Entrevista
Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: "Catalunya recibirá 1.630 millones más para dependencia y podrá reducir la lista de espera a la mitad"
La número dos del ministerio que dirige Pablo Bustinduy asegura que las residencias avanzarán hacia un modelo "más hogareño y personalizado" en el que se respeten mejor los ritmos de las personas y la relación con las cuidadoras sea cercana
Estos son los cambios que trae consigo la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, en su despacho ministerial. / Clara Rodríguez

A finales de junio, el Consejo de Ministros aprobó un decreto con una partida extra de 2.218 millones de euros en 2026 para el sistema de dependencia. Si se suma la cantidad para 2027, la cifra asciende a una inversión total extra de 6.200 millones. “Con esta inyección, España subirá casi dos décimas el porcentaje de PIB [destinado a los cuidados] y se acercará al 1%. La media de la OCDE está en el 1,8%”, afirma la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que confía en que los grupos parlamentarios apoyen en breve la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad en el Congreso de los Diputados.
-¿La dependencia ocupa ahora el lugar que merece, políticamente hablando?
-Diría que sí, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino como exigencia ciudadana. El real decreto que aprobó el Gobierno es una inyección de financiación, pero, además, también estamos impulsando el cambio de modelo. Han cambiado las expectativas y los deseos de las familias. Las personas que envejecen tienen otros planes para su última etapa vital. Todo eso hay que actualizarlo, de ahí la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.
-¿En qué se traducirán esos 6.200 millones de euros aprobados? ¿Cómo llegará ese dinero a la gente?
-Esta inyección económica pone a disposición de las comunidades más recursos. Es decir, se podrá incluir en el sistema a más personas, y hacerlo más rápido, para darles una prestación o para ampliar la cartera de servicios, reforzar la ayuda a domicilio, concertar más plazas residenciales… La dependencia tiene tres ejes que el presupuesto tiene que cubrir. Uno es llegar al mayor número de gente posible. Es decir, las listas de espera. Otro es dar el mejor cuidado posible a las personas que ya están en el sistema, eso se traduce en más horas de ayuda a domicilio, mejores prestaciones y unos cuidados más personalizados. El tercer eje son las condiciones laborales de las profesionales que cuidan.
-¿Van a ganar más las cuidadoras profesionales?
-Las comunidades, que tienen la competencia en la distribución y gestión de los fondos otorgados por el Estado, van a tener el doble de recursos. Mejorar el sistema es atender a más personas y atenderlas mejor. Pero también que las profesionales cobren más, es de justicia.
"Catalunya, entre lo que queda de 2026 y hasta finales de 2027, recibirá 1.630 millones más, no hay en la historia reciente una inversión tan extraordinaria en ningún otro sistema de protección social"
-De esa cantidad global, ¿qué partida irá destinada a Catalunya?
-Según nuestras estimaciones, Catalunya, entre lo que queda de 2026 y hasta finales de 2027, recibirá 1.630 millones más. Supone un 82% más de lo que recibió en 2025. No hay en la historia reciente una inversión tan extraordinaria en ningún otro sistema de protección social. Con esta inyección, Catalunya podrá reducir su lista de espera a la mitad. Sumado al ‘plan Cura’ de la Generalitat, la dependencia en Catalunya va a cambiar radicalmente a lo largo de 2027.
-¿Hablaría usted de un antes y un después?
-Sin duda. Esta inyección de dinero y la reforma de las leyes suponen una refundación del sistema de la dependencia. Estamos poniendo las bases para que el sistema se adapte a los retos que tenemos por delante: creciente necesidad, cómo atraer más profesionales al sector y demanda de la sociedad de apoyos más personalizados en lugar de macroresidencias.
-Ya hay proyectos piloto para cambiar el modelo de las macroresidencias.
-Es algo que hicimos gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por ejemplo, las unidades convivenciales de Guipúzcoa, en colaboración con la Fundación Matia. Es el ejemplo de cómo puede cambiar una residencia. En lugar de la fórmula habitual -levanto a una persona, la ducho, le doy de comer- se pasa a una organización más hogareña y personalizada, en la que las personas tienen sus ritmos y participan en las actividades diarias. No hablamos de salones de 150 personas sino unidades convivenciales de 10 o 12. Es una escala mucho más humana donde la relación con las cuidadoras es más cercana.
-¿Qué otras iniciativas hay, además de las residencias?
-Las viviendas con apoyo para personas con discapacidad, por ejemplo. Muchas veces pensamos que la dependencia y el fomento de la autonomía es un ámbito exclusivo de las personas mayores. Pero las personas con discapacidad necesitan también esos apoyos desde su juventud. La lógica del sistema actual impide que una persona joven pueda hacer su proyecto de vida porque no somos capaces de personalizar los apoyos a sus necesidades concretas. Con los proyectos piloto, hemos demostrado que eso es posible. Hablo de viviendas con apoyos en las que conviven seis u ocho personas. Viven en su piso, trabajan, estudian, participan en las actividades del barrio… Todo esto lo habilita la reforma legal que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados y es para lo que este dinero tiene que servir también.
"Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que la discapacidad y la dependencia sean temas que trasciendan la batalla política, estamos en un momento histórico"
-El Gobierno atraviesa tiempos convulsos y los tiempos parlamentarios son largos. ¿Dará tiempo a aprobar las leyes de dependencia y discapacidad?
-La reforma está en tramitación final. Este jueves se vota en comisión y después irá al pleno, donde esperamos que se apruebe. Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que la discapacidad y la dependencia sean temas que trasciendan la batalla política. Estamos en un momento histórico. El sistema de la dependencia, que cumplirá 20 años en diciembre, necesita no solo actualizarse sino encarar los nuevos desafíos.
-¿Conseguirán los apoyos parlamentarios?
-La negociación está abierta, pero somos optimistas. Me gustaría que la reforma tuviera el mayor consenso posible, es una ley de país que se tendrá que aplicar en las comunidades, gobierne quien gobierne.
-¿El nuevo modelo de cuidados se basará en la colaboración público-privada?
-El sistema de la dependencia se construyó, desde el principio, con un fuerte componente de colaboración público-privada. Pero la Administración es responsable de asegurar que los servicios que se prestan en un centro concertado o mediante las licitaciones de servicios, como el de ayuda a domicilio, cumplen con los estándares de calidad. Lo mismo ocurre con las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales.
“Los cuidados eran antes una cuestión de las mujeres, ahora exigimos a las instituciones que nos garanticen ese derecho”
-Las personas sanas suelen pensar que, para ellas, la dependencia es ajena. Pero todos podemos ser dependientes.
-Todas las personas necesitamos cuidados y apoyos en algún momento de nuestra vida. Cuando nacemos, por ejemplo. Somos dependientes e interdependientes, sujetos de cuidados. Yo no cuestiono la inversión en sanidad cuando estoy sana. Verlo lo como un sistema de protección para toda la población, con independencia de tus circunstancias, es la clave para entender que no son políticas para otros sino que nosotros también somos destinatarios.
-¿Considera que los cuidados han salido, por fin, de la esfera privada?
-Para este Gobierno es una prioridad que sean parte de la agenda pública. La sociedad tiene ahora una exigencia mayor de lo que tenía hace 15 años. Ha habido un cambio de mentalidad. Antes era una cuestión privada y las mujeres nos lo echábamos a la espalda. Ahora exigimos que las instituciones públicas nos garanticen el derecho a ser cuidado.
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