Activismo climático
La Fiscalía pide 18 meses de prisión para tres científicos que arrojaron zumo de remolacha durante una protesta climática en Barcelona
La acción, realizada en abril de 2023, consistió en arrojar pintura biodegradable contra la fachada de la delegación del Gobierno en Catalunya
De científicos a activistas: "No podemos actuar como si nada cuando el mundo se va a la mierda"

Dos activistas protagonizan una protesta frente a la delegación del Gobierno en Barcelona. / Rebelión Científica

El 13 de abril de 2023, tres científicos se plantaron ante la delegación del Gobierno en Barcelona, arrojaron una pintura roja biodegradable creada a partir de zumo de remolacha sobre la fachada del edificio y desplegaron una pancarta denunciando la inacción de los gobiernos frente a la crisis climática y la "criminalización" de los activistas climáticos que, como ellos, recurrían a estas formas de protesta para concienciar sobre los peligros de no actuar frente a la crisis climática. Tres años más tarde, la Fiscalía solicita 18 meses de prisión y 8.100 euros de multa por esta acción. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el ministerio fiscal les achaca un delito de "daños a bienes de dominio público". Los activistas, por su parte, denuncian que "mientras las consecuencias de la crisis climática son cada vez más visibles, resulta profundamente preocupante que quienes se sienten en el banquillo sean científicos que actuaron para alertar de esa emergencia".
El ministerio fiscal afirma que, tras la acción, se tuvieron que realizar trabajos de limpieza y restauración por un valor de 4.132,15 euros
Los tres acusados son académicos del ámbito ambiental y climático afiliados a la plataforma 'Rebelión científica', un grupo activista formado por investigadores de todo el mundo y reunido con el objetivo de "denunciar las consecuencias cada vez más graves del cambio climático" a través de acciones de desobediencia civil no violenta. En el mismo escrito de la Fiscalía se recoge que ninguno de los tres científicos cuenta con antecedentes penales y, según ha podido saber este diario, tampoco tienen condenas previas por ninguna causa. En la descripción de los hechos se relata que el día de la protesta estos se dirigieron a la delegación provincial de Calle Mallorca y utilizaron "un extintor con sustancia de color rojo" para "pulverizar la puerta y la fachada del edificio". En el escrito de la acusación se afirma que la acción se realizó con "ánimo de producir desperfectos" y que, tras ella, se tuvieron que ejecutar labores de limpieza y restauración por un valor de 4.132,15 euros.
Pintura biodegradable
Los activistas, por su parte, tachan de "injusta" y "desproporcionada" la pena solicitada por la Fiscalía y esgrimen que su acción se realizó con pintura biodegradable realizada a base de remolacha y que se elimina con el simple uso de agua. Los acusados afirman que este procedimiento judicial "totalmente desmesurado" y que "quienes deberían sentarse en el banquillo son las empresas y entidades responsables de alimentar la crisis climática y de causar millones de muertos y no quienes denuncian el alcance de este problema". En este sentido, además, denuncian que esta causa se enmarca en un contexto internacional de creciente presión sobre el derecho a la protesta y, más concretamente, en una persecusión "excesiva" de las acciones protagonizadas por activistas climáticos para denunciar la inacción de los gobiernos frente a esta crisis de alcance global.
Los activistas tachan de "injusta" y "desproporcionada" la pena solicitada por la Fiscalía y afirman que "quienes deberían sentarse en el banquillo son las empresas y entidades responsables de alimentar la crisis climática"
La Fiscalía solicita a los tres acusados una pena de 18 meses de prisión, una inhabilitacion especial para el derecho al sufragio pasivo (es decir, una prohibición a presentarse a un proceso electoral o a ostentar un cargo público), así como una multa de 8.100 euros en concepto de reparación de los bienes dañados y como indemnización a la delegación del Gobierno en Catalunya. Amnistía Internacional afirma que asistirá al juicio como observadora legal al considerar que "el caso plantea importantes implicaciones para los derechos humanos". La organización ha trasladado su preocupación a la Fiscalía por el hecho de que "las conductas enjuiciadas se encuentran amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica" y, por ello, se reclama al ministerio fiscal "reconsiderar los cargos formulados" y, especialmente, "retirar la petición de penas de prisión" por entender que resulta incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional reclama "retirar la petición de penas de prisión" por entender que "resulta incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos"
Según explica el activista Jaume Osete, de la plataforma 'Rebelión o Extinción', la prueba más clara de la "injusta paradoja" que supone esta causa es que el juicio contra esta protesta clima´tica se celebrará en un verano en que "estamos viviendo las consecuencias más claras de la crisis climática" con una sucesión de olas de calor extremas, miles de muertos por las altas temperaturas, una oleada sin precedentes de incendios devastadores y un escenario en que sabemos que "conforme avance el calentamiento global todo esto irá a peor". "Lo que se debería estar juzgando ahora mismo no son las protestas para denunciar esto sino los responsables de esta crisis, que son los productores de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón", sostiene el activista.
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