Desvío de fondos, comercialización de muestras humanas y acoso laboral: claves de la denuncia contra el Institut Josep Carreras

El 25 de noviembre de 2024, dos trabajadoras del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) —la exgerente y la excoordinadora económica— presentaron una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que detalla cronológicamente y a lo largo de 208 páginas una serie de presuntas irregularidades detectadas, así como presuntas prácticas de acoso laboral, dentro de este prestigioso centro de investigación.

El IJC es un centro de investigación público, pionero en el mundo y creado mano a mano por la Fundació Privada Josep Carreras y la Generalitat de Catalunya. De sus 13 patronos, tres son de la fundación y el resto, de la Generalitat. Mientras que la fundación recoge fondos, el Institut se dedica a investigar la leucemia y otras enfermedades hematológicas malignas. Antifrau comunicó en octubre del año pasado el caso a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Conselleria de Justícia por si creía oportuno abrir una inspección, cosa que aún no ha sucedido.

Las seis trabajadoras que pusieron foco en las irregularidades fueron despedidas del IJC, mientras que Esteller se recolocó en Sant Pau

La denuncia ante Antifrau contra el IJC y algunos de sus trabajadores —entre ellos, el entonces director, el oncólogo Manel Esteller, y el presidente de la entidad a la vez que médico de la familia Carreras, Evarist Feliu— recoge hechos ocurridos desde septiembre de 2023, cuando el IJC se encontraba bajo la dirección de Esteller. A raíz de una auditoría externa de KPMG, encargada por la Fundación Privada Josep Carreras, que demostró desvío de fondos e irregularidades, Esteller abandonó el centro en noviembre de 2025 y ese mismo mes fichó por el Institut de Recerca de Sant Pau.

Paralelamente, las seis trabajadoras del Institut Josep Carreras —las dos denunciantes y otras cuatro que habrían aportado informes o documentación sobre estas presuntas posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos— fueron despedidas entre enero y junio de 2025. El centro alegó motivos económicos.

Estos son los principales puntos sobre los que pone el foco la denuncia presentada ante Antifrau, documentada con correos electrónicos, informes y conversaciones telefónicas grabadas por las denunciantes como elementos probatorios.

Según los informes presentados por las denunciantes y como también confirmó la auditoría de KPMG, hubo un presunto desvío de fondos estructurales desde las plataformas tecnológicas hacia el Grupo de Epigenética del Cáncer, del que era jefe el doctor Esteller.

Las plataformas tecnológicas son unidades especializadas que ponen a disposición de los grupos de investigación equipos, técnicas y personal experto para hacer análisis complejos. Las plataformas más afectadas habrían sido las unidades de Genómica —que mostró una pérdida de 145.000 euros en 2023 y que supuso la primera irregularidad detectada por las denunciantes—, la de Single Cell —300.000 euros menos— y la de Proteómica —240.000 euros menos—. Esta última estaba financiada con recursos públicos competitivos, que son fondos de origen público —del Estado, la Generalitat, la Unión Europea, etcétera— que se conceden mediante convocatorias públicas, es decir, para las que hay que presentar un proyecto.

"La ayuda Severo Ochoa era una financiación competitiva institucional destinada a beneficiar a todo el Institut, y no a un grupo concreto", recoge la demanda

Otro ejemplo: en abril de 2024, siempre según la denuncia, el doctor Esteller asumió el rol de investigador principal del instituto en un proyecto, financiado por La Caixa, que había sido impulsado por otro trabajador, el jefe del Grupo de Síndromes Mielodisplásicos (SMD). Eso afectó a la distribución del presupuesto de 400.000 euros y el grupo de SMD recibió una asignación menor, además de ver cómo se reducían los recursos para un técnico que ya había sido asignado al grupo.

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia se refiere al programa Severo Ochoa, el sello de excelencia con el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconoce y financia a los centros de investigación más competitivos del país. Gracias a esta acreditación, el IJC obtuvo una financiación superior a los cuatro millones de euros para el periodo de vigencia del programa. Según la denuncia, el doctor Esteller habría intentado redirigir para su propio grupo parte de esos fondos, entre ellos una partida de 781.000 euros, pese a que "la ayuda Severo Ochoa era una financiación competitiva institucional destinada a beneficiar a todo el Institut, y no a un grupo concreto, y que el doctor Esteller no había contribuido en la solicitud", recoge la denuncia.

