Una demolición cada tres días: la guerra silenciosa contra las construcciones ilegales en Mallorca

Alejada de los titulares, y en ocasiones imperceptible para la opinión pública, en Mallorca se libra una guerra silenciosa contra las infracciones urbanísticas. Cada año se sancionan o derriban decenas de construcciones ilegales por todo el territorio, desde una pequeña ampliación de un porche hasta una vivienda de 250 m2, pasando por una piscina pensada para refrescarse en verano. Del control, la inspección y la sanción de estas irregularidades se encarga desde 2009 la Agència de Defensa del Territori (ADT) de Mallorca. Los datos registrados por la entidad hablan por sí solos: entre 2017 y 2025 ejecutaron 959 demoliciones que, sumadas a las efectuadas durante 2026, rebasan ya las 1.000.

Todo el mundo quiere una casa en suelo rústico en la isla. Pero para poder tenerla hay que ceñirse a la normativa. Según la Memoria de Actividades de la ADT de 2025, se iniciaron 188 expedientes de sancionadores (de demolición) a lo largo del año pasado, un 80% más que en 2024, cuando se incoaron 104. Además, según ha explicado a este diario fuentes de la Agència, el aumento de personal permitió incrementar en un 60% las inspecciones realizadas, pasando de las 368 del 2024 a las 595 del año pasado.

Aunque inspección no siempre equivale a denuncia, la ADT, órgano dependiente del Consell de Mallorca, presentó en 2025 409 denuncias por infracciones urbanísticas, 90 de las cuales llegaron por avisos particulares y 319 por parte de las administraciones públicas. Y es que los celadores municipales, el SEPRONA y los agentes de Medio Ambiente, entre otros, se convierten en actores fundamentales a la hora de detectar y denunciar irregularidades en fincas privadas. Según cuentan desde la Agència, aunque hay cuerpos de inspectores encargados de esta tarea, la labor de los colectivos citados se torna fundamental a la hora de localizar edificaciones ilegales, pues debido a la idiosincrasia de su profesión se desplazan con asiduidad por los diferentes municipios de la isla, permitiendo controlar mucha más cantidad de territorio y ampliando así el campo de actuación de la propia ADT.

La tipología de los expedientes incoados demuestra la variedad de infracciones que se cometen en la isla. La Memòria de la Agència destaca, un año más, que las piscinas ilegales siguen siendo la infracción a la cabeza, representando un 12,96% del total de ilegalidades detectadas, con un crecimiento de un 4% respecto a 2024. En la misma línea, el documento también alerta de la proliferación de infraviviendas, que representaron un 3,70% de las infracciones detectadas, con un descenso de un 5% respecto al ejercicio anterior. El desglose general se distribuye de la siguiente manera: un 22,22% por edificaciones sin licencia; un 20,37% por viviendas sin licencia; un 11,11% por movimientos de tierras; un 9,26% por reformas o ampliaciones; un 7,41% por cerramientos; y un 29,63% por otros tipos de infracciones, algunas de las cuales incluyen varias de las tipologías ya citadas.

Una demolición cada tres días

El ritmo de demoliciones no ha dejado de crecer en los últimos años -más de mil desde 2017-, factor que demuestra, al igual que el dato de expedientes iniciados, que los 'piratas' urbanísticos, ya sean empresas o particulares, siguen campando por el territorio y no temen a las altas sanciones económicas a las que se enfrentan. La ADT acaba con toda construcción ilegal, ya sea una habitación anexa en una vivienda o un circuito de motocross, facilitando el trabajo en materia urbanística a los ayuntamientos adheridos por convenio a la Agència.

En total, en 2025 se ejecutaron 118 demoliciones de edificaciones irregulares, lo que equivaldría a una cada tres días. Aunque no todas corresponden a expedientes abiertos ese mismo año, pues los procedimientos pueden alargarse y algunos de ellos acaban ejecutándose años después. En comparación con 2024, año en que se efectuaron 93 derribos, se registró un incremento del 26,88%.

En Mallorca se necesitan 14.000 m² o más para construir en suelo rústico, lo que equivaldría, aproximadamente, a unas dos quarterades. Tres de cada cuatro de las infracciones detectadas fueron en parcelas con dimensiones inferiores a las que marca la ley (74,08%), mientras que las restantes se llevaron a cabo en fincas de mayor tamaño (25,92%). Sin embargo, apuntan fuentes de la ATD, en muchos casos se ven obligados a expedientar y, en consecuencia, demoler, construcciones en solares en los que ya se ha agotado la edificabilidad, como podría ser el caso de un chalet sin más terreno edificable disponible en el que se hace una piscina, incurriendo así en una infracción urbanística. Este tipo de casos, señalan las mismas fuentes, suponen hasta un 90% de las irregularidades detectadas.

Todas estas actuaciones acaban teniendo, en la mayoría de casos un retorno económico para la ADT. Según los datos de la Memòria, en 2025 impusieron sanciones por valor de 4,7 millones de euros, 1,2 millones más que en 2024 (3,5M). Sin embargo, el importe de las sanciones impuestas durante el ejercicio no equivale a la cantidad recaudada ese mismo año, ya que entre la imposición de una multa y su cobro pueden transcurrir varios años debido, entre otros factores, a los recursos presentados y al procedimiento de recaudación. En total, el año pasado recaudaron 2,6 millones de euros, una importante cantidad que además se reinvierte en la propia Agència para, entre otros asuntos, seguir aumentando la plantilla.

Aun así, los infractores tienen fórmulas para conseguir disminuir la cuantía de la sanción. Si mientras su expediente está abierto ejecutan la demolición de forma voluntaria, pueden beneficiarse de reducciones de entre un 50% y un 90% de la multa. Pero, si no ejecutan el derribo una vez emitida la orden, se enfrentan a multas mensuales de un 10% del valor de la construcción. Por eso, de los 118 derribos del año pasado, 62 se efectuaron de forma voluntaria durante el procedimiento y solo 8 fuera del período concedido.

Suscríbete para seguir leyendo