Un error en las pruebas PISA de Catalunya invalida los próximos resultados: no serán comparables con otros años ni territorios

La conselleria de Educació i Formació Professional, arropada por el Ministerio de Educación, ha informado este viernes de una "incidencia técnica" en la prueba PISA 2025, cuyos esperados resultados se darán a conocer después del verano. El error es que el 23,2% de los 2.545 alumnos seleccionados para la muestra fue excluido de la prueba por presentar alguna necesidad educativa especial, muy por encima del máximo del 5% aceptado por la OCDE, lo que invalida la muestra catalana. De esta forma, sus resultados no serán comparables ni con los de años anteriores ni con los de otras comunidades autónomas o países. Es decir, en septiembre sí habrá resultados catalanes de PISA, pero no serán representativos del conjunto del alumnado catalán. Catalunya aparecerá solo como parte de los resultados globales de España, pero no tendrá un apartado propio, como en ediciones anteriores.

La conselleria ha abierto una investigación para esclarecer qué ha sucedido con los criterios de la muestra. Mientras tanto, el error ha provocado un terremoto entre sindicatos de profesores y oposición, y ha abierto entre nueva crisis en una conselleria que atraviesa una etapa especialmente convulsa tras un curso marcado por la polémica de los Mossos en las escuelas y, sobre todo, las huelgas educativas y el malestar docente. Junts ya ha pedido la comparecencia de la consellera Esther Niubó para que dé explicaciones sobre la cuestión. Desde las últimas pruebas PISA –la de los resultados pésimos para el sistema escolar catalán– se han puesto en marcha medidas de mejora educativa que los próximos resultados debían contribuir a valorar.

¿Qué ha ocurrido exactamente? De los 2.545 alumnos de 15 años de los 51 centros seleccionados por una empresa contratada por la OCDE para realizar las pruebas, 591 fueron exentos: 6 por tener una discapacidad física, 493 por una necesidad de apoyo por cuestiones "cognitivas, conductuales o emocionales", y 92 por acusar un dominio insuficiente de la lengua. El criterio de la OCDE es que el máximo de alumnos permitido para no hacer las pruebas es del 5%, con el objetivo de que la fotografía sea lo más fiel posible a la realidad. En Catalunya esa cifra se ha elevado hasta más del 23%, lo que hace sus resultados no puedan compararse con el resto de territorios, en los que sí se ha aplicado ese 5%.

Fuentes del Departament señalan que ofrecen esta explicación en un ejercicio de "responsabilidad y transparencia"; aunque admiten que se dieron cuenta de la incidencia el pasado marzo, en plenas huelgas docentes

Fuentes del Departament han explicado que ofrecen esta explicación antes de la presentación de los resultados –un viernes de finales de julio, justo el día después de que termine el curso parlamentario– en un ejercicio de "responsabilidad y transparencia". Sin embargo, han reconocido que fueron conocedores de la "incidencia" el pasado mes de marzo (en plenas huelgas docentes).

Falta de protocolos de aplicación

Las preguntas están ahí: ¿quién decidió que esos alumnos no hicieran la prueba pese a estar llamados a hacerla? ¿Por qué? ¿Quién debía asegurarse de garantizar los criterios de exención del alumnado? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? ¿Quién debía haber revisado la muestra final? ¿Por qué nadie vio que en Catalunya realizaron los exámenes 2.000 alumnos menos? Sonia Fernández Cuenca, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, ha asegurado este viernes que se ha abierto un proceso de "diligencias informativas" para esclarecer las causas de lo sucedido, al tiempo que se ha creado una comisión de coordinación de pruebas y estudios –inexistente hasta ahora– de evaluación para velar para que no vuelva a suceder (publicada en el DOGC de este viernes). El nuevo grupo, han explicado, elaborará "protocolos específicos de aplicación y de control" para cada tipo de prueba.

Desde la conselleria señalan que es "razonable" pensar que la coincidencia de fechas entre las PISA y las pruebas de final de etapa, con criterios de exención más amplios, pudo generar confusión

Según Fernández, "Catalunya no disponía en el momento de hacer las pruebas de un marco de exenciones único ni coherente con el de las evaluaciones internacionales; ya que en las pruebas internas catalanas se aplican criterios más flexibles de los que admite la OCDE y, al hacerlo, se generó una cultura de la exención que se reprodujo en PISA", ha argumentado Fernández.

Aunque desde la conselleria señalan que "no pueden hablar de responsables", las mismas fuentes explican que son los profesionales de los centros los que deciden quién hace y quién no hace la pruebas a partir de criterios educativos y de su conocimiento de los niños. "No ha habido ninguna manipulación ni ocultación de los datos", han reiterado desde Via Augusta. Según el departament, se trata de un error que la misma OCDE ha tenido que gestionar en otras ocasiones en otros territorios.

Coincidencia con las pruebas de final de etapa

"Como contexto", el Departament apunta que las pruebas PISA se realizaron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025, a la vez que las pruebas de final de etapa de 4º de ESO, que se hicieron entre el 10 y 11 de abril. Por la tanto, los 51 centros que formaban parte de la muestra de PISA estaban haciendo las dos pruebas en el mismo periodo de tiempo. "Es razonable pensar que esa coincidencia pudo generar confusión sobre qué criterios se debían seguir en cada una de las pruebas". Es decir, es posible que se aplicaran las mismas pautas de exención para PISA que para las pruebas de 4º de ESO, en las que el alumnado diagnosticado sí está exento.

"Momento de transición"

Un segundo elemento de contexto puesto sobre la mesa por el Departament –y lo más parecido a una autocrítica de todo el relato de los hechos– es que en el momento en el que se aplicaron las pruebas PISA 2025 el sistema se encontraba en un "momento de transición" entre el viejo Consell Superior de Avaluació y la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació (APE).

Sin embargo, la propia APE ha emitido un comunicado desmintiendo este último argumento de la conselleria. En él apunta que inició su actividad el 7 de julio de 2025, es decir, "con posterioridad a la gestión y la aplicación de PISA 2025". "Aun así, dadas las funciones que tiene atribuidas en el ámbito de la evaluación y la prospectiva del sistema educativo catalán, la Agencia ha tenido conocimiento de la incidencia en la tasa de exención y es plenamente consciente de su impacto: la pérdida de representatividad y de fiabilidad estadística de los resultados de la muestra catalana", apunta el comunicado, en el que expresan que, "desde su puesta en marcha, la APE ha gestionado la evaluación internacional PIRLS 2026, la evaluación estatal EGS 2026 y las evaluaciones propias de final de etapa, de diagnóstico y de expresión oral, todas ellas con plenas garantías de calidad metodológica y, en el caso de las evaluaciones muestrales, de representatividad y fiabilidad estadística".

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