Las bajas penas para el tráfico ilegal de relojes robados impiden la persecución de las bandas internacionales

La persecución de la compra y venta de relojes de lujo robados es uno de los principales retos a los que se enfrentan los grupos policiales especializados en este delito, sobre todo cuando estos objetos acaban saliendo del país. La justicia, por su parte, tiene dificultades para lograr una condena porque la ley exige probar que el acusado sabía, o debía saber, que el reloj había sido sustraído. Además, según un informe elaborado por el abogado penalista Emilio Zegrí para Foment del Treball, la baja pena a la que se enfrenta el receptador “hace prácticamente inviable la persecución internacional del comercio de objetos robados en España”, ya que la mayoría de los tratados de extradición requieren la comisión de delitos penados “con más intensidad”.

El delito de receptación está recogido en los artículos 298, 299 y 300 del Código Penal y tiene aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque puede aumentar a tres en determinados supuestos agravados, como en el caso de los relojes de lujo si tienen un valor económico importante. El dictamen de Emilio Zegrí, cuyas conclusiones asume Foment, sostiene que esa pena “parece insuficiente” y también “incongruente” en comparación con otros delitos, por lo que propone la modificación de la ley para aumentarla. Para el abogado, este incremento “tendría la ventaja de facilitar la extradición y la cooperación de cuerpos policiales internacionales”.

La receptación, por la “exigua” condena que comporta, queda excluida casi siempre de los procesos de extradición, lo que favorece, “por la impunidad”, la reventa de objetos robados en España, entre ellos relojes de lujo, según el informe. “Parece lógico establecer medidas que dificulten la viabilidad de este mercado secundario”, subraya el abogado. El incremento de la pena, indica el dictamen, ayudaría a la persecución de este delito y a “la investigación internacional” y, de esta manera, “se dificultaría la rentabilidad” económica que comporta la comisión de estos delitos en España.

"Turismo delicuencial"

El informe destaca que en Barcelona se da el “turismo delincuencial” propiciado por organizaciones internacionales dedicadas profesionalmente a hurtos y robos. Estas bandas distribuyen a sus miembros por las capitales de Europa en función de la facilidad y las opciones que encuentran en cada país para cometer los robos. Así, existen grupos especializados en la sustracción de relojes de lujo y sus miembros comparten una misma nacionalidad. En este sentido, el dictamen señala que la organización se extiende por diferentes países, separando, por ejemplo, el robo en España, de la receptación y la introducción de los objetos sustraídos en otro Estado.

Otro de los aspectos importantes para luchar contra la receptación es el impulso de la cooperación entre policías y el mantenimiento de los grupos creados para investigar la receptación de objetos robados, así como el aumento de la dotación policial. El informe de Foment pone como ejemplo el Grupo Titani de los Mossos, especializado en la sustracción de relojes, que “con el tiempo ha desarrollado un conocimiento profundo de este tipo de delincuencia”.

Celeridad

Según explica Zegrí a este diario, también es relevante que la policía pueda conseguir pruebas que faciliten que la fiscalía pueda vincular a los autores de los robos de relojes con grupos o bandas organizadas, lo que permite solicitar una condena mayor para los ladrones y receptadores. El letrado apunta, además, que se debería incluir, tal como se ha previsto en la última reforma de la multirreincidencia, la imposición de otras medidas, como la prohibición de acudir a determinados lugares con comercios y hoteles. Si este veto se quebrantara, a su autor se le imputaría otro delito.

Eso sí, advierte este letrado, los juicios por sustracción de relojes de lujo deberían celebrarse lo antes posible. En su opinión, los plazos para delitos flagrantes (detectados en el momento en el que se perpetran) de estas características “se incumplen de forma sistemática por la carencia de medios humanos y materiales de la Administración de Justicia”. Otra de sus propuestas sería la creación de un registro de causas penales pendientes. Con estas medidas, precisa Zegrí, “no se quiere establecer un orden represivo exacerbado, sino lanzar un mensaje de prevención general que haga llegar a las bandas y grupos organizados que campan por nuestras ciudades que habrá una reacción seria y contundente ante este tipo de conductas”.

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