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Aprobación

El Parlament da luz verde a la ley sobre la capacidad jurídica de las personas

La norma avanza hacia el "reconocimiento del derecho a decidir" de las personas con discapacidad

Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones

Los consejeros Ramon Espadaler y Raúl Moreno posan para una fotografía junto a otros diputados y representantes de asociaciones en la escalinata del Parlamento.

Los consejeros Ramon Espadaler y Raúl Moreno posan para una fotografía junto a otros diputados y representantes de asociaciones en la escalinata del Parlamento. / Enric Sitjà Rusiñol / ACN / ACN

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El Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. El texto ha contado con los votos favorables de toda la cámara, excepto Vox, con distintas posiciones respecto a las enmiendas. Su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica mediante medidas de apoyo adaptadas a cada situación. El nuevo consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, lo ha calificado como un "paso adelante" hacia el "reconocimiento del derecho a decidir". Por su parte, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha destacado que no se legisla para "otorgar más derechos, sino para reconocer los que las personas ya tienen" en relación con las decisiones jurídicas.

La iniciativa incluye medidas que no requieren la intervención de ninguna autoridad y que se prestan en el ámbito familiar o comunitario, además de otras de carácter preventivo que la propia persona puede planificar en caso de que en el futuro necesite apoyos. También contempla la asistencia formalizada mediante escritura pública o resolución judicial.

El proyecto regula asimismo la protección de los menores de edad que no están bajo la patria potestad, la declaración de desamparo y su tutela. El texto ha llegado al debate final con 94 enmiendas que los grupos parlamentarios mantuvieron vivas: 38 del PPC, 36 de la CUP, 13 de Junts, 4 de los Comuns y 3 de ERC.

No sustituir las decisiones de la persona

"Avanzamos hacia un modelo de apoyo y de protección de la autonomía personal, y no de sustitución en la toma de decisiones", ha reivindicado Moreno, quien también ha señalado el derecho de las personas a elegir su proyecto de vida, sus relaciones y su propio futuro.

Por su parte, Espadaler ha recordado el trabajo iniciado junto a la exconsejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, e insistió en que la ley no pretende "dar más derechos, sino reconocer los que ya tienen" las personas con discapacidad en un ámbito "tan sensible" como el de las decisiones jurídicas.

Una reforma "profunda" de la legislatura

El diputado de Junts y ponente de los trabajos de la comisión, Isaac Pedrós, afirmó que esta modificación del Código Civil de Cataluña constituye "una de las reformas más profundas" que se impulsarán durante la legislatura y agradeció la contribución colectiva de los partidos, que ha permitido alcanzar un texto que "hoy es más sólido". Pedrós se mostró "satisfecho" porque el proyecto de ley supone el cumplimiento del 80 % de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque reconoció que le gustaría que fuera "aún mayor". Por ello, prometió que su formación trabajará para que la Convención se cumpla "al 100 %".

Desde las filas socialistas, la diputada Lídia Ferré aseguró que no se trata de "un simple parche", sino de "una reforma de fondo" que fortalece el derecho civil y "reafirma el autogobierno". "Reafirma la capacidad de Cataluña para ofrecer respuestas jurídicas propias, arraigadas en nuestra tradición y alineadas con los estándares más exigentes en materia de derechos humanos", destacó. En este sentido, opinó que la modificación del Código Civil demuestra que Cataluña puede legislar "con sensibilidad, proximidad y capacidad de adaptación".

Por su parte, el diputado de ERC Ignasi Elena también definió el proyecto como "una buena ley", "pensada y diseñada" para toda la ciudadanía. Asimismo, agradeció a las distintas formaciones políticas el trabajo realizado "por consenso" para defender los derechos humanos y, aunque reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, celebró que esta norma les otorgue "mayor autonomía personal" y "más dignidad".

El derecho civil "evoluciona" con la sociedad

Desde el Partido Popular de Cataluña, el diputado Pere Lluís Huguet reivindicó la participación de su formación en la elaboración del texto para demostrar que "el PPC sí tiene proyecto y propuestas para Cataluña". Asimismo, celebró la actualización del Código Civil porque, a su juicio, el derecho, "si no evoluciona con la sociedad, genera conflicto". "Lo más importante de esta ley es la igualdad: que la persona con discapacidad sea completamente igual que cualquier otra", afirmó.

Por parte de Vox, el diputado Rafel Villafranca subrayó la importancia de adaptar el derecho a "la realidad social del momento", pero advirtió de que el proyecto establece un "carácter homogéneo" de la discapacidad "sin distinguir entre grados y tipos". "El sistema de apoyos podría resultar insuficiente para personas con necesidades más complejas o diferentes", alertó.

Menos paternalismo y más perspectiva de género

La diputada de los Comuns Núria Lozano recordó que la "idea fundamental" del nuevo texto es garantizar que las personas con discapacidad "son titulares exactamente de los mismos derechos humanos que cualquier otra persona". Según afirmó, los Estados tienen la obligación de "eliminar las barreras" y, aunque considera que todavía queda "mucho camino por recorrer", celebró que la reforma permita "abandonar una visión paternalista" de la discapacidad.

Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer calificó la modificación del Código Civil como "un importante paso adelante" y valoró positivamente que incorpore una perspectiva de género, aunque pidió que también tenga en cuenta otros factores, como la clase social y el origen. Entre los cambios introducidos, destacó que el apoyo se preste "a quien lo necesita" y no se imponga "contra la voluntad de la persona" con discapacidad.

Por último, la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Sobirana afirmó que el nuevo texto logra un "equilibrio razonable" entre autonomía y protección, aunque advirtió sobre la "posible influencia indebida" que pueden sufrir las personas con discapacidad. Por ello, señaló que la autonomía "no puede significar la ausencia de protección" e hizo un llamamiento a garantizarla "no desde el paternalismo, sino mediante un sistema de apoyos que preserve la dignidad de las personas".