La Síndica reclama un cambio en la financiación escolar: "Menos del 10% se reparte según la complejidad y la atención a la diversidad"

La consellera de Educació, Esther Niubó, ha celebrado que los niveles globales de segregación escolar se hayan reducido de forma "sostenida" y que el sistema educativo "empiece a ver" al alumnado invisible. Así lo ha afirmado durante la décima reunión de seguimiento del Pacto contra la segregación escolar, celebrada en el Parlament, donde se ha mostrado convencida de que los acuerdos educativos alcanzados este 2026 permitirán reforzar los recursos destinados a atender la diversidad. La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha valorado positivamente este incremento de la inversión, pero ha advertido de que es necesario un cambio de modelo y una distribución más equitativa de los fondos: "Menos del 10 % se reparte en función de la complejidad de los centros y de la atención a la diversidad", ha alertado.

El informe anual de seguimiento del Pacto contra la segregación escolar, presentado el pasado mes de junio, constató que la segregación escolar continúa disminuyendo en Catalunya. En el caso del alumnado de origen extranjero, los niveles de segregación se habían reducido más de un 30% en primaria y más de un 25 % en secundaria desde el curso 2018-2019. Esther Niubó se ha referido a estos datos y ha celebrado que "los niveles globales de segregación hayan disminuido de manera sostenida" y que la segregación del alumnado extranjero "se haya reducido de manera notable". También ha destacado la reducción de la proporción de municipios con niveles elevados de segregación escolar, ya que el informe señaló que el 68 % de los municipios habían mejorado sus indicadores. "Todas estas son muy buenas noticias y demuestran que, con una mirada estratégica y trabajando conjuntamente, podemos revertir dinámicas que parecían muy arraigadas", ha valorado Niubó.

Distribución y acompañamiento

La consellera ha señalado que todavía existen varios frentes abiertos y ha situado como prioridades continuar mejorando la planificación escolar, ajustar la oferta a las necesidades reales de escolarización y trabajar conjuntamente con el territorio. También ha remarcado la necesidad de seguir mejorando la gestión de la movilidad, con una mayor capacidad de anticipación ante la matrícula sobrevenida, y de reforzar la detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

En este ámbito, Niubó ha destacado que el aumento de la detección de este alumnado, hasta aproximarse a los indicadores habituales de vulnerabilidad socioeconómica, "indica que el sistema empieza a ver a aquellas personas que antes podían permanecer invisibles". Según ha explicado, el objetivo no es únicamente mejorar la distribución del alumnado entre los centros, sino también garantizar que estos dispongan de mejores condiciones para acogerlo y acompañarlo.

Acuerdos educativos y una mejor atención a la diversidad

La consejera ha aprovechado la reunión para referirse a los acuerdos alcanzados este año en materia educativa. En cuanto al acuerdo con las organizaciones titulares de la Escuela de Iniciativa Social, ha asegurado que es relevante porque refuerza las condiciones de corresponsabilidad dentro del Servicio de Educación de Catalunya. "Si queremos que todos los centros sostenidos con fondos públicos se responsabilicen de una escolarización equilibrada, también es necesario que dispongan de los recursos para hacerlo", ha afirmado.

Sobre el acuerdo con algunos de los sindicatos representados en la mesa sectorial, Niubó ha destacado que "permite reforzar la capacidad de atención del sistema con más profesionales, más estabilidad, menos burocracia y más recursos para la gestión de los centros, así como un mayor acompañamiento especializado a los centros que afrontan una complejidad educativa y social más elevada".

Finalmente, ha situado el presupuesto de 2026, aprobado por el Parlament de Catalunya hace pocas semanas, como otra de las herramientas para materializar estos compromisos.

Fin de etapa y necesidad de repensar el sistema

Por su parte, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha reiterado durante la reunión una idea que ya había planteado en la presentación del informe anual de la institución: la Administración pública se encuentra al final de una etapa y necesita repensar su modelo para adaptarse a los nuevos retos sociales, demográficos y tecnológicos de la Catalunya actual. "No se trata de adoptar medidas aisladas. Estamos pensando en una transición profunda —estructural, cultural y de largo alcance— para que la Administración recupere su razón de ser: servir a la ciudadanía", ha manifestado.

En este contexto, ha defendido que el sistema educativo también debe afrontar una revisión profunda, que pasa por repensar las políticas de equidad, la financiación, la formación del profesorado, los sistemas de aprendizaje y la incorporación de la digitalización y las nuevas tecnologías a la gobernanza educativa.

La Síndica ha explicado que el elevado volumen de actuaciones registradas por la institución es un indicador del momento actual. Ha revelado que la Sindicatura ha recibido el mayor número de quejas y actuaciones de oficio desde su creación, con un volumen de 25.000 actuaciones, lo que supone un incremento del 30 % respecto al año anterior.

La mitad de estas quejas, un porcentaje que hasta ahora no se había alcanzado, corresponde al área social. En cuanto a la educación, el incremento de quejas ha sido del 19 % respecto al año anterior, un dato que Giménez-Salinas ha considerado "significativo".

