La OCDE alertó de que se habían excluido a demasiados alumnos de las pruebas PISA en Catalunya mientras se hacían los exámenes

La empresa contratada por la OCDE para aplicar las pruebas PISA en España detectó en abril de 2025, mientras se realizaban las pruebas, que en Catalunya se estaban excluyendo a demasiados alumnos de los exámenes por presentar algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa específica. Según el Ministerio de Educación, la compañía les trasladó en aquel momento la incidencia y ellos, a su vez, avisaron al Departament d'Educació. Sin embargo, el ministerio y la conselleria minimizaron el error cometido y la tasa de exención de las pruebas acabó siendo del 23,2%, muy por encima del 5% que exige la OCDE. En este sentido, Educación explica que los responsables de la administración central y autonómica no llegaron a conocer esta información que, un año después, supondría la invalidación de la prueba. Según el ministerio, fueron técnicos de su gabinete quienes alertaron a técnicos del Consell Superior d'Avaluació, que no elevaron la advertencia a sus correspondientes superiores.

La Generalitat ha declinado hacer comentarios frente a la versión del ministerio y recuerda que las investigaciones internas para esclarecer las causas del error siguen abiertas

En concreto, según detallan fuentes del ministerio encabezado por Milagros Tolón, fue "personal técnico" del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) quien trasladó la incidencia a "los correspondientes" niveles técnicos del Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya, el ente encargado de supervisar las pruebas. La versión del Ministerio de Educación pone el acento en que, en todo momento "las comunicaciones se produjeron en el nivel técnico" de ambas Administraciones, ya que, explican, en abril de 2025 "no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podían tener".

Según Educación, no fue hasta marzo de este año cuando la OCDE comunicó al Ministerio que se le aplicaría una "advertencia metodológica" a los datos catalanes y que no formarían parte del informe internacional de PISA. "Solamente en marzo de 2026 es cuando se toma conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre el resultado de las pruebas", detalla el ministerio, en referencia a que los datos catalanes, por el error de la muestra, no podrán compararse con años anteriores o con otros territorios.

Versión catalana

La versión ofrecida hasta ahora por la consellera d'Educació, Esther Niubó, defiende que la Generalitat no tuvo conocimiento del error, precisamente, hasta el pasado mes de marzo. La consellera, de hecho, defendió ante el Parlament este lunes que si había optado por no hacer pública la incidencia durante cuatro meses fue para cerciorarse de que se trataba de un "hecho aislado" y para informar del error una vez ya estuviera formada la nueva comisión que, en adelante, deberá velar por la uniformidad y el control de las pruebas y que se constituyó oficialmente el pasado viernes. La Generalitat ha declinado hacer comentarios frente a la información emitida por el ministerio este martes y recuerda que las investigaciones internas para esclarecer las causas del error siguen abiertas.

En su comparecencia en el Parlament, Niubó apuntó como responsables del error a los encargados de validar la aplicación de los exámenes, aunque rehusó detallar qué órgano tenía esta tarea encomendada. Como contexto, la consellera recordó que las fechas de las pruebas PISA y las de final de etapa de secundaria, con criterios diferentes en cuanto a la exención de alumnos, coincidieron, por lo que se podría haber "generado confusión" en algunos centros.

Otro de los apuntes contextuales que tanto la consellera como el resto de responsables del departament han repetido desde que se conoció la noticia el pasado viernes es que las pruebas PISA se dieron en "un contexto de transición" entre el ya extinto Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya –el órgano al que contactó el ministerio cuando la OCDE se percató del alto número de alumnos exentos– y a nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació (APE).

Sea como fuere, es de suponer que la advertencia del ministerio tampoco hubiera servido para enmendar el error, ya que, según explicó este lunes la consellera, la validación de la muestra –comprobar cuántos y qué alumnos debían someterse a las pruebas– se tendría que haber hecho antes de los exámenes. Una vez iniciadas las pruebas, si el número de exentos era mayor que ese 5% establecido por la OCDE, ya perdían toda su validez.

Frente político

El error en las pruebas del informe ha provocado que todos los grupos del Parlament de Catalunya hayan pedido la dimisión de Niubó, a excepción de ERC y los Comuns, que se conformarían con la depuración de otros responsables del departament. Este martes, Junts ha solicitado la convocatoria de un pleno de urgencia para solicitar al president, Salvador Illa, que compareciera ante el Parlament. Los votos de ERC y Comuns, sin embargo, han descartado esta posibilidad y han considerado que debe dar explicaciones, pero en septiembre.

La decisión de los dos socios del Executiu ha indignado el resto de la oposición, que les han acusado de querer "tapar las vergüenzas del Govern". "Una vez más, ERC y los Comuns han protegido al presidente Illa para evitar que tenga que comparecer este viernes en el Parlament. Eso los convierte en cómplices del fiasco de PISA y de la incompetencia del PSC", ha denunciado el portavoz de Junts, Salvador Vergés. Una crítica a la que también se han sumado el PP, Vox y la CUP.

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