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Informe de la Síndica

Las familias catalanas pagan cada año hasta mil euros en la escuela pública y 4.000 en la concertada por falta de financiación escolar

Según un estudio de la Síndica, la infrafinanciación escolar deja una factura de 944 millones que asumen los hogares, a pesar de que el déficit se ha reducido en 81 millones desde 2019

La inflación y el aumento de la detección de alumnos con necesidades específicas explican la persistencia del déficit de financiación pública a pesar del incremento en la inversión pública

La síndica insta a las escuelas a combatir la segregación también desde las aulas

Manifestación de familias pidiendo más inversión en educación, este junio en Barcelona.

Manifestación de familias pidiendo más inversión en educación, este junio en Barcelona. / MANU MITRU

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Helena López

Helena López

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La gratuidad real de la escuela sigue siendo una asignatura pendiente en Catalunya. Pese al aumento de la inversión, el sistema educativo arrastra todavía una infrafinanciación de 944 millones. Así lo constata el último informe del Síndic de Greuges, que confirma que la brecha entre lo que aporta la administración y lo que realmente cuesta escolarizar a un alumno acaba trasladándose a las familias, que no solo pagan comedor, actividades, material, salidas y colonias [si es que siguen haciéndose el curso que viene], sino también cuotas para sostener el día a día de los centros. El informe 'Estimación del coste de la plaza escolar en Catalunya', elaborado en el marco del Pacto contra la Segregación Escolar y presentado este miércoles, pone números –y un sinfín de ejemplos– sobre cómo la infrafinanciación de la escuela catalana sigue teniendo una consecuencia directa en las economías familiares tanto en el alumnado de la escuela pública como en el de la privada-concertada.

El gasto medio anual en comedor escolar por niño es de 1.160,9 euros en la escuela pública y de 1.571 en la privada-concertada

El documento cifra la infrafinanciación total de la plaza escolar en 429,9 millones en el sector público y 514,2 millones en el concertado. Aunque el déficit se ha reducido en 81,2 millones desde 2019, la financiación pública continúa por debajo tanto del gasto real de los centros como del coste teórico necesario para garantizar la gratuidad efectiva, que sigue siendo una ilusión. El copago familiar sigue muy presente, especialmente en la escuela concertada, donde la dependencia de las aportaciones privadas es elevada. Mientras que en el sector público las familias pagan de media 948,5 euros en primaria y 573,7 euros en la ESO, en la concertada la cifra se dispara hasta los 3.810,4 euros en primaria y los 3.965,5 euros en secundaria.

"Servicios complementarios"

Aunque buena parte de ese gasto familiar se destina a financiar actividades y servicios considerados "complementarios", como el comedor, las salidas escolares, las colonias, las horas adicionales [la llamada "sexta hora" en la concertada] o el material, el informe también señala que las cuotas sirven para cubrir otros conceptos que la financiación pública no alcanza a sufragar del todo: entre ellos, gastos de funcionamiento del centro y determinados "servicios" asociados al proyecto educativo.

En primaria, el alumnado identificado por razones socioeconómicas ha crecido un 258,7%, lo que exige muchos más recursos que no siempre han llegado en la misma proporción

Entre esos servicios "complementarios" figuran gastos que no forman parte estrictamente de las enseñanzas regladas, pero que en la práctica se han convertido en habituales en la escolarización. Es el caso de las salidas y colonias escolares –actividad que el curso que viene pende de un hilo–, el material escolar, los libros de texto o las licencias digitales. También entra en este bloque el comedor escolar, que no solo incluye la comida, sino también el servicio de monitores (la custodia de los niños durante el tiempo de mediodía, considerado no lectivo y que corre, así, a cargo de las familias).

Cuotas que segregan

El informe señala que el coste para las familias de la escuela concertada es mucho más elevado –alrededor de 3.000 euros más al año–, en parte por la propia oferta de actividades. Los centros concertados suelen ofrecer un horario más amplio de atención directa, con actividades complementarias de pago.

El informe advierte, además, de que esta situación afecta de forma desigual al alumnado vulnerable escolarizado en centros concertados, cuya presencia ha aumentado en los últimos años como resultado del Pacto contra la Segregación Escolar. Para estas familias, cubrir la parte no financiada mediante cuotas resulta mucho más difícil, lo que pone en cuestión la equidad del sistema.

Los centros con familias con mayor capacidad económica pueden reforzar su proyecto educativo con más actividades, mejores servicios o recursos adicionales, desde potentes bibliotecas escolares hasta más apoyo fuera del horario lectivo

El Síndic identifica varios factores que explican por qué el incremento presupuestario no ha logrado eliminar el copago. Uno de ellos es la inflación pospandemia: el IPC aumentó un 14,8 % entre 2019 y 2023, por lo que absorbió buena parte de los nuevos recursos, especialmente en salarios. A ello se suma la gestión del descenso demográfico, ya que se ha optado por reducir ratios en lugar de cerrar grupos, lo que eleva el coste por alumno. Otro factor que ha influido es el aumento en la detección de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: en primaria, el alumnado identificado por razones socioeconómicas ha crecido un 258,7%, lo que exige muchos más recursos que no siempre han llegado en la misma proporción (una de las grandes quejas durante las manifestaciones del sector educativo que han marcado el curso que acabamos de dejar atrás).

Impacto en la segregación escolar

El documento subraya que la insuficiencia de financiación pública no es solo un problema contable, sino también una fuente de desigualdad. Los centros con familias con mayor capacidad económica pueden reforzar su proyecto educativo con más actividades, mejores servicios o recursos adicionales, desde bibliotecas escolares más potentes hasta mayor apoyo fuera del horario lectivo. En cambio, los centros con familias con menos margen económico tienen más dificultades para sostener este tipo de mejoras. Precisamente, uno de los objetivos del Pacto contra la Segregación Escolar es alcanzar una financiación pública suficiente para garantizar la gratuidad real y evitar que las cuotas familiares se conviertan en un factor de selección del alumnado.

El coste del comedor en la privada-concertada es más elevado porque incluye gastos indirectos que la pública no traslada a las familias

El comedor es uno de los ejemplos más claros de estas diferencias. El estudio de la Síndica constata que su coste varía de forma significativa según la titularidad del centro y su complejidad socioeconómica. En la privada-concertada, el precio medio del servicio es notablemente superior al de la pública. Mientras que en los centros públicos el menú diario en primaria se sitúa en torno a los 6,6 euros, en los concertados alcanza los 9 euros. En términos anuales, el coste por alumno usuario es de 1.160,9 euros en el sector público frente a 1.571 euros en el privado-concertado.

Dentro de la propia red concertada también hay diferencias. Los centros de menor complejidad, donde se concentran familias con mayor capacidad económica, presentan los precios más elevados, mientras que los de mayor complejidad presentan cuotas más bajas, aunque ello no elimina las dificultades de acceso para muchas familias. Aun así, el mayor coste del comedor en la concertada no se explica únicamente por el servicio de comida. El informe señala que también entran en juego gastos indirectos como suministros, limpieza, mantenimiento o conserjería, que en la escuela pública suelen asumir la administración o los ayuntamientos.

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