fiscalía deberá determinar si existe o no un delito y, si es así, quién lo ha cometido. Si llega a esta conclusión, podría presentar una denuncia o querella.
Las "plazas fantasma"
Una de las cuestiones importantes es determinar si hubo un simple descontrol de la Administración a la hora de supervisar las prestaciones o si hubo una conducta que se puede encuadrar en un delito y un autor en concreto.
El caso se estudia desde 2025, cuando se destapó la existencia de una denuncia de un extrabajador del tercer sector acerca de unas irregularidades en las prestaciones económicas y en los recursos habitacionales para jóvenes extutelados. Por ejemplo, se constató que un joven estaba recibiendo dos prestaciones cuando hacía meses que vivía y trabajaba en Valencia. Otros empleados denunciaron que había entidades de Girona que, aun teniendo plazas vacías en los pisos para extutelados, cobraban de la Generalitat como si las habitaciones estuvieran llenas.
Antifrau aún no ha enviado la documentación relativa al tema de las "plazas fantasma" en las viviendas de Girona. Todavía no se ha concluido el expediente y los técnicos están analizando la numerosa documentación que se ha recopilado, entre ellos los contratos suscritos con las dos entidades sociales a las que se les adjudicó este servicio: Mercè Fontanillas y Resilis. Hace unos meses, el Departament de Drets Socials anunció que no renovaría el contrato a estas dos entidades y que pasaría a gestionar directamente estas prestaciones para evitar problemas similares más adelante.
Choque con el Parlament
La semana pasada, el Parlament dio por cerrada la comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA que había empezado un año atrás, cuando salió a la luz una red de pederastia que afectó a una menor de 12 años bajo el paraguas de la dirección general y un primer informe de la Sindicatura de Comptes advirtió por primera vez de que se estaban produciendo estos pagos indebidos a jóvenes extutelados. La Cámara catalana aprobó, por la mínima gracias a los votos de PSC, ERC y Comuns, gran parte del dictamen emitido por los diputados que formaban parte de la comisión que coincidía con las conclusiones de la investigación de Antifrau y apuntaba a una "falta de control" derivada de una elevada externalización de los recursos.
Sin embargo, la Cámara catalana rechazó por unanimidad la 'propuesta de mejora 7'. Es el punto del dictamen en el que se reclamaba a la Administración una gestión "rigurosa e íntegra" de las prestaciones que eliminara el "margen de lucro opaco" de las asociaciones o empresas. El texto también exigía al Departament de Drets Socials que separara completamente "las instancias de acompañamiento de las de supervisión financiera". Es decir, que ninguna entidad se encargue a la vez de acompañar a los jóvenes extutelados y de decidir qué cantidad de ayudas deben recibir para evitar conflictos de interés.
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