Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delito ecológico

Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia

Entre los restos había residuos peligrosos como hidrocarburos o metales pesados

El Seprona acusa al vertedero de Osona de encubrir vertidos contaminantes en terrenos agrícolas

Desarticulan una red que enterró 46.000 toneladas de residuos ilegales en Catalunya

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Europol y la Gendarmería francesa ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos. Hay cuatro detenidos acusados de introducir en Catalunya más de 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia que luego enterraban en Catalunya, principalmente en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

La investigación comenzó en el año 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona. Posteriormente, los agentes detectaron la entrada de residuos de gestores ubicados en Francia.

Según la investigación, una organización criminal asentada en la provincia de Barcelona utilizaba documentación falsa para introducir en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia bajo denominaciones como “producto” o “tierras” para enterrarlos en España y sin adoptar ningún tipo de medida de seguridad para proteger el medio ambiente.

Con la documentación falsa los investigados evitaban los controles asociados al traslado internacional de residuos y eludían el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española. Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más elevada. La Guardia Civil señala que el daño medioambiental y el posible fraude relativo al canon se encuentran pendientes de valoración.

Una vez en España, los residuos eran vertidos de forma irregular y sin adoptar las obligatorias medidas de seguridad, generando un riesgo para el medio ambiente y las personas. Parte de los residuos eran enterrados de forma clandestina en suelos agrícolas situados principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) y otra parte era enviada a cuatro vertederos de residuos inertes y tres vertederos de residuos no peligrosos, donde los materiales, plásticos, maderas o envases, eran mezclados con tierra.

Residuos peligrosos

Las analíticas oficiales practicadas durante la investigación confirmaron que parte de los componentes vertidos con estos residuos industriales y municipales contenían residuos peligrosos. En concreto, se detectó la presencia de hidrocarburos y metales pesados, productos con capacidad de generar un daño medioambiental y que son tóxicos para las personas. De hecho, un informe técnico que será solicitado a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) valorará el riesgo generado por este grupo criminal sobre la población, los cultivos y las aguas subterráneas.

Por otro lado, la Guardia Civil alertó a la Agència de Residus de Catalunya y al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires y se trabaja para el control, precinto o descontaminación en las zonas afectadas.

Registros en domicilios

Los días 23 y 24 de junio, un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol participaron en una operación en el sureste de Francia y Catalunya para desarticular esta banda. Se realizaron tres registros en domicilios y empresas situadas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y uno en un domicilio en la provincia de Girona. Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores, cuyo análisis permitirá determinar el alcance real de la actividad investigada.

Además, la Guardia Civil detuvo a dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y a dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana. A uno de los detenidos se le atribuye el rol de presunto líder y administrador, funciones de gestión y control económico-documental, así como intermediación en los traslados y vertidos. Asimismo, la investigación alcanza a varias empresas y personas físicas vinculadas con la actividad investigada.

A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Sección de Instrucción Plaza número 6 de los Tribunales de Instancia de Martorell se encarga de esta operación que sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones una vez analizada la documentación, los dispositivos electrónicos y el resto de efectos intervenidos.

Ayuntamiento acusa

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires informó que se presentará como acusación particular en el procedimiento judicial. Han remarcado que detectaron "actuaciones irregulares" vinculadas a movimientos de tierras autorizados para finca rústica y a vertidos de tierras "no autorizados" en otro terreno. El consistorio asegura que abrió los expedientes correspondientes a los titulares de la licencia y propietarios de las fincas y que informó tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Instancia número 2 de Martorell por presunto delito urbanístico y medioambiental.

Los expedientes se abrieron por "protección de la legalidad urbanística para restaurar la situación alterada" y "sin conocimiento de vertidos de residuos", que no se había comunicado, añade el ayuntamiento. El pleno aprobó incoar un expediente sancionador "por vertidos de tierras y abatimiento de árboles", con una propuesta de multa de 814.900 euros.

El ayuntamiento también ha requerido al inquilino de los terrenos "la obligación de restituir su estado anterior". Paralelamente, el consistorio ha contratado a una empresa especializada para que haga una valoración de los daños ocasionados. También trabaja con la Guardia Civil y con la Agencia de Residuos de Catalunya para "estudiar las posibles medidas de control, prevención o descontaminación de las zonas afectadas".

Suscríbete para seguir leyendo