La madre de Noelia insta a la ONU a investigar a España por no proteger a su hija antes de autorizar su eutanasia

La eutanasia de Noelia Castillo ha llegado a la ONU. Su madre, Yolanda Ramos, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el el Estado cumplió con su obligación de proteger a su hija cuando fue víctima de violencia contra la mujer, antes de autorizar su eutanasia.

La mujer, representada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, cuestiona el posible incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales de protección hacia Noelia "víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad".

La queja señala que Noelia acumulaba numerosos factores de riesgo, ya que creció en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que llevó a su ingreso durante varios años en un centro tutelado y fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo. Para Abogados Cristianos estas experiencias "marcaron profundamente su salud mental y agravaron una situación ya de por sí extremadamente delicada".

Recuerdan que antes de su intento de suicidio en 2022, tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, con una discapacidad reconocida del 67%. Por eso, la madre considera que, tras ese intento de suicidio, el Estado no desplegó la protección reforzada que exigía la situación de su hija.

Sin recursos

La queja a la ONU remarca que durante la tramitación de la eutanasia, Noelia dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin una atención efectiva en salud mental, sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible.

Además, Abogados Cristianos incorpora un informe de la doctora responsable de tramitar la eutanasia que indicaba: «Hasta ahora, los recursos proporcionados han sido insuficientes y no han mejorado el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital». La familia de Noelia cree que se trata de un reconocimiento de falta de recursos ofrecidos antes de autorizar la eutanasia.

También señalan que tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad de Noelia solo fue incrementado hasta el 74%, quedando por debajo del umbral que le habría permitido acceder a una prestación económica suficiente, lo que contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad.

Abogados Cristianos destaca que la muerte de Noelia "no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y fallos del Estado" que "no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".

Bateria de medidas

Por eso, la madre de Noelia pide a la Relatora Especial requiera información al Gobierno de España sobre la actuación de las administraciones públicas en este caso; que investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia; que analice si el procedimiento cumplió con las obligaciones internacionales de debida diligencia respecto de una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad; y que evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente a mujeres que se encuentran en circunstancias similares.

Yolanda Ramos ha afirmado que «mi hija había sufrido violencia, enfermedad mental, pobreza y exclusión. Lo único que pido es que Naciones Unidas investigue si España hizo todo lo que debía para protegerla antes de autorizar su muerte». Por su parte, la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala: «no estamos pidiendo a Naciones Unidas que entre en el debate sobre la eutanasia. Lo que pedimos es que investigue si España cumplió con su obligación internacional de proteger a una mujer que había sufrido violencia, padecía una grave enfermedad mental y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Si el Estado falló en esa protección, estamos ante una cuestión de derechos humanos que merece una respuesta».

Suscríbete para seguir leyendo