El Parlament cierra la crisis de la DGAIA sin señalar responsables políticos

El Parlament ha dado punto y final este miércoles a su evaluación sobre la actividad de la ya extinta Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). La comisión de investigación sobre el sistema de protección de menores –impulsada en la Cámara catalana tras los escándalos de pederastia, pagos indebidos (importes que cobran usuarios que han dejado de cumplir los criterios establecidos) y presuntas irregularidades que saltaron a mediados del año pasado– ha emitido su dictamen y lo ha llevado al Pleno del Parlament, donde ha sido aprobado en su mayoría con los votos a favor de PSC, ERC y Comuns. El documento señala la externalización de muchos de los centros de acogida, el impacto de los recortes de la "etapa convergent" y el aumento sobrevenido de menores desamparados desde 2016 hasta 2020 como las causas que llevaron a una falta de control que afectó a la calidad de la atención de los menores y a la capacidad de respuesta "en detrimento de los derechos de los niños y los adolescentes". El pleno del Parlament, eso sí, ha rechazado por unanimidad aprobar el punto del dictamen que apostaba por “eliminar el margen de lucro opaco” de las entidades que gestionaban los centros de la DGAIA ni concreta irregularidades específicas del sistema.

La investigación señala la "presión sobre el sistema de protección de menores" como una de las principales causas de su deterioro. Es una presión originada por un incremento del 84% de los casos que necesitaron atención de la DGAIA desde el 2015 y un aumento del 71% de los niños y niñas que han sido tutelados desde ese año. Sin embargo, el documento también declara que "los recortes en inversiones y presupuestos sociales de la etapa 'convergent', junto con la política de externalización de los servicios públicos", están detrás de un "modelo de protección agotado". El grueso del dictamen se centra en los últimos años de mandato de Artur Mas, y en las legislaturas de Carles Puigedemot, Quim Torra y Pere Aragonès.

Externalización y falta de control

Para afrontar esta demanda, continúa el dictamen, la gestión de la DGAIA se instaló "en la cultura de la emergencia" y tramitó por esta vía la contratación de 292 centros por un valor de 114,6 millones de euros entre 2016 y 2020. Fue en ese contexto, junto a la externalización de gran parte de los recursos –hoy en día el 95% de los centros de acogida de menores siguen siendo de gestión privada–, lo que propició la "falta de control" y el margen para el "lucro opaco" de las entidades que gestionaban estofs recursos.

Todo esto se traducía, además, en un deterioro significativo de la atención que recibían los menores internos en estos centros. El dictamen habla, por ejemplo, de la poca capacidad que tuvo el sistema para dar una atención individualizada a los menores o de la poca capacidad para atender la salud mental de los niños y niñas de los centros que tuvieron los profesionales de estas instituciones.

Así, el dictamen lanza una serie de propuestas que pasan por la "transformación completa del sistema" y la "reconfiguración del modelo organizativo", una línea que ya activó el Govern tras la crisis de la institución. "La refundación no tiene que ser concebida como un ajuste parcial, sino como una reconfiguración integral orientada a dotar al organismo de capacidad real de liderazgo, dirección estratégica y gobernanza efectiva sobre el conjunto del sistema de protección", reza el texto.

Más control y más acogidas

Así, se emplaza al recién nombrado conseller Raúl Moreno –que desde el lunes ostenta el cargo tras la marcha de Mònica Martínez Bravo– que divida la Direcció General de la Prevenció i la Protecció de la Infància (DGPPIA), como renombró a la DGAIA el Govern tras la crisis, en dos subdirecciones específicas: una de Prevención y otra de Protección. También se le insta a crear una oficina de apoyo y control de los centros y servicios de la DGPPIA y tener un servicio específico de revisión de protocolos para poder reaccionar ante escándalos como el de la menor bajo guardia de la DGAIA que fue víctima de una red de prostitución.

Las recomendaciones también se centran en evitar que se vuelvan a dar pagos indebidos y ponen el acento en "prohibir por ley que las entidades o fundaciones privadas que acompañan a los jóvenes puedan evaluar, instruir o gestionar –ellas mismas– la concesión de prestaciones económicas o de vivienda", tal como había llegado a ocurrir hasta ahora. El Govern ya dio un paso en esta dirección cuando anunció que sería el propio departament de Drets Socials el que gestionaría a partir del próximo enero la gestión de las ayudas a los jóvenes extutelados.

El dictamen también apuesta por avanzar hacia la "acogida familiar profesional" para promover que el máximo número de menores tutelados posibles eviten pasar por los centros y propone, entre otros, que los centros no tengan más de diez plazas para poder garantizar una atención individualizada.

Aprobado por la mínima

Las últimas conclusiones han sido validadas por un solo voto de margen en el Parlament con el apoyo del PSC, ERC y los Comuns, y el 'no' del resto de los grupos. El resto de partidos, pese a haber contribuido con sus propuestas a las conclusiones finales del documento, han argumentado que los tres socios del Govern han hecho unas "conclusiones a medida" –en palabras de la diputada de Junts, Ennatu Domingo– para evitar que se pidieran "responsabilidades políticas". "No podemos votar a favor de un dictamen pactado por el tripartito", ha espetado Domingo.

En la misma línea se ha expresado la diputada del PP, Lorena Roldán, que ha criticado que el dictamen hable de "crisis coyunturales" y ha denunciado la "improvisación" con la que actuaron los sucesivos Governs ante una DGAIA que ha calificado de "red opaca de clientelismo".

También la CUP, mediante su diputada Pilar Castillejo, ha criticado la "nula autocrítica" de los partidos que han pasado por el Executiu y ha lamentado que la comisión de investigación "no haya servido para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de protección" de la infancia. Castillejo también ha denunciado que se censuró la comparecencia de algunos ponentes y que algunos otros "directamente mintieron" durante sus intervenciones en la comisión. Por ello, ha pedido una auditoría externa y global del sistema de protección de menores que apunte especialmente "a todas aquellas fundaciones" que "aparecen constantemente en los informes de la Sindicatura de Comptes, Antifrau o la Síndica de Greuges" para recuperar el dinero usado indebidamente.

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