Los centros afirman que Educació no concretó el tope del 5% de exención de las pruebas PISA en Catalunya

Los centros que formaron parte de la muestra de las pruebas PISA de 2025 en Catalunya afirman que en una reunión previa con el Departament d'Educació se les informó de cuáles eran los criterios para dejar a alumnos fuera de la prueba, pero no que el porcentaje máximo de excluidos no pudiera superar el 5%, lo que ha invalidado las pruebas catalanas y no permitirá comparar sus resultados con años anteriores u otros territorios.

Los centros, según ha avanzado este miércoles el 'El Món a Rac1', explican que el encuentro con los técnicos del departament se llevó a cabo el 11 de marzo, 20 días antes de que empezaran las pruebas. Según afirman, en esa reunión, los técnicos de la conselleria explicaron a los profesores y directores de los centros seleccionados cómo trasladar la lista definitiva de alumnos que realizarían la prueba mediante un documento Excel, pero en ningún caso se avisó del tope de exenciones que la OCDE establece para considerar válidos o representativos los resultados de los exámenes. Finalmente, 591 de los 2.545 alumnos seleccionados para la muestra –un 23,2%– se quedaron fuera de los exámenes.

Criterios

Por otro lado, durante ese encuentro sí que se explicaron cuáles eran los criterios para que los alumnos no realizaran las pruebas. En concreto, se les informó, aseguran, de que debían excluirse los alumnos con una discapacidad física permanente, los estudiantes cuya lengua nativa no fuera el catalán o bien el alumnado con una discapacidad cognitiva, conductual o emocional.

Son unos criterios de exención similares a los que rigen en las pruebas de final de etapa de la ESO, que coincidieron en las mismas fechas con las del informe PISA. La posible confusión entre ambos exámenes es la primera hipótesis a la que, de momento, ha apuntado la consellera d'Educació, Esther Niubó. El departament, sin embargo, elude concretar cómo se trasladaron los criterios de exención que han dejado a Catalunya fuera del informe PISA.

De hecho, la conselleria sigue acogiéndose a que sus "diligencias internas" siguen abiertas y descarta revelar ningún detalle de la investigación hasta que se dé por cerrada. Tampoco han entrado a valorar la información del Ministerior de Educación, que este martes admitió que la empresa contratada por la OCDE advirtió que se estaba excluyendo de las pruebas a un elevado número de alumnos mientras hacían los exámenes. Según el Ministerio, los técnicos de ambas administraciones minimizaron el error y no lo trasladaron a sus superiores.

Quejas de los directores

En un comunicado publicado el fin de semana, la Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (AXIA) detalló el proceso de las pruebas. Según explican, es la OCDE quien determina en primera instancia la muestra de centros. Después, en enero, institutos y colegios elaboran una lista preliminar con todo su alumnado. Aquí es cuando interviene por primera vez la administración estatal, en este caso el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) –el órgano de la OCDE en España–, que se encarga, junto a una empresa externa, de hacer una selección provisional de estudiantes.

Las listas vuelven entonces a los centros que, siguiendo las pautas de la OCDE, pueden excluir finalmente a los alumnos. Es en este punto en el que los centros explican haberse reunido con Educació para solventar el último trámite --el envío definitivo de las listas de alumnos– sin que la conselleria hubiera trasladado la indicación de limitar el número de excluidos al 5%. En su comunicado, AXIA denuncia que en este momento es "clave" el papel de la inspección, a cargo ya del Consell Superior d'Avaluació, que fue sustituido pocos meses después por la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació (APE). "Es un proceso largo, pautado, y sometido a los estándares internacionales de la OCDE", apuntan los directores en el comunicado, que no se explican cómo "nadie detectó" que Catalunya se estaba alejando tanto de las pautas establecidas.

De hecho, la propia consellera, en su comparecencia en el Parlament el pasado lunes, apuntó a los encargados de la validación de las pruebas como los posibles responsables del fallo. Sin embargo, no quiso decir qué órgano o personas se ocupaban de ello. La empresa que se encargaba de la aplicación de las pruebas es 2E Estudios y Evaluaciones, la única acreditada en toda España por la OCDE para encargarse de las pruebas PISA.

Más brega política

En el frente político, Junts ha continuado echando leña al fuego y ha propuesto la creación de una comisión de investigación en el Parlament que analice los hechos. Además, el partido encabezado por Carles Puigdemont han registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones sobre lo ocurrido.

En la misma línea, el sindicato Professors de Secundària (Aspepc-sps) ha cargado contra el Govern y ha pedido que se depuren responsabilidades "inmediatamente" en el departament. El sindicato ha pedido a Educació que aclare "por qué se ocultó el error durante cuatro meses" y por qué los centros que formaban parte de la muestra conocían los criterios de exención de los alumnos pero no del máximo del 5% establecido por la OCDE.

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