El fiscal reclama hasta 17 años de cárcel para una red de tráfico ilegal de cachorros de perros y gatos en Barcelona

"El bienestar animal no era tenido en cuenta en ningún momento, lo que provocaba que los animales solo lograran sobrevivir por mero azar o por un ejercicio extremo de resistencia". Con esta frase describe el fiscal Víctor Castells el presunto maltrato al que eran sometidos cachorros de perros y gatos transportados desde el extranjero en condiciones deficientes para su venta en Barcelona. Las tiendas a las que eran llevados tampoco contaban con las medidas higiénicas y sanitarias mínimas para proteger su salud. En una de las inspecciones realizadas en un establecimiento se localizaron perros con trastornos digestivos, como diarreas agudas, y afecciones respiratorias. La mayoría no recibía tratamiento alguno.

Los seis miembros de esta trama, entre los que figuran empresarios y una veterinaria, se enfrentan a penas que oscilan entre los 5 años y los 17 años y seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, falsedad, estafa, maltrato animal con resultado de muerte, intrusismo y blanqueo de capitales, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La organización fue desarticulada el 20 de septiembre de 2023. En el operativo participaron más de 100 agentes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La red llegó a utilizar un entramado societario con testaferros y personas interpuestas para ocultar su actividad supuestamente ilícita.

Prisión provisional

Una inspección realizada por el Ayuntamiento de Barcelona destapó la trama. Fue el 3 de diciembre de 2020 cuando los técnicos entraron en la tienda de animales Bitxets, situada en la calle de Castillejos de la capital catalana, y constataron infracciones relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y con el estado de salud de los cachorros destinados a la venta. La mayoría presentaba algún tipo de patología, sin que se les hubiera prescrito tratamiento alguno.

Los inspectores también descubrieron irregularidades en la documentación de animales importados de Eslovenia. Existían discrepancias en los datos de sus pasaportes, especialmente en lo relativo a su edad real. Se comprobó que los perros habían sido introducidos en España con una edad inferior a la legalmente establecida para su importación con fines comerciales. Los técnicos decomisaron 35 de los 41 animales que se encontraban en el local. Su responsable, A. E. A. P., ingresó en prisión. Este acusado ya había sido condenado en Valencia por una actuación similar. El consistorio ordenó el cese de la actividad de la tienda.

Transporte de más 20 horas

Sin embargo, los investigadores descubrieron que la red continuaba funcionando, pese al cierre del local, a través de plataformas de internet y de otras sociedades en las que presuntamente participaban A. E. A. P. y otras personas. El transporte de los cachorros se efectuaba por carretera, en furgonetas y durante trayectos de entre 20 y 25 horas. Los animales eran trasladados en jaulas apiladas en distintos niveles, con escasa ventilación e iluminación, ya que los vehículos carecían de ventanas.

El fiscal detalla en su escrito de acusación que cinco de los seis acusados actuaron, al menos entre 2018 y 2023, de "forma coordinada y con reparto de funciones". Su negocio, basado en la importación y venta de cachorros de perros y gatos, "se articulaba como un sistema organizado dirigido a la obtención de beneficio económico mediante la reducción sistemática de costes", en detrimento "del bienestar animal". Para la acusación, estas conductas no eran aisladas, sino que se llevaban a cabo "mediante una estructura empresarial compleja, estable y jerarquizada, integrada por diversas sociedades y establecimientos interrelacionados".

Ese entramado se sustentaba, incide el fiscal, "en una red societaria instrumental formalmente fragmentada, pero materialmente unitaria, en la que distintas empresas operaban de manera coordinada, compartiendo administradores, personas interpuestas, circuitos de aprovisionamiento, canales de distribución y recursos logísticos". Esta configuración, recalca el fiscal, permitía a los acusados "diluir responsabilidades jurídicas" y "asegurarse la continuidad del negocio frente a sanciones o controles administrativos", así como dificultar el seguimiento de los animales y "ocultar el volumen real de las operaciones". Dos de los acusados, además, hacían labores de veterinario sin disponer de titulación académica. La veterinaria de las tiendas también está acusada.

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