El Institut Josep Carreras logra eludir el juicio por despido de una exempleada que denunció desvío de fondos

El Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, organismo participado por la Generalitat, ha evitado en el último momento ir a juicio por el despido de una exempleada del centro que colaboró aportando información en la denuncia presentada por dos de sus compañeras ante a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por el presunto desvío de fondos por parte del equipo del entonces director de la entidad, el oncólogo e investigador Manel Esteller.

La vista estaba señalada para este martes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Sin embargo, en la misma puerta de la sala donde iba a celebrarse, el abogado de la extrabajadora, que era responsable de un área, y la letrada de la entidad han negociado un pacto posteriormente ratificado ante la jueza. De esta manera, se ha levantado acta y no se dictará una sentencia que podría haber entrado en el fondo del asunto.

Cláusula de confidencialidad

Fuentes consultadas por este diario han asegurado que el acuerdo contempla una compensación económica e incluye una cláusula de confidencialidad que impide conocer el importe y las condiciones concretas pactadas. Los proyectos que tenía en marcha esta exempleada han sido traspasados a otro investigador, mientras que ella pasará a ser únicamente colaboradora. El instituto le abrió un expediente disciplinario después de que denunciara internamente irregularidades.

Al no haber sentencia, el juzgado no determinará si el despido fue procedente, improcedente, nulo o constitutivo de alguna represalia vinculada con la denuncia presentada ante la OAC por el presunto desvío de fondos. La abogada del Institut solo ha explicado que el acuerdo "satisface a las dos partes", mientras que el letrado de la extrabajadora se ha limitado a señalar que "es satisfactorio".

La advertencia de Antifrau

El pasado febrero, Antifraude emitió un informe en el que corroboró que en la denuncia presentada por la exgerente y la coordinadora económica del instituto –que tienen la condición legal de alertadoras protegidas y que, pese a ello, también fueron despedidas– se mencionan "expresamente" algunas cuestiones relativas al área gestionada por la exempleada. Según se relata, en esa área "podría haber habido una desviación" de recursos económicos "contraria a derecho" hacia otros proyectos de la entidad. Entre la documentación aportada por las denunciantes ante la OAC figuran correos electrónicos en los que aparece esta extrabajadora y una grabación. El dictamen recuerda que la legislación prohíbe las represalias contra los denunciantes.

Este es el primer juicio por los despidos de seis exempleadas del Institut relacionadas con la denuncia presentada por dos de ellas a Antifrau. El resto de las vistas está previsto que se celebre en 2027. En el centro de este presunto desvío de fondos se encuentra el oncólogo Manel Esteller. El médico abandonó a finales de 2025 la entidad dedicada a la lucha contra la leucemia, después de la denuncia presentada ante la OAC y de que una auditoría de KPMG confirmara el desvío de fondos. El investigador se incorporó poco después al Institut de Recerca Sant Pau.

Entre las supuestas irregularidades destacan el desvío de fondos "estructurales" desde plataformas tecnológicas al "grupo del doctor Esteller"; las "advertencias sobre la desviación injustificada" de 400.000 euros hacia un proyecto concreto; y la "prevención" frente al desvío "indebido" de 781.000 euros pertenecientes al programa Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia e Innovación, que financia con un millón de euros anuales a los mejores centros y unidades de investigación del país. La denuncia también detalla el riesgo de desviar un millón de euros a un proyecto con Sant Joan de Déu, entre otras presuntas anomalías.

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