La denuncia asegura que, si bien el Institut está centrado en leucemias y cánceres hematológicos, la misión del mismo ha ido derivando hacia finalidades personales de Esteller y, concretamente, hacia proyectos sobre envejecimiento y la promoción de productos cosméticos, como sérums antiedad. El propio Patronato de la Fundació Josep Carreras presentó, en octubre de 2024, un informe que envidenciaba la desviación en los proyectos de investigación financiados por la fundación privada desde que Esteller ocupaba el cargo. Según este informe, solo un 48% de la investigación básica y trasnacional financiada estaba alineada con la misión fundacional del IJC.

La demanda asegura que la misión del IJC fue presuntamente derivando hacia finalidades personales de Esteller y, concretamente, hacia proyectos sobre envejecimiento

La denuncia recoge que, en paralelo, las tensiones entre la propia fundación y el oncólogo, que "no quería justificar científicamente sus acciones", fueron cada vez creciendo más. El malestar entre ambas partes habría comenzado en 2019, con la llegada de Esteller al centro, pero se disparó a partir de 2023.

Con el tiempo la fundación intensificó sus requerimientos de transparencia, ante lo que consideraba "decisiones presupuestarias opacas". La denuncia también incluye presuntas "autoevaluaciones irregulares" por parte del director, "orientadas a consolidar un poder jerárquico sin control ni fiscalización institucional". El propio IJC llegó a plantear la necesidad de buscar una mediación a través del Protectorat.

La denuncia hace alusión a un proyecto, denominado 'Lymphosolutions', impulsado por Esteller y cuya finalidad era crear una 'spin-off' destinada a comercializar líneas celulares de enfermedades minoritarias. Sin embargo, los dictámenes jurídicos de diferentes comités éticos hospitalarios concluyeron, unánimemente, que la comercialización de muestras biológicas no era legal.

Las trabajadoras que advirtieron sobre los riesgos jurídicos asociados a este proyecto comenzaron a sufrir, según la denuncia, una "exclusión sistemática" de toda la actividad relacionada con la dirección del IJC. Las trabajadoras también aseguran haber sufrido presuntas presiones para validar este proyecto que contravenía la legalidad vigente.

Las denunciantes aseguran que, por haberse negado a encubrir prácticas irregulares, han acabado por sufrir una campaña de "descrédito", "acoso" y "aislamiento", en el seno del IJC. Las trabajadoras despedidas siguen recibiendo, a día de hoy, apoyo psiquiátrico y psicológico a consecuencia de la "extrema presión" de lo vivido.

Tras una alerta del comité de empresa se inició una investigación interna que acabó concluyendo que se había atentado contra la dignidad e integridad de la entonces gerente. El informe también recomendó auditar los protocolos de decisión y seguir las posibles irregularidades detectadas en el funcionamiento y financiación de las plataformas del IJC.

El caso ya ha tenido también derivada administrativa: la Conselleria d'Empresa i Treball confirmó dos sanciones al IJC, una por lesión del derecho a la dignidad e integridad de la exgerente y otra por no planificar adecuadamente la prevención de riesgos psicosociales detectados.

Preguntado por EL PERIÓDICO, el doctor Esteller afirma "no tener constancia" de esta denuncia y ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, fuentes del Institut Josep Carreras reconocen que el centro, en octubre de 2024, encargó "un procedimiento de análisis forense" que "verificó" que los fondos del IJC "se destinaron exclusivamente a las finalidades de investigación científica" del centro. Estas fuentes no confirman ni desmienten las acusaciones que la denuncia recoge contra Esteller, pero se limitan a decir que este "renunció" al cargo de director en 2024. Aseguran también que, en junio de 2025, el IJC inició una "reorganización interna" y eluden así pronunciarse sobre los "procedimientos judiciales relativos a los despidos", ya que se trata de "información confidencial".

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