Distribución equitativa de los recursos

En este sentido, ha valorado positivamente que el sistema disponga de más recursos, pero ha advertido de que el aumento presupuestario no siempre se traduce en mejoras percibidas. "Más recursos sin mejoras significativas; esto se ve bastante en la educación y se repite", ha señalado. Según ha defendido, el incremento de fondos solo tiene sentido si permite transformar las condiciones del sistema y dar respuesta a los retos existentes.

Precisamente en esta línea, se ha referido a los acuerdos alcanzados en materia educativa y ha advertido de que esta mejora presupuestaria no se ha aprovechado suficientemente para dar "un salto cualitativo en la equidad de la distribución de los recursos". Según ha remarcado, una parte mayoritaria de la nueva inversión se destina a medidas de carácter general, mientras que sería necesario reforzar especialmente los centros con mayor complejidad y una mayor concentración de alumnado vulnerable.

Así, ha remarcado que menos del 10 % de los recursos públicos se distribuyen en función de la complejidad de los centros y se destinan a la atención a la diversidad, y ha considerado que el modelo de financiación no ha cambiado sustancialmente con los nuevos acuerdos.

Alumnado extranjero

Según ha explicado, la mayor parte de la inversión prevista se destina a mejorar las condiciones salariales del profesorado, incrementar las plantillas y cubrir los gastos de funcionamiento de los centros, independientemente del nivel de complejidad que afronten.

Para Giménez-Salinas, el reto actual consiste en dar respuesta al incremento de las necesidades sociales y educativas derivadas de la transformación sociodemográfica, como la situación del alumnado de origen extranjero, sus necesidades específicas en comparación con el alumnado nacido en el país o el hecho de que se haya duplicado el número de alumnos con necesidades educativas especiales.

En este contexto, ha señalado que, aunque aumentan las dotaciones de personal docente y de atención educativa y se reducen progresivamente las ratios en las aulas, también crecen el malestar docente y la percepción de que los recursos disponibles no son suficientes para afrontar la complejidad actual.

La síndica ha destacado que la diversidad de origen y el aumento de las necesidades educativas especiales suponen un reto añadido para muchos docentes, que perciben que la situación puede llegar a ser desbordante pese al esfuerzo y al compromiso del personal educativo. También ha apuntado que existe "una sensación de que esta tarea no está suficientemente valorada socialmente".

Finalmente, ha situado la temporalidad y la interinidad como otro de los obstáculos del sistema, ya que el cambio permanente de profesionales y la falta de estabilidad en los centros educativos dificultan la consolidación de los equipos y la respuesta a los retos existentes.

Nuevas adendas

Durante la reunión de este lunes también se ha formalizado la ampliación del Pacto contra la segregación escolar con la incorporación de los departamentos de Drets Socials; Territori, Vevenda i Transició Ecològica; e Igualtat i Feminisme.

Niubó ha asegurado que esta ampliación responde a una manera de gobernar centrada en los retos reales de la ciudadanía, más allá de las divisiones administrativas. "Las desigualdades no tienen departamentos y nosotros tampoco podemos tenerlos", ha afirmado, defendiendo la necesidad de reforzar el trabajo transversal entre ámbitos.

En este marco, se han presentado dos nuevas adendas al Pacto: una para abordar el impacto de la segregación residencial sobre la escolarización y otra para prevenir situaciones de segregación y desigualdad dentro de los propios centros educativos.

Según Niubó, el Pacto entra en una nueva etapa porque "el contexto cambia, los retos evolucionan y, cuando una política pública da resultados, también nos permite ver dónde se puede seguir avanzando". La consellera ha recordado que en los últimos años se han reforzado instrumentos clave como la planificación escolar, la admisión, la escolarización equilibrada y la financiación, pero ha señalado que ahora es necesario ampliar la mirada y actuar también dentro de los centros y más allá de ellos.

Segregación residencial

En cuanto a la primera adenda, centrada en las desigualdades dentro de los centros educativos, Niubó ha destacado que la escolarización equilibrada debe ir acompañada de una vida escolar realmente inclusiva. En este sentido, ha defendido una perspectiva antirracista que permita identificar prácticas, expectativas y dinámicas que pueden generar desigualdades, y ha remarcado la necesidad de que los centros sean espacios seguros para todo el alumnado. Ha mencionado medidas como la educación inclusiva, la acogida y el apoyo socioeducativo, que se desplegarán a partir de septiembre. «No basta con que el alumnado comparta centro; es necesario que comparta oportunidades, reconocimiento y expectativas de éxito», ha afirmado. Según ha añadido, el objetivo es que los alumnos puedan aprender y convivir en condiciones de igualdad.

La segunda adenda amplía la mirada más allá de la escuela y se centra en el impacto de la segregación residencial, vinculada a factores como las dificultades de acceso a la vivienda, la configuración urbana, los equipamientos y la vida comunitaria. Niubó ha advertido de que estos elementos tienen efectos sobre los centros educativos, las oportunidades educativas y las trayectorias vitales de las personas.

Según la consellera, comprender esta realidad permite evitar simplificaciones y orientar mejor las respuestas, ya que una política educativa de equidad también necesita políticas sociales, de vivienda, de igualdad y comunitarias.