De la refundación de la DGAIA a la espera en la dependencia: lo hecho y lo que queda por hacer en Drets Socials tras la salida de Martínez Bravo

"Ser consellera ha sido el honor más grande de mi vida". Así empieza el mensaje de despedida de la ya exconsellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que deja este lunes su cargo por motivos personales, tal como ha avanzado en exclusiva EL PERIÓDICO. La economista –doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT)– pasa ahora el relevo al hasta ahora secretario general del departament, Raúl Moreno, mientras ella contribuye "a hacer de este mundo un lugar más justo", según reza su mensaje, desde el ámbito académico. La etapa de Martínez Bravo al frente del departament ha estado marcada, sobre todo, por la refundación sobrevenida del sistema de protección de menores catalán, pero también por la aprobación de la Ley del Tercer Sector o el acuerdo para la equiparación salarial del sector social. Quedan pendientes los grandes caballos de batalla de la conselleria: las largas listas de espera de la dependencia –que ya se han empezado abordar mediante el Pla Cura–, la pobreza infantil, o la asunción del Ingreso Mínimo Vital en Catalunya.

En mayo de 2025, meses después de asumir el cargo en agosto de 2024, el caso de una niña de 12 años que había estado bajo la guarda de la ya extinta Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que fue violada y prostituida por un electricista de 45 años, obligó a acelerar la remodelación del sistema. 

Al escándalo se le sumaron también las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes en los pagos de prestaciones sociales. Entre los afectados se encontraban menores extutelados que habían seguido recibiendo prestaciones pese a haber solicitado que se les rebajara el importe mensual. El Govern decidió en este caso condonar los pagos e hizo lo propio con las familias de personas que habían seguido recibiendo ayudas a la dependencia pese a haber fallecido.

La respuesta de Martínez Bravo pasó por el desmantelamiento de la DGAIA y la refundación del sistema de protección de menores. Cambió el nombre, que pasó a ser Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) y también la manera de entregar las prestaciones sociales, que pasaron a una nueva dirección general específica. La última decisión que tomó Martínez Bravo a este respecto fue en mayo de este mismo año, cuando anunció que la Generalitat no externalizaría –como había hecho hasta ahora– la gestión de prestaciones para los extutelados a partir de enero. La hasta ahora consellera lo hizo público en la Comisión de Investigación que el Parlament impulsó para analizar el papel de la DGAIA durante la crisis.

Otro de los caballos de batalla de Martínez Bravo al frente de Drets Socials han sido las listas de espera de la dependencia. La consellera ha tenido un papel destacado en la elaboración del ‘Pla Cura’, el proyecto integral del Govern que prevé reducir el tiempo que una persona dependiente tiene que esperar para recibir ayudas hasta un máximo de 60 días cuando la media en Catalunya se sitúa hoy en unos 397. En este sentido, también bajo su mandato ha empezado a tomar forma la Agència Integrada Social i Sanitària –que tiene que permitir cruzar datos entre los departaments de Salut y Drets Socials para acelerar y automatizar el proceso de acceso a las ayudas– y se ha desplegado la ley ELA con ayudas de hasta 15.000 euros a los pacientes.

Una de las cuentas pendientes de la consellera será completar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat, tal como se acordó entre el Executiu y el Gobierno en 2024. El último puesto que ocupó antes de dar el salto al Govern fue el de Secretaria General de Inclusión del Gobierno, donde se encargó, precisamente, de gestionar esta prestación desde Madrid. El reto estará también en que esta ayuda, así como la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), llegue a todos sus potenciales beneficiarios. Hoy, el 89,2% de ellos no reciben la prestación.

Al frente del departament, Martínez Bravo no ha alcanzado el traspaso de la competencia, pero sí que ha dado pasos para alcanzar otro de los grandes objetivos en el ámbito de las ayudas sociales: la ventanilla única. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el Govern acordó a principios de junio la constitución de la Comisión Interdepartamental d’Integració de Prestacions i Ajuts, que tiene un año de plazo para tejer un plan para integrar las prestaciones sociales de siete departaments de la Generalitat en un único sistema. Además, la ventanilla única para las ayudas que dependen directamente de Drets Socials –la conselleria que más prestaciones concede–, otra de las cuentas pendientes de Martínez Bravo tras su salida, debería estar en funcionamiento después del verano.

La etapa de Martínez Bravo como consellera también pasará a la historia como aquella en la que se consiguió acordar con sindicatos y patronales la equiparación salarial del Tercer Sector Social. El Acuerdo de Bases firmado el pasado mes de mayo prevé una inversión de 600 millones de euros para que los trabajadores del Departament de Drets Socials y aquellos empleados de empresas subcontratadas por la conselleria que realizan las mismas funciones –como los profesionales de las residencias– acaben cobrando lo mismo. Era un acuerdo reivindicado desde hacía años y que beneficiará antes a aquellas empresas que se comprometan a mejorar el sueldo de sus trabajadores.

También ha sido celebrada por el grueso del sector la Ley del Tercer Sector, aprobada también en mayo y que plantea un marco jurídico para las más de 3.000 entidades sociales que realizan su actividad en Catalunya.

La Taula del Tercer Sector ha recordado que queda también pendientes de abordar "grandes retos sociales del país" como el sinhogarismo, cuya ley tiene que aprobarse a finales de este mismo año, o el envejecimiento de la población. En este sentido, está previsto que se apruebe la Ley de Personas Mayores también a finales de este año.

Otro de los retos que quedarán pendientes para Moreno, según recuerdan las entidades sociales, es la pobreza infantil, que de nuevo registró un máximo histórico en Catalunya en 2025. El 36,5% de los menores de 18 años catalanes –490.900 niños– viven en situación de exclusión social. El Govern ha puesto en marcha estos dos años la Estrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil que ahora el nuevo conseller deberá aplicar. La Taula también reclama más políticas de cohesión social para afrontar grandes retos como la integración migratoria, especialmente después del proceso de regularización extraordinaria.

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