El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa

"Hoy marcará un antes y un después. Hoy es el día que se refundó el sistema de cuidados". Con esta contundencia ha comenzado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Su comparecencia ha venido motivada porque el Gobierno ha aprobado transferir a las autonomías 904 millones de euros para financiar el llamado nivel acordado del sistema de dependencia.

Una inversión que se suma a la aprobada hace dos semanas, mediante un real decreto convalidado este martes por el Congreso y que supone duplicar las cuantías que el Estado transfiere por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Con ello, la aportación estatal, según los cálculos del Gobierno, será de 6.200 millones de euros más entre este ejercicio y el año próximo.

Pero la contundencia del ministro no solo tiene que ver con la financiación extra e histórica, sino también con la aprobación por parte del Congreso, esta misma tarde, del texto impulsado por Derechos Sociales para reformar en un único cuerpo normativo las leyes de dependencia y discapacidad. El texto ha salido adelante por 179 votos a favor, Vox en contra y la abstención del PP.

La nueva ley de dependencia permitirá combinar prestaciones y recibir más apoyos para vivir en casa

Una norma que, según Bustinduy", sienta las bases para "refundar el sistema de cuidados" porque promueve "transitar de un sistema marcado por la precariedad, la infrafinanciación y la construcción de grandes residencias, hacia un modelo de derechos de la ciudadanía, que facilita los apoyos necesarios para que las personas puedan envejecer en sus casas y en sus barrios". "Pocos países se están planteando emprender reformas de tal magnitud", ha sentenciado, tras comparar el avance con cambios tan importantes como la puesta en marcha del sistema de pensiones.

La norma considera la teleasistencia como un derecho universal, garantizando su acceso con independencia del territorio

Bustinduy ha defendido una y otra vez, también en su intervención en el Congreso, que la "revolución y transformación profunda" que promueve la nueva ley va a acompañada de la "financiación necesaria" porque el problema del sistema de dependencia, que se aprobó hace 20 años, es que no vino acompañado de las inversiones necesarias y ha sufrido muchos recortes. De ahí que adolezca de grandes listas de espera y las prestaciones no cubran, ni de lejos, todas las necesidades. Por ello, en el Congreso se ha introducido una enmienda, apoyada por varios grupos, que obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación e impide, por tanto, que haya futuros recortes en la aportación estatal.

Servicios y prestaciones

Pero además la norma amplía el catálogo de servicios y prestaciones y agiliza ciertos procesos administrativos, con el objetivo de que haya unos mínimos de calidad, intensidad y ratios en las prestaciones que se reciben en todo el Estado. De entrada, la ley suprime el régimen de incompatibilidad en las diferentes prestaciones que aprobó el PP en 2013 y sigue vigente en algunas autonomías. Así, se podrán recibir diferentes servicios de forma simultánea, como ir a un centro de día y a la vez tener teleasistencia o la prestación de cuidados en el entorno familiar. El objetivo es que el Programa Individual de Atención (PIA) que elaboran los servicios sociales se flexibilice para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo.

Además, la norma considera la teleasistencia como un derecho universal, garantizando su acceso con independencia del territorio. Además, prevé que no sea una prestación única, sino que se combine con otros apoyos y que pueda recibirse más allá del domicilio, también por personas que viven en residencias. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno es que sea una herramienta preventiva, que evite o retrase la institucionalización, ofreciendo apoyos que eviten que la persona dependiente tenga que abandonar su hogar.

Al mismo tiempo, la reforma permite que la asistencia personal se reciba más allá del entorno domiciliario, de forma que se pueda acompañar al usuario al médico o a realizar actividades básicas como hacer la compra. Y que personas del entorno, pero sin lazos familiares, puedan ocuparse del cuidado de forma regulada. Por otro lado, para agilizar los trámites burocráticos y las listas de espera, la ley reconoce directamente un 33% de discapacidad a las personas con grado I de dependencia. Y las que obtengan un grado II o III tendrán derecho a una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

La accesibilidad universal

En cuanto a las medidas relacionadas con la discapacidad, ley reconoce la accesibilidad universal como un derecho. Por ello, cuando entre en vigor, una vez sea aprobada por el Senado, se podrá reclamar accesibilidad en cualquier edificio público. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc.

Asimismo, la nueva norma reforma la ley de propiedad horizontal para que obras en viviendas como la instalación de ascensores o rampas sean obligatorias y siempre que un vecino lo pida, haya que solicitar las ayudas existentes. Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas económicas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para esa reforma. Por último, ley prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad en la contratación de seguros de salud o vida, tanto que se las excluya como se les cobre más.